Los paralelismos se suceden. África escupe un nuevo tirano haciendo uso de la violencia contra su propia población para aferrarse al poder. Pero a diferencia de Libia, la crisis política que está llevando a Costa de Marfil al borde de la guerra civil no goza de una atención mediática similar ni de la apresurada y unánime intervención de la comunidad internacional. Y las cifras apuntan ya a un drama humanitario: desde el mes de Diciembre, más de 500 personas han sido asesinadas, 700,000 han sido desplazadas por la violencia en la principal ciudad del país, Abidjan, y 100,000 han buscado refugio en el vecino Liberia.
Desde que el pasado 28 de Noviembre se celebraran las elecciones presidenciales, Costa de Marfil se ha visto inmerso en una espiral de violencia desatada por la confrontación política y armada entre los dos principales líderes que acudían a los comicios. En los mismos, auspiciados y bajo observación de las Naciones Unidas, el líder del Rassemblement des Houphouétistes por la Democratice et la Paix (RHDP), Alassane Outtara, lograba un margen de 350,000 votos sobre su adversario, Laurent Gbagbo, representante de La Majorité Presidentielle (LMP) y asentado en el poder desde hace más de diez años.
Buscando dar un vuelco al resultado electoral, el Consejo Constitucional, máximo órgano judicial ampliamente controlado por leales a Gbagbo, anunció que se habían producido “flagrantes irregularidades” en siete regiones del norte y el centro del país, feudo indiscutible de Ouattara y donde Gbagbo había obtenido tan solo un 10% de los votos en la primera vuelta. El Consejo apresuró entonces la anulación en estos departamentos de 660,000 votos de la segunda vuelta, otorgando a Gbagbo el 51.4 % del total, a diferencia del 45.5% que había obtenido.
El escenario consecuente es un conflicto armado entre las fuerzas armadas leales a Laurent Gbagbo, quien rechaza asumir su derrota y abandonar el poder, y las Forces Novelles (FN), un grupo de insurgentes que controlan el norte del país, quienes nunca llegaron a desmovilizares tras la guerra civil de 2002 y que ahora, movidos por su odio a Gbagbo, prestan su apoyo a Alassane Outtara, ganador oficial reconocido por la Unión Africana, las Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea.
Gbagbo acudió a las elecciones presidenciales con el lema “Ganamos o ganamos”, algo que parece estar dispuesto a lograr a toda costa. Desde que se conociese el resultado de las elecciones, las fuerzas de seguridad y milicias callejeras leales a Gbagbo, además de combatir a los rebeldes de las Forces Novelles, han impuesto una campaña de terror contra la población civil, en particular contra la coalición de Alassane Ouattara o aquellos que le prestan su apoyo. En tres meses de violencia organizada, más de 500 personas han sido asesinadas, 700.000 han abandonado Abidjan por miedo a los enfrentamientos o a las represalias, y otros muchos han sufrido violaciones, torturas y desapariciones forzadas, lo que constituye según la organización defensora de derechos humanos, Human Rights Watch, crímenes contra la humanidad.
Víctimas y testigos entrevistados por esta organización han identificado entre los responsables de los abusos a la Guardia Republicana y el Centre de Commandement des Opérations de Sécurité (CECOS), dos cuerpos de seguridad de elite bajo el control de Gbagbo, y los Jóvenes Patriotas y la Federación de Estudiantes de Costa de Marfil (FESCI), dos milicias armadas próximas al líder. De igual forma, la televisión estatal Radiodiffusion Télévision Ivorienne (RTI) habría lanzado mensajes de incitación a la violencia contra las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, nacionales procedentes de países vecinos en la región y condicionales de Outtara, tal como hiciera el propio líder de las milicias juveniles Charles Blé Goudé, el pasado 25 de Febrero. ”Os doy una orden que debe ser impuesta en todos los barrios. Deberéis establecer puestos de control y denunciar a todo extranjero que entre en ellos,” dijo Goudé haciendo referencia a inmigrantes y grupos étnicos procedentes del norte, controlado por los rebeldes del FN. El término ivorité ha sido acuñado por los nacionalistas para denominar a los habitantes del sur y este del país, los verdaderos marfileños, excluyendo al “extranjero” del norte e inmigrantes. En Costa de Marfil, el 26% de la población procede de países vecinos, particularmente de Burkina Faso.
