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El mandatario Daniel Ortega, de píe a la derecha, durante el VI Congreso Sandinista, que el 4 de junio cumplió con el trámite de proclamarlo por séptima vez consecutiva como su candidato a la presidencia de Nicaragua. En el edificio, la silueta de Julio César Sandino, héroe de la resistencia nicaragüense. Crédito: La Voz del Sandinismo
La séptima candidatura consecutiva de Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua y el retiro de buena parte de la oposición de las próximas elecciones, al alegar falta de garantías, coloca al país ante una crisis sin precedentes desde el fin de la guerra civil, en 1990.
El presidente, un antiguo guerrillero de 71 años que gobierna este país centroamericano desde 2007, busca su reelección en los comicios del 6 de noviembre, que de ganarlos le mantendría en el poder hasta 2021, superando así los periodos de la dictadura de los Somoza.
Su nueva candidatura es posible gracias a una interpretación jurídica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo control del gobernante e izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que en 2011 dictaminó que el artículo de la Constitución que prohibía la reelección continua, violaba el derecho de Ortega a ser candidato.
Por ello, el máximo tribunal derogó el candado constitucional contra la reelección inmediata.
El 15 de junio, el camino electoral le quedó aún más allanado a Ortega, cuando la opositora Coalición Nacional por la Democracia fue empujada a retirarse del juego electoral tras la anulación de la candidatura de su dirigente con más opciones, Luis Callejas.
Previamente, el máximo tribunal quitó la representación legal a la dirección del Partido de Liberación Independiente (PLI), el mayor de la coalición, y la entregó a una facción afín al FSLN. Algo similar sucedió a otra organización con la que la coalición iba a aliarse.
Esas medidas, a juicio de la oposición y otros sectores internos, resquebrajaron la institucionalidad del país y puso una sombra de duda sobre la validez de los comicios.
El investigador social Nicolás López Maltez, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, explicó que Ortega se ha postulado a la presidencia como nadie más lo ha hecho en Nicaragua y América Central en los últimos 150 años.
“Lleva siete postulaciones seguidas desde 1984. Perdió las elecciones de 1990, las de 1996 y las del año 2001, luego ganó en 2006, en 2011 y en 2016 ya está oficialmente postulado”, detalló a IPS el académico.
Ortega alcanzó por primera vez el poder en 1979, cuando el guerrillero FSLN derrotó al último miembro de la dinastía Somoza, cuya cruenta dictadura gobernó el país durante 43 años consecutivos.
Tras gobernar como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, se postuló por primera vez a la presidencia en 1984, cuando ganó el poder para el quinquenio 1985-1990.
Perdió los comicios de 1990, al final de una guerra civil que respondió a las presiones militares y políticas de Estados Unidos, mediante una oposición armada contra la revolución sandinista.
Según dijo López Maltez en consonancia con otros analistas, Ortega ha pasado a controlar todos los poderes institucionales, lo que le asegura su triunfo en noviembre en las urnas.
Si ese pronóstico se confirma, en 2018 Ortega se convertirá en el presidente nicaragüense con más tiempo en el poder, al superar los 16 años del exgeneral liberal José Santos Zelaya (1893-1909) y Anastasio Somoza García (1937-1947 y 1950-1956).
La dinastía de los Somoza mantuvo dominada a Nicaragua en una opresiva dictadura desde 1937 a 1979 mediante tres miembros de la familia o figuras de paja.
Los sondeos coinciden en que el presidente goza de amplio respaldo social y la confianza de grupos de poder como la empresa privada y los cuerpos policiales y militares.
Una encuesta de la empresa M&R Consultores, difundida en mayo, refleja que Ortega goza de 77.6 por ciento de respaldo positivo y su partido cuenta con 63.7 por ciento de la intención de voto.
“Durante los últimos 15 años varios presidentes latinoamericanos derribaron el mito que los politólogos habían convertido casi en ley, de que los presidentes iniciaban sus periodos con altos índices de aprobación y finalizaban desaprobados”, comentó a IPS el director de la firma encuestadora, Raúl Obregón.
A su juicio, la inclusión de Ortega en ese grupo se sustenta en varios factores.
El primero, adujo, es que Ortega se beneficia de la pérdida del miedo que la población le tenía al FSLN de volver a una guerra si ellos regresaban al poder, que concentró el mensaje opositor en las campañas electorales de 1990, 1996 y 2001.
En segundo lugar, planteó, Ortega ha realizado una buena gestión de la macroeconomía del país, reconocida por organismos nacionales e internacionales.
Ello se acompaña con la implementación de proyectos sociales de reducción de la pobreza que han beneficiado a los sectores más vulnerables del país.
Mientras, la derecha que gobernó el país entre 1990 y 2007, se fragmentó por luchas internas y su discurso perdió influencia entre los electores.
“No tiene nada que ver con los problemas y las necesidades de la población, ellos hablan de política mientras la población quiere escuchar propuestas para resolver sus problemas que son desempleo y carestía de la vida”, subrayó Obregón.
Nicaragua, con una población de 6.2 millones de habitantes, tiene a 38 por ciento de su población sumida en la pobreza, según organismos internacionales. Su padrón electoral se sitúa en 4.5 millones, según datos de 2012.
Más allá de lo que dicen las encuestas, la oposición política acusa a Ortega de manipular las leyes e instituciones a su favor para garantizarse los votos suficientes para sostenerse en el poder.
Sectores de oposición denunciaron como fraudulentos los resultados de los comicios municipales de 2008 y los generales del 2011, mientras observadores electorales del estadounidense Centro Carter y de la Unión Europea las calificaron de “poco transparentes”.
Este año, diversas organizaciones e instituciones, incluyendo la empresa privada, la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil, pidieron a Ortega mayor apertura política y observación electoral internacional para garantizar la transparencia en las elecciones.
Pero en mayo Ortega prohibió la observación electoral internacional y local y acusó a los observadores de “sinvergüenzas”.
Luego llegó la medida contra la dirección del PLI y la anulación de la candidatura de la Coalición Nacional Democrática, que aglutina a las principales fuerzas opositora. Cuando oficializó el retiro de los comicios, sus dirigentes explicaron que lo hacían para no avalar una “farsa electoral”.
Estas maniobras despertaron preocupación de organismos internacionales y del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro.
Para el doctor en ciencias sociales Humberto Meza, las estrategias políticas de Ortega para perpetuarse en el poder “afectarán de forma drástica la legitimidad de las elecciones”, con independencia de su popularidad.
La CSJ “condena a una buena masa de votantes a no participar del proceso electoral”, adujo a IPS.
La evolución de la situación, a su juicio, “dependerá de la capacidad que esa oposición tenga para provocar inestabilidad en el sistema electoral, tras haber anunciado su retiro oficial de la contienda”, observó Meza.
Para el analista, “Nicaragua es un país polarizado, con mucha crítica que vive contenida por temor a las reacciones oficiales”.
Meza considera que la situación electoral es delicada y sin precedentes desde 1990.
Pero, a su juicio, “la democracia tiene muchas otras posibilidades de existir más allá del mecanismo del voto. Es a eso a lo que, parece, apuesta un buen sector de la oposición”.
El analista no ve “mayor impacto” en la crisis política interna de la manifestada preocupación del secretario general de la OEA o de la presión que pueda ejercer la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos.
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