“Austeridad y pobreza”. Con esas características un experto en relaciones laborales definió el panorama al que se enfrentarán los empleados públicos del País, tras la reciente aprobación del proyecto de la Cámara 938, que se convirtió en ley el sábado pasado.
“Lo que hace este proyecto, en términos generales, es reducir muchos de los beneficios adquiridos que han logrado los trabajadores a través de su proceso de negociación colectiva, que no solamente es una práctica protegida por nuestra constitución, sino un derecho fundamental y una política pública laboral que todavía está vigente en Puerto Rico”, explicó Carlos Alá Santiago Rivera.
En las 114 páginas del Proyecto 938, que se aprobó el pasado jueves entre manifestaciones y protestas de los empleados públicos y fue firmado por el gobernador, Ricardo Rosselló, convirtiéndolo en la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, se incluye una reducción al bono de Navidad de los empleados, así como la eliminación de cualquier otro tipo de bonificación. Además, no se pagarán horas extras y reduce los días de licencia por vacaciones, enfermedad, maternidad y paternidad, entre otros.
Según Santiago Rivera, catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP), esta nueva ley es el seguimiento de las políticas de ajuste fiscal y flexibilidad laboral que comenzaron en el 2009 con la Ley 7, bajo el gobierno de Luis Fortuño.
“La diferencia entre lo que ocurrió [con las pasadas leyes] y lo que ocurre ahora es que [en años anteriores] esas medidas que se tomaban eran por un tiempo determinado y ahora la propuesta de flexibilidad y de arrancarle los derechos a los trabajadores es permanente. Es austeridad y pobreza permanente”, puntualizó el catedrático.
Rivera Santiago recalcó que esta ley afectará a todos los trabajadores, pero en especial a aquellos que sean contratados luego que esta entre en vigor.
“En términos generales [la medida] desmotiva a la gente para trabajar y ciertamente se produce un país más pobre”, añadió, a lo que sumó quye para que un país se desarrolle, es necesario tener trabajadores tanto en el sector público como en el privado.
El experto comentó que, si se comparan las exposiciones de motivos de las leyes de flexibilidad laboral —que son las que recortan los derechos laborales— estas exponen que su fin es crear condiciones para ser más competitivo y para que los patronos contraten y creen mejores empleos. No obstante, al verificar si se crearon dichos empleos, la realidad es que las empresas no los crean.
“Entonces aquí quitan los incentivos para ayudar a los trabajadores, quitan los incentivos para los pobres, los viejitos y retirados, pero las compañías están lo más tranquilas por ahí recibiendo exención contributiva”, indicó Rivera Santiago.
Por otra parte, el catedrático hizo hincapié en que esta medida es inconstitucional, ya que, por ejemplo, en la constitución se establece que se deberán para las horas extras, si el empleado trabaja más de ocho horas. “Parecería como si nuestra constitución hubiese sido enmendada”, sostuvo.
La justificación, de acuerdo con el profesor, es que ahora se lleva el mensaje de que —debido a que el país atraviesa una crisis fiscal— es necesario hacer todo tipo de ajuste, incluyendo aquellos que entran en conflicto con la constitución. Sin embargo, “es ajustado más que para la gente pobre y para los trabajadores”.
Asimismo, Rivera Santiago mencionó que se debe considerar el impacto que esto tendrá tanto en los empleados como en la estabilidad económica de sus familias. Esto, a largo plazo, terminará por perjudicar mucho más la economía de Puerto Rico en lugar de mejorarla, como se pretende.
Otra consecuencia de la aprobación de esta ley, junto a las leyes ya establecidas previamente, es que —entiende el catedrático—se está retrocediendo en el tiempo. Es decir, que los logros que los empleados públicos han tenido a través de los años, están por desaparecer nuevamente, si se continúa legislando así.
“Tenemos a la gente más responsable del país, la gente que le ha creado la riqueza a Puerto Rico siendo penalizada por unas leyes que lo que hacen es retrotraernos al pasado. A un pasado turbulento y triste porque [en aquel entonces] al empleado se le explotaba. Y lo que quieren lograr [con estas leyes] es precisamente que los trabajadores estén desamparados”, advirtió el experto.
