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El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a la derecha, vuelve a su residencia cerca de São Paulo, en medio del apoyo de sus seguidores, tras ser detenido para ser interrogado durante tres horas, por su presunta vinculación con el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil. Crédito: Ricardo Stuckert/ Instituto Lula
El interrogatorio forzoso del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva por la Policía Federal, el pasado viernes 4 de arzo en São Paulo, apunta a una radicalización de la crisis política en Brasil, reforzando así el intento de inhabilitar a la presidenta Dilma Rousseff.
Lula fue sometido a la llamada “conducción coercitiva” e interrogado durante tres horas sobre su supuesta riqueza indebida, que habría recibido de empresas constructoras acusadas de pagar sobornos a políticos y miembros del gobierno, a cambio de millonarios contratos con la compañía estatal petrolera Petrobras.
Fue una coerción innecesaria, que solo se explica por objetivos mediáticos, según Lula, porque él ya atendió voluntariamente a las convocatorias para aclarar las acusaciones de que las constructoras pagaron obras en una finca que frecuenta con su familia, propiedad de un amigo, y en un apartamento que no llegó a adquirir.
“Me sentí encarcelado”, dijo el expresidente (2003), al terminar el procedimiento y reunirse de inmediato con militantes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Allí anunció que reaccionará a la “persecución” que le hacen el Ministerio Público Federal (fiscalía general), la Policía Federal y medios de comunicación, recorriendo el país y movilizando a sus “compañeros”.
La oposición convocó para el 13 de marzo protestas en todo el país contra el gobierno y por la inhabilitación o la renuncia de la presidenta Rousseff, su sucesora y también del PT, repitiendo manifestaciones de marzo y agosto del año pasado, que reunieron a centenares de miles de personas.
La política brasileña, dominada por los órganos judiciales y represivos en la llamada Operación Lava-jato (autolavado), que investiga la corrupción en negocios petroleros, vuelve así a los foros usuales y a las calles.
La crisis entra a su apogeo, al alcanzar a los blancos principales de la Operación, Lula y la actual presidenta.
El jueves 3 se hicieron públicas denuncias del senador Delcidio Amaral, exlíder del gobierno en el Senado, que vinculó a Lula y Rousseff con irregularidades y actos de corrupción que son investigados desde marzo de 2014, según trascendió en la revista Isto é.
Amaral decidió recurrir a la “delación premiada”, o colaboración en canje por la reducción de pena, después de haber sido detenido, en noviembre pasado, por el intento de promover la fuga al exterior de un exdirector de Petrobras que fue un elemento clave en la red de corrupción.
Sus revelaciones podrán decidir la salida de la Presidencia de Rousseff, ya que participaba de negociaciones importantes del gobierno, hasta ser detenido.
El proceso de inhabilitación de la mandataria, ya abierto en la Cámara de Diputados, ganó fuerza también porque una de las constructoras admitió haber pagado ilegalmente deudas de la primera campaña electoral de Rousseff, en 2010.
La confirmación de que el producto interno bruto de Brasil cayó 3.8 por ciento en 2015, con tendencia a repetir ese desempeño negativo este año, agrava la situación crítica en que se encuentra el gobierno.
Un enjuiciamiento de Lula le representaría otro golpe demoledor a Rousseff. La fiscalía sostiene que hay indicios de que Lula y su familia fueron beneficiados por dinero desviado de proyectos de Petrobras por las constructoras, que ya tienen dirigentes presos.
En total cerca de 30 millones de reales (cerca de ocho millones de dólares) habrían sido destinados al Instituto Lula, creado para organizar las actividades nacionales e internacionales del expresidente, al pago de sus charlas y a las obras en la finca y el departamento. Ninguna de esas propiedades es suya, arguyó Lula.
Brasil vive un “régimen de excepción y arbitrio”, compuesto de “investigaciones selectivas, trascendidos ilegales y atropellos de garantías individuales”, afirmó el Partido de los Trabajadores en un comunicado sobre el interrogatorio a Lula.
La “conducción coercitiva” fue criticado por variados juristas, incluso el juez de la Suprema Corte, Marco Aurelio de Mello. Fue un “acto de fuerza” que genera “inseguridad jurídica a todos los ciudadanos” al atropellar reglas, dijo públicamente.
“Mañana construyen un paredón en la Plaza de los Tres Poderes”, ironizó, refiriéndose a la plaza donde se concentran las sedes del gobierno, del parlamento y de la Justicia en Brasilia.
Mello fue uno de los disidentes en recientes decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF), como la que permite la prisión de condenados en segunda instancia, negando el texto de la Constitución que asegura libertad hasta recursos en tribunales superiores.
Otro fallo rompe el derecho al sigilo bancario, al autorizar el acceso del servicio de recaudación impositiva a datos bancarios. Las libertades fundamentales sufrieron un retroceso en Brasil, lamentó el juez.
En realidad el país vive un clima de “caza a brujas” desde que estalló el escándalo de Petrobras, que involucra miles de millones de dólares y cerca de dos centenares de empresarios y políticos. La corrupción y la impunidad, llagas tradicionales, justifican la represión a toda costa.
La fiscalía y la Policía Federal se convirtieron en los principales protagonistas de la vida nacional desde el inicio del año pasado, cuando empezaron a difundirse testimonios de los “delatores premiados”.
La llamada “espectacularización” de los procesos judiciales pasó a dictar la marcha de la política nacional y en cierta medida de la economía.
El mercado bursátil y cambiario reflejan las tendencias. Siempre que nuevas revelaciones debilitan la presidencia, ocurren alzas inmediatas de las acciones y de la moneda nacional, indicando un rechazo del mercado al gobierno.
Con las sucesivas acciones de la Operación Lava-jato, que ya está en su vigésima cuarta fase requisando documentos de los inmuebles ocupados por Lula, sus tres hijos y varios amigos, el gobierno queda paralizado en sus actuaciones.
La incertidumbre hizo caer 14.1 por ciento las inversiones en el año pasado, hecho que permite prever una recesión prolongada en Brasil “tendiendo a la depresión”, según los economistas.
La reacción de Lula, disponiéndose a la lucha política callejera, y el extremo grado de tensión que generaron las últimas acciones de los órganos represivos y las delaciones, es posible que la crisis haya ingresado en su apogeo, que antecede a una solución, democrática o no.
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