Un avión fletado por CoreCivic, la principal empresa carcelaria de Estados Unidos, llegaría a Puerto Rico en las próximas semanas para transportar a un grupo de confinados que llegarán al aeropuerto escoltados por personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, luego de que esa agencia le adjudicara a la compañía un contrato de más de $10 millones el 31 de julio.
Antes de abordar, los confinados pasarán por un “proceso de seguridad y chequeo médico”. Luego viajarán hasta su nuevo destino: La Palma Correctional Center en Arizona.
CoreCivic haría varios viajes a través de su propia línea aérea, TransCor, hasta que el DCR haya logrado su meta de sacar a los primeros 1,200 confinados de las cárceles de Puerto Rico para ubicarlos en esa cárcel privada de Arizona. Los detalles de la transportación, se desprenden de la propuesta de CoreCivic al DCR.
Aunque todavía no se han dado orientaciones a los presos de Puerto Rico sobre esta cárcel de Arizona, “para el 15 de agosto pudiéramos estar hablando ya de los primeros confinados que se estén montando en un avión”, dijo Erik Rolón, secretario del DCR, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
El secretario de Corrección dijo al CPI que el proceso de orientación a los confinados sobre los servicios que tendrían en la cárcel de Arizona comenzaría este lunes 6 de agosto. Pero este lunes las orientaciones no habían comenzado, confirmó al CPI Héctor Pérez, relacionista público de Corrección. Si los planes del DCR se dan como los proyecta el Secretario, quien espera que el 15 de agosto salga el primer vuelo, los confinados tendrían menos de una semana entre la fecha de orientación y la de traslado.
La Palma Correctional Center en Arizona es la cárcel que propuso CoreCivic para trasladar a confinados de la isla que participen en la primera fase del programa Out State que impulsa la administración del gobernador Ricardo Rosselló como presunta medida de ahorro. El objetivo es reubicar en cárceles privadas de Estados Unidos durante los próximos cinco años a un total de 3,200 confinados de forma escalonada, que son el 30 por ciento del total de los reclusos de Corrección.
El lunes 30 de julio, la Junta de Subastas del DCR tuvo una reunión con funcionarios de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en la que adjudicaron el contrato a la única empresa que estaba compitiendo por él.
Cuando el CPI preguntó a CoreCivic si aceptaría el contrato adjudicado por Corrección, Amanda Gilchrist, portavoz de la compañía, respondió que: “El proceso de solicitud de propuestas todavía está en curso y por respeto a ese proceso, no vamos a ofrecer detalles de ninguna propuesta sometida”.
En la propuesta que sometió CoreCivic al DCR en mayo, la tarifa por confinado (per diem) sería de $63 y $67 diarios. La AAFAF solicitó al DCR que negociara bajar la tarifa a entre $55 y $59. “Sin embargo [en el contrato adjudicado] se mantuvo más o menos el mismo per diem”, dijo al CPI el secretario de Corrección.
“Adicional a eso, esto es un contrato que probablemente sobrepase los $10 millones, eso obliga a que el mismo tiene que ser evaluado y aprobado por la Junta de Control Fiscal. Así que todavía quedan unos pasos adicionales”, añadió Rolón.
El CPI preguntó a la Junta de Control Fiscal y a AAFAF si el contrato será aprobado a pesar de que Corrección no logró bajar el precio por confinados que propuso CoreCivic. La Junta envió expresiones escritas indicando que “no ha recibido documentación sobre este contrato para ser evaluado”, pero no contestó la pregunta del CPI.
AAFAF tampoco las contestó. “El proceso de negociación en el caso de DCR no ha culminado por lo cual no podemos comentar sobre el mismo. La AAFAF, en su rol de asesor financiero, ha estado apoyando al DCR en este proceso”, dijo Christian Sobrino, director de AAFAF, en declaraciones escritas.
Desde que el DCR anunció a principios de año el plan de trasladar al 30% de su población penal a cárceles privadas de Estados Unidos en cinco años, varias organizaciones que defienden los derechos de los confinados presentaron sus preocupaciones con la medida y se opusieron. En abril, más de 50 abogadas y abogados, académicos y miembros de organizaciones internacionales firmaron una declaración en oposición al traslado de confinados a Estados Unidos.
“Nuestra preocupación principal es que todavía no ha sido un proceso de total transparencia en cuanto a qué confinados finalmente van a ser trasladados. ¿Y cuál ha sido ese proceso de voluntariedad que se la ha exigido a esos confinados? Porque por ejemplo, ya si es para el 15 de agosto que salga el primer vuelo, esos 1,200 confinados ¿tienen procesos en los tribunales pendientes, tienen representación legal que amerite que sea notificada, se le ha informado realmente hacia dónde van, cuáles servicios se les van a ofrecer, qué oportunidades van a tener?”, cuestionó Yahaira Colón, directora de la División de Asuntos Especiales y Remedios Post-Sentencia de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), en entrevista con el CPI.