En el último mes, el conflicto se ha intensificado con combates violentos en las ciudades de Duekoue (al oeste), Daloa (centro-oeste) y Bondoukou (al este). También los ataques contra la población civil han sido generalizados, como lo ocurrido el pasado 18 de marzo, cuando las fuerzas de Gbagbo emplearon fuego de mortero contra un mercado en el suburbio de Abobo, un barrio en la ciudad Abidjan conocido por ser próximo a Outtara, en el que murieron 30 personas y una docena resultaron heridas. En el mismo barrio y a principios de mes, seis mujeres fueron también asesinadas durante las manifestaciones pacíficas que exigían a Gbagbo abandonar el poder. Las fuerzas del Presidente depuesto dispararon contra la marcha de mujeres que gritaban “queremos paz”, desatando el pánico entre las asistentes. Un video aficionado pudo grabar los hechos en los que se escucha el tiroteo.
La violencia política desatada tras las elecciones elevó al poco la atención de la comunidad internacional sobre los ataques contra la población civil, un interés que parece haber caído en desánimo tras los acontecimientos vividos en Túnez, Egipto y Libia. La Secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton hizo tras los comicios un llamamiento al fin de la violencia asegurando que “los responsables de la violencia contra civiles tendrán que responder por sus acciones.” En el mes de enero, el Consejo de Seguridad enviaba 2.000 nuevos efectivos para reforzar su misión de paz (la UNOCI) y la Unión Europea imponía sanciones sobre el gobierno derrocado que incluían la congelación de bienes y limitaciones comerciales. Organizaciones como International Crisis Group abogan ahora por una respuesta contundente que obligue a Laurent Gbagbo a abandonar el poder con el fin de evitar una nueva guerra civil.
Crímenes bajo jurisdicción de la CPI
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional está analizando información relevante sobre los crímenes cometidos en el país tras la segunda vuelta de la elecciones presidenciales. El pasado 21 de Diciembre, el Fiscal Jefe, Luis Moreno-Ocampo aseguraba no haber abierto ninguna investigación sobre el caso, sin embargo no dudaría en hacerlo si se hubieran cometido crímenes bajo su jurisdicción. “Mi oficina está muy preocupada por las actividades de Charles Blé Goudé”, dijo el Fiscal en relación al líder de las milicias juveniles. “Está incitando a la violencia. Si esa gente comete atrocidades en Costa de Marfil, Blé Goudé será juzgado por haber incitado a la comisión de crímenes. Los cascos azules y las fuerzas de paz no pueden ser objeto de ataques, juzgaremos esos hechos. También estamos analizando las actividades de las milicias, las cuales han sido organizadas bajo el comando de generales.”
Los mensajes de incitación a la violencia de Blé Goudé podrían bastar para demostrar una política gubernamental organizada para cometer crímenes. Es esto lo que le compete a la CPI y lo que ha de analizar: si los asesinatos, las desapariciones forzadas, las violaciones y la persecución de nacionales de otros países de la región atienden a un plan organizado, generalizado y sistemático, tal como define el Art.7 del Estatuto de Roma los “crímenes contra la humanidad”.
Pese a no ser un estado parte del tribunal, Costa de Marfil aceptó la jurisdicción de la Corte en 2003 a través de una declaración formal bajo el art.12(3) del Estatuto. La Fiscalía ha asegurado que podría solicitar a los jueces la apertura de investigaciones sobre los crímenes cometidos si éstos se ajustan al criterio de gravedad y si no hubiera procedimientos judiciales nacionales en marcha. Otra opción podría venir de la mano del Consejo de Seguridad, que al igual que hiciera con Libia, podría ordenar a la Fiscalía investigar los crímenes bajo su mandato.
Ciclos de violencia política
Lo ocurrido en los últimos meses en Costa de Marfil encuentra sus raíces inmediatas en la crisis política de 2000, la cual llevó al país a la guerra civil también tras unas elecciones presidenciales. Mismo escenario, mismos personajes y el odio étnico en la sombra. Una ley electoral aprobada con celeridad por el gobierno poco antes de los comicios exigía que los padres del candidato presidencial hubieran nacido en Costa de Marfil, una pretensión que dejaba fuera al candidato del norte, Alassane Outtara, representante de la mayoría musulmana de esta región del país, habitada por inmigrantes pobres procedentes de Mali y Burkina Faso.
El recurso a la violencia no se hizo esperar, y en septiembre de 2002 los rebeldes del norte comenzaban una guerra por el derecho a voto y la representación en el gobierno de Abidjan. Desde entonces, pese a los acuerdos de paz firmados en 2007, el país ha vivido inmerso en años de confrontación política, golpes de estado y violencia. Las elecciones del 28 de Noviembre del pasado año eran la esperanza para lograr cierta paz y estabilidad en el país, sin embargo han reabierto heridas gangrenadas.
*Lea el artículo original en Periodismo Humano
