El proceso de reparación en Puerto Rico tras el huracán María será extenso, anticipándose un aumento en los índices de pobreza y desigualdad social. También se verán afectados el empleo, las ventas, las exportaciones e importaciones, el flujo de mercancía y otras variables necesarias para el desarrollo económico de la isla.
Estas son algunas de las conclusiones a las que llegaron los economistas José Alameda, José Joaquín Villamil y Eileen Segarra durante sus intervenciones en el foro Perspectivas económicas post-María, celebrado el martes por el Instituto de Relaciones Laborales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Asociación de Economistas de Puerto Rico.
Alameda explicó que el costo económico de María alcanzaría los $202 mil millones, divididos $59 mil millones en gastos a corto plazo y $143,245 millones en gastos a largo plazo. Su proyección está basada en teorías de economistas expertos en ciclones y sus consecuencias.
A lo anterior se suma los costos, todavía sin cuantificar, de la desorganización social, la escasez de productos, la emigración de personas en edad productiva y reproductiva, el declive del valor de la propiedad y la rehabilitación total –tanto de capital humano como ambiental–. Estos gastos, adujo el profesor de la UPR en Mayagüez, son costos de oportunidad ya que pudieron haber sido invertidos en otras áreas.
Alameda enfatizó que María es un caso extraordinario y no se compara con otros huracanes con un impacto similar, ya que hay evidencia que demuestra que este fenómeno atmosférico fue diferente por el contexto fiscal en que se encontraba Borinquen. Esto provocaría una variación en la cifra final de los daños.
Villamil, por otro lado, testificó que estos costos provocarán una recesión en una economía que llevaba 12 años en contracción. A su juicio, la economía puertorriqueña ya perdió la estructura y los fundamentos que la conformaban.
El presidente de Estudios Técnicos aseguró que aun si la economía del país creciera a un ritmo de 1.8% anual a partir del 2019, no volvería a alcanzar el nivel que tenía hace más de 11 años, hasta el 2033.
“Hemos perdido por lo menos 26 años de evolución económica. Tenemos que reconstruir un país que se ha venido desmoronando desde hace mucho tiempo. María ha puesto en relieve esa destrucción de las estructuras fundamentales” afirmó Villamil.
Al tétrico panorama, dijo, se añade la proyección de un país más pequeño a partir de la tragedia, en términos de población y de actividad económica.
La profesora Segarra enfatizó que una de las secuelas que dejaron los huracanes Irma y María es el aumento en la tasa de pobreza en hasta un 50% ¿en cuánto tiempo?, afectando en mayor medida a las poblaciones vulnerables como adultos mayores, personas impedidas o crónicamente enfermas, población rural y poblaciones marginadas.
Otra secuela, expuso, es el impacto en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), quienes han visto cómo se ha reducido –y en algunos casos, aniquilado– su operacionalidad como consecuencia de las pérdidas materiales y la falta de electricidad.
Segarra afirmó que “los más pobres tienen problemas en el proceso de recuperación porque las ayudas no están orientadas a las poblaciones más vulnerables”.
Dio como ejemplo el caso de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que requería completar la información para recibir asistencia por Internet o teléfono, sin considerar el colapso que vive la isla con respecto a las telecomunicaciones.
Apostar al capital social
Además de presentar un panorama de la realidad que enfrenta Puerto Rico, los docentes invitados ofrecieron propuestas para lidiar con las complicaciones económicas y sociales que ha dejado María.
Los tres estuvieron de acuerdo con que la principal forma de hacer un cambio es moverse a una economía social, porque mantener el modelo actual, en la situación en que se encuentra Puerto Rico, será difícil.
Expusieron la posibilidad de movilizar los recursos que hay en la sociedad, utilizando principalmente las entidades de base comunitaria para satisfacer necesidades mínimas, y emprender un crecimiento económico. Igualmente, recomendaron evitar el desplazamiento de la población, promoviendo la acción y los lazos comunitarios.
“Debemos fortalecer el capital social, pues de lo contrario corremos el riesgo de que la isla siga vaciándose”, fundamentó Segarra.
También, plantearon que es imprescindible la creación de políticas que promuevan una economía para el desarrollo de PyMEs, pues estas son las más dinámicas para la generación de empleo, lo que no sucede con las compañías grandes.
“Los asesores de los gobiernos, cuando piensen en políticas económicas, deben enfocarse en el manejo de riesgo como algo inherente a la toma de decisiones en un país. Esta es una de las mayores lecciones que no hemos aprendido en una economía como la nuestra, con la realidad actual”, puntualizó Villamil.