Ya están identificadas la cárcel y la fecha de vuelo para los confinados del Departamento de Corrección, pero falta el reglamento que regirá el traslado.
El secretario de Corrección Erik Rolón, estableció que a los confinados que participen del programa Out of State no les aplicará el “Reglamento para el Traslado de Miembros de la Población Correccional a Instituciones Carcelarias en los Estados Unidos”. Ese es el reglamento vigente. Pero en una solicitud de información que le hizo el senador independiente José Vargas Vidot, Rolón constestó que “una vez finalice la adjudicación [del contrato], se procederá a establecer la reglamentación correspondiente que regulará los procedimientos del Programa Out of State”.
El Reglamento ordena que cualquier traslado sea considerado por un comité compuesto por tres empleados del DCR que harán una recomendación al Secretario. Al confinado se le debe de notificar la decisión del Comité dentro de un término de diez días desde que se hace la determinación. Una vez notificado el confinado sobre la recomendación del Comité, el Secretario tiene 30 días para tomar una decisión final.
El secretario de Corrección dijo al CPI que el proceso de orientación a los confinados sobre los servicios que tendrían en la cárcel de Arizona comenzaría este lunes 6 de agosto. Pero este lunes las orientaciones no habían comenzado, confirmó al CPI Héctor Pérez, relacionista público de Corrección. Si los planes del DCR se dan como los proyecta el Secretario, quien espera que el 15 de agosto salga el primer vuelo, los confinados tendrían menos de una semana entre la fecha de orientación y la de traslado.
Desde el 9 de julio el CPI solicitó acceso a una de las orientaciones de confinados sobre el programa Out of State. La semana pasada Erik Rolón dijo al CPI que no veía problemas y que estaría avisando la fecha de la orientación durante esa misma semana. Pero su notificación nunca fue recibida
“En el pasado lo que ha ocurrido es que los trasladan a Estados Unidos y cuando ellos dicen ‘mira las condiciones aquí no son las que ustedes nos ofrecieron, queremos que nos regresen a Puerto Rico’, no se hace nada, porque no llevan a cabo lo que dice el Reglamento. Imagínate cuánto más es lo que va a ocurrir si se crea ese reglamento después que ellos son trasladados, y por lo tanto no tienen ninguna información sobre eso”, dijo Thalia Méndez, Asesora en Asuntos Correccionales de la Sociedad para Asistencia Legal.
Yahaira Colón cuestionó además el costo diario por confinados, que según el DCR es $200.
“Consistentemente secretarios del Departamento de Corrección y empleados gubernamentales han dicho que el costo por confinados promedio fluctúa entre $49, y yo creo que el número más alto en algún momento fue $64 por confinado, un confinado normal, que no incurre en gastos mayores de servicios médicos”.
El Plan Fiscal que presentó el gobierno el 5 de abril, establece que el costo diario por confinado es $95.
La propuesta de traslado de confinados Out of State no fue incluida en el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal que impuso el Congreso de Estados Unidos para controlar las finanzas de gobierno de Puerto Rico. Entre las recomendaciones del Plan Fiscal para el DCR está cerrar nueve cárceles, debido a que la población penal se ha reducido en los últimos diez años.
Henry Neumann, senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), presentó en mayo una resolución en la que solicita a la Comisión de Seguridad Pública del Senado que investigue el plan de traslado de confinados hacia otras jurisdicciones en los Estados Unidos y otros asuntos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El presidente de la Comisión de Asuntos Internos, el PNP Larry Seilhamer, aprobó la resolución. Miguel Pereira, senador del Partido Popular y ex secretario de Corrección, también ha cuestionado el plan de traslados.
Problemas críticos en los servicios de salud de La Palma
La Palma Correctional Center en Arizona, a donde serían trasladados los primeros 1,200 reclusos de Puerto Rico bajo el programa Out of State, tiene “problemas críticos” en los servicios de salud. Las deficiencias en el cuidado médico de los reclusos, se detallan en varias auditorías realizadas entre 2015 y 2018 por el Departamento de Corrección y Rehabilitación del estado de California, que trasladó a parte de su población penal en esa cárcel de Arizona.
La auditoría de marzo de 2018 encontró “21 problemas críticos” en los servicios de salud, algunos de los cuales llevan sin resolverse desde que fueron identificados por primera vez en 2015. La institución penal obtuvo un 89 por ciento de cumplimiento con los 15 componentes de salud que evalúa la auditoría, por lo que tuvo una clasificación de “adecuado”.
“Lo hicieron bastante bien, de forma adecuada, no terrible”, dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) Anastasia Bartley, administradora de servicios del Private Prison Compliance and Monitoring Unit del Departamento de Corrección y Rehabilitación de California. Bartley mencionó que el comentario más común entre los 20 reclusos que entrevistaron para la auditoría, era que los servicios de salud de La Palma “son mejor que en otros lugares de California”.
