Critican ineficiencia y burocracia del gobierno frente a la JCF

Asha Tribble, portavoz de FEMA. (Captura de pantalla)

2 de febrero de 2018 Por Emmanuel Estrada López Puerto Rico

El futuro energético de Puerto Rico no puede limitarse a privatizar lo existente: lo que sustituya a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) deberá dejar en el olvido la burocracia, la falta de liderato y la ineficiencia en el mantenimiento que caracteriza a esa corporación pública. Además, se tendrán que balancear los intereses de los proveedores –que buscan lograr ganancias– y clientes –que quieren obtener un servicio eléctrico barato y confiable–.

Lo anterior resume la discusión que la Junta de Control Fiscal (JCF) tuvo ante sí ayer en Nueva York, donde realizó una vista pública sobre el futuro energético de Puerto Rico y, particularmente, de la AEE. Allí, se habló del estado actual de la recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María hace ya más de cuatro meses; la transformación del proceso de generación eléctrica vigente en la isla; y el rol que jugarían las tecnologías renovables en el proceso.

Pero una constante entre los tres temas fue la excesiva burocracia y la falta de liderato que permea en el Gobierno de Puerto Rico –y no solo en el tema energético–.

Burocracia que atrasa la recuperación

Según Asha Tribble, de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), al organismo se le hace imposible trabajar con “ocho niveles de aprobación” a nivel local. Dijo, como caso dramático, que es insostenible que un generador que se necesitaba en 48 horas tardase seis semanas en entregarse. Aludió, igualmente, a una falta de “disciplina en la comunicación”, porque había mucha gente hablando a nombre de la autoridad.

Otros escollos, mencionó Tribble, son el problema de liquidez de la AEE, la falta de materiales, el inicio tardío del proceso de recuperación, y la falta de confianza de FEMA en los contratistas que utilizó el gobierno y la corporación pública –Whitefish Energy Holdings, por ejemplo–.

Con Tribble concordó Sue Kelly, de la Asociación de Autoridades Públicas de Energía (APPA, por sus siglas en inglés), quien sostuvo en dos ocasiones que la ayuda de corporaciones públicas de Estados Unidos estuvo disponible desde el primer día, aunque la AEE la pidió 40 días después. La autoridad, irónicamente, es parte de la APPA.

Kelly agregó que entre los retos que han enfrentado las compañías estadounidenses en la isla está la falta de coordinación entre los contratistas de FEMA, el Cuerpo de Ingenieros y la APPA, lo que atrasa la recuperación y pone en peligro la vida de celadores que podría estar restaurando líneas con carga eléctrica. Sumó que la geografía de la isla, así como el deteriorado estado de la infraestructura de la AEE dificultan los trabajos.

Burocracia que limita la inversión privada

“Estamos en medio de un cambio de paradigma” en la industria energética, planteó Víctor González, presidente de Windmar, compañía de paneles solares en Puerto Rico.

Ese cambio de paradigma, dijo, tiene que incluirse en el plan fiscal de la AEE, que deberá contemplar cómo aumentar la cartera de generación de energía renovable, lograr que su operación esté al estándar de la industria y garantizarle a los abonados que puedan salirse de la red eléctrica sin penalidades, así como generar su propia energía.

González replanteó que debe eliminarse la burocracia a nivel de inversión de capital privado. Con él coincidió Collie Powell, de la firma CSP & Assoc., quien enfatizó en que los inversionistas necesitan “certeza de lo que se promete”.

Powell lamentó que en Puerto Rico, donde ha visto el paso de cuatro administraciones y siete directores ejecutivos de la AEE, haya demasiado papeleo y espera de meses por reuniones y firmas. “La incertidumbre de resultados lo que provoca es la volatilidad de los contratos”, sumó.

González levantó dos retos adicionales: por un lado, que no puede hablarse de privatización sin antes haber restaurado la infraestructura de la AEE, lo que según el plan fiscal cuesta sobre $17,000 millones. Por el otro, que la JCF tendrá que decidir si la corporación pública dejará de recibir ingresos por concepto de clientes que se salen de la red o que generan su propia energía, y si bajo ese escenario de pérdida de ingresos la corporación –sea pública o privada– es viable.

A diferencia de otros temas –como el recorte de la jornada laboral de los empleados públicos y la reducción de pensiones– la JCF y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares coinciden en la privatización de la AEE: la capacidad generatriz –las centrales y plantas, por ejemplo– pasaría a manos privadas, mientras que las líneas de transmisión y distribución serían objeto de concesiones a término definido vía alianzas público-privadas.

Al momento, un 30% de abonados –450,000 personas de los 1.5 millones de clientes de la AEE– permanece sin servicio eléctrico en la isla. Empero, alcaldes han estimado que la cifra verdadera alcanza el medio millón.

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