En el marco de la permanente violencia contra la comunidad rohinyá de Myanmar (Birmania), funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se muestran profundamente preocupados de que se esté incitando y practicando un genocidio en ese país asiático.
Desde que la violencia se reanudó en el estado birmano de Rakhine, en agosto de 2017, casi 700,000 rohinyás huyeron al vecino Bangladesh.
Los refugiados, que llegan a un país donde hay pocos alimentos y lugares para vivir, traen la pesada carga de abusos y violaciones de derechos humanos, como asesinatos extrajudiciales, violencia sexual y haber sido testigos del incendio deliberado de pueblos enteros.
“Cada vez me convenzo más de que los delitos perpetrados tras el 9 de octubre de 2016 y el 25 de agosto de 2017 llevan la impronta de un genocidio y se requieren un llamado a la responsabilidad en los términos más fuertes”, subrayó la relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania, Yanghee Lee, en el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra.
Lee se mostró preocupada de que “las prácticas represivas de los anteriores gobiernos militares vuelven a ser la norma”.
El odio en las redes sociales
La relatora de la ONU subrayó el uso tóxico de las redes sociales para incitar a la violencia y, en particular, señaló el papel de Facebook en la propagación de un elevado contenido de odio contra la minoría musulmana rohinyá en ese país de Asia sudoriental.
“Todo se hace a través de Facebook en Myanmar; se usó para transmitir mensajes públicos, pero sabemos que los budistas ultranacionalistas tienen sus propias [cuentas de] Facebook e incitan a la violencia y difunden el odio contra los rohinyás y otras minorías étnicas”, expresó.
Una misión de investigación de la ONU concluyó que las redes sociales tenían un “papel determinante” y “contribuyen sustancialmente” a la violencia en Birmania.
Hace poco, Facebook suspendió la cuenta del monje budista Wirathu, conocido por sus mensajes nacionalistas y antimusulmanes, los que difundía a través de las redes sociales.
Si bien negó promover la violencia en Rakhine, Wirathu sostuvo hace poco que el Estado soportaba el “terrorismo de los bengalíes”, una denominación que implica que los rohinyá son originarios de Bangladesh, y no de Birmania.
“Me temo que Facebook se convirtió en una bestia”, planteó Lee.
Eliminación sistemática
Sin permiso para ingresar a Birmania, Lee presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos esta segunda semana de marzo elaborado a base de la información recabada en los países vecinos, Bangladesh y Tailandia, la que le permitió conocer el grado de violaciones de derechos humanos.
Entre los asuntos planteados por los refugiados, la relatora especial se vio especialmente impactada por las víctimas menores de edad.
Lee estima que por lo menos 730 menores de cinco años fueron asesinados solo en el primer mes de violencia.
Aproximadamente 60 por ciento de los refugiados son niñas y niños, pero la ONU estima que todavía quedan unos 200,000 en Rakhine.
A principios de este mes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) concluyó que a los rohinyás que tratan de huir de sus pueblos “los secuestran y nunca regresan” y que es un “tema recurrente” el de las mujeres y niñas secuestradas.
La agencia también concluyó que hay una campaña sistemática de “terrorismo y de matarlos de hambre”, que obliga a los rohinyás a huir del país.
En su último informe al respecto, Amnistía Internacional informó que las fuerzas de seguridad arrasan los terrenos donde estaban los pueblos incendiados de la comunidad musulmana para construir bases militares.
Eso impide el retorno de los refugiados, pero además esconde evidencia de los crímenes de las autoridades.
“El destrozo de pueblos enteros es increíblemente preocupante”, subrayó la directora de respuesta de crisis de Amnistía, Tirana Hassan.
“Las autoridades de Myanmar eliminan evidencia de los crímenes contra la humanidad, haciendo que sean extremadamente difícil los esfuerzos para que asuman la responsabilidad por lo ocurrido”, precisó.
El hecho preocupa tanto a Amnistía como a la relatora especial de la ONU por el acuerdo entre Birmania y Bangladesh para repatriar refugiados rohinyás, pues estos no encontrarán nada a su regreso y sufrirán una permanente discriminación.
“No habría que devolver a nadie a Myanmar hasta que puedan hacerlo de forma voluntaria, en seguridad y dignidad, lo que claramente no es posible en la actualidad”, subrayó Amnistía.
Asumir responsabilidades para la paz
Frente a la negación de Birmania de las atrocidades cometidas, al alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, quien también se mostró preocupado por la ocurrencia de actos de genocidio, pidió que se remitiera el caso a la Corte Penal Internacional (CPI).
“Lo que decimos es, hay grandes sospechas, sí, de que están ocurriendo actos de genocidio. Pero solo un tribunal, que haya escuchado todos los argumentos, lo confirmará”, declaró.
En su informe, Lee urgió a que se tomarán medidas para establecer responsabilidades a fin de lograr estabilidad y paz duraderas en Birmania.
“Eso debe apuntar a las personas que dieron las órdenes y a las que llevaron a cabo las violaciones contra personas y grupos étnicos y religiosos enteros”, declaró frente al Consejo de Derechos Humanos.
“Los responsables del gobierno que no hicieron nada para intervenir, detener o condenar esos actos también deben hacerse responsables”, subrayó.
Lee reclamó una investigación imparcial y generalizada, no solo en Birmania, sino de las acciones del sistema de la ONU con respecto a los actos que llevaron a los ataques de 2016 y a lo que ocurrió después.
“La revisión externa debe analizar si la ONU y la comunidad internacional pudieron haber evitado o manejado la situación de forma diferente”, reclamó.
Inter Press Service
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