No obstante, la auditoría enfatiza en que los problemas que persisten son críticos.
Entre las deficiencias que no se han resuelto desde el 2015, se encontró que los medicamentos para enfermedades crónicas no son recibidos por los pacientes dentro del marco de tiempo requerido, y que el personal de la instalación no es consistente en documentar los exámenes de detección de cáncer colorrectal que ofrece a pacientes de entre 50 y 75 años de edad. En general, la cárcel no cuenta con el total de personal de atención médica que necesita, dice la auditoría.
Los auditores del estado de California encontraron que desde el 2017, el personal de enfermería de La Palma Correctional Center no hace referidos médicos a los pacientes a su médico primario cuando estos no se presentan a una cita, o rechazan un medicamento o la terapia por tres días consecutivos. Y los médicos primarios de salud no documentan la necesidad de colocar al paciente en una sala de observación dentro de las horas requeridas.
Entre los hallazgos más recientes está que consistentemente el personal de la instalación no completa las pruebas de diagnóstico del paciente y los médicos primarios no atienden sistemáticamente a los reclusos dentro del período de tiempo requerido cuando son referidos por enfermería. Además, el centro correccional no contaba con el medicamento Naloxone (usado en los tratamientos de desintoxicación por opiáceos) al comienzo y al final de cada turno, dice la auditoría.
Los confinados de La Palma en Arizona tampoco reciben a tiempo notificación por escrito de los resultados de pruebas diagnósticas ni seguimiento después de una cita especializada. Continuamente, no se documenta la oferta de vacunación contra la influenza o la negativa de un paciente a recibirla. Mientras que no todos los proveedores de atención primaria acceden regularmente al Sistema Electrónico de Registro de Salud de los pacientes.
“Las políticas de cuidado médico y los procedimientos de operación de la facilidad no están en cumplimiento con las políticas de salud correccional (Inmate Medical Services Policies and Procedures)” del estado de California, establece el informe.
En una auditoría anterior, llevada a cabo entre el 27 y el 28 de septiembre de 2017, se encontró que la cárcel no administró medicamentos para la tuberculosis a los pacientes según lo recetado y el personal de atención primaria no pudo documentar que el paciente recibió educación sobre sus medicamentos. Además, el personal de atención médica de la instalación no administró la dosis inicial de medicamento recetado al paciente según lo ordenado por el proveedor y enfermería no observó directamente a pacientes que tomaban medicamentos que requieren administración.
Esta prisión de Arizona abrió en 2008 y fue diseñada específicamente para albergar a los reclusos de California porque ese estado tenía problemas de sobrepoblación en sus cárceles. Pero ahora los reclusos irán regresando paulatinamente a California porque su población penal está disminuyendo.
“De 3,000 reclusos de California que estaban originalmente en la cárcel de Arizona, quedan 2,500. La meta es tenerlos a todos de regreso para junio de 2019 si nuestra población penal [la de California] sigue disminuyendo”, dijo Bartley.
El 24 de junio, CoreCivic anunció que modificará un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, en inglés) para permitir que la cárcel de Arizona sea utilizada por el Cuerpo de Alguaciles (U.S. Marshals Service).
Bajo ese acuerdo ICE podría albergar a más de 1,000 detenidos en La Palma Correctional Center en Arizona y alojar más población penal de acuerdo a la disponibilidad de espacio. CoreCivic, empresa que administra algunas de las cárceles donde son detenidos inmigrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos de forma ilegal, especificó en su comunicado que no albergara a familias ni menores sin acompañamiento en la prisión de Arizona. En el cuarto trimestre de 2017, CoreCivic obtuvo un total de ingresos de $440.6 millones.
Durante la administración del exgobernador Luis Fortuño, cuando el actual secretario de Corrección era director de la Oficina de Asuntos Legales del DCR, se llevó a cabo un programa de traslados, también con la empresa CoreCivic, que costó $10,410,847 y no se ha demostrado que conllevó ahorros al fisco. Los confinados tuvieron que regresar a Puerto Rico luego de amotinarse en la cárcel Cimarron Correctional Facility en Oklahoma porque no recibieron los servicios que les prometieron.
“En el pasado lo que ocurría era que cuando los confinados ya no tenían ninguna información, cuando trataban de hacer todo lo posible para que los regresaran a Puerto Rico, porque las condiciones eran peores que las que ellos sufrían en Puerto Rico, al no tener respuesta, se amotinaban y formaban problemas para que la institución donde estaban se viera obligada a regresarlos. Eso pasó en Oklahoma. Estas cosas han pasado también en otros momentos, incluso cuando se han traslado confinados individuales”, recalcó Thalia Méndez, abogada de la Sociedad para Asistencia Legal.
