Un episodio de náusea no solo implica el deseo de devolver algo ya digerido, sino también la intolerabilidad física de algo en nuestro interior. Esto se encuentra acompañado de un sentimiento de repugnancia, de rechazo. Así se encuentran muchos que forman parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Están llenos de disgusto, de aversión por las medidas recién tomadas por la administración.
La razón no es una novedosa. Probablemente algunos vean este asunto como algo que, de tanto repetirse, no vale la pena perder tiempo pensándolo o incomodándose por él. Incluso aquellos ciudadanos que prestan atención a lo que acontece en el primer centro docente del país critican el proceder de las decisiones institucionales, como las determinaciones relacionadas a los nombramientos selectivos (una de las posibles razones por las que ciertos sectores se niegan a dar apoyo a la UPR). Constantemente se señala públicamente que en la UPR, como en otras entidades públicas, están presentes la politiquería y el panismo. No hay respeto por la autonomía universitaria.
El pueblo no es ignorante. Gracias a buenos periodistas que aún quedan, el país vio cómo se iba pasando lista de los donantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) que fueron colocados en posiciones directivas en la UPR. Un presidente interino destituyó, sin justa causa, a los rectores que estaban en función, en un momento donde la mayoría de las unidades se encontraban en moratoria para recibir fondos federales.
Ciertamente, estos rectores destituidos fueron los mismos que reconsideraron su decisión de renunciar a principios de año, teniendo en cuenta la delicada situación que estaba enfrentando la universidad, los retos que se aproximaban y el peligro de dejarla sin una plana mayor. De los retos, cabe mencionarse el extenso proceso de huelga. A pesar de que en las postrimerías de la paralización la institución quedó descabezada –sin Junta de Gobierno ni presidencia–, fueron ellos y ellas quienes mostraron al País que no se necesita el monstruo burocrático administrativo para dirigir la UPR (aunque muchos no lo quieran reconocer).
Fueron ellos y ellas –los mismos que comenzaron los procesos para recuperar la elegibilidad de Título IV de las unidades a las que servían– quienes fueron destituidos, y en su lugar se acomodaron “otros” que estaban ajenos a los procesos realizados para que los estudiantes tuvieran las ayudas federales. Todo para que, luego, esos “otros” se dieran golpes en el pecho de que bajo su término en el puesto fue que la elegibilidad se “logró”. ¡Qué falacia! Ese cuento no nos lo tragamos.
No quiero que se piense que ignoro que las pasadas personas que han ocupado las rectorías fueron nombrados de forma semejante. Estoy consciente de eso. Ahora, en caso de que usted, lector o lectora, se encuentre en desacuerdo con la costumbre del cambio de gobierno o de administración cada cuatro años (espero que sea el caso), ¿deberíamos continuar promoviendo esas malas costumbres? Piense en la notificación de las destituciones irrazonables de estos rectores. ¿Respondieron a una determinación ponderada, crítica e imparcial? ¿Se consideraron las obras y el carácter de los rectores, o se consideró los intereses de individuos y grupos politizados? ¿Se desechan, sin fundamentos y en nombre de la democracia y el servicio público, a estas personas? Eso es una falta de respeto.
Los procesos para elegir “puestos de confianza” en la UPR se han convertido en tremenda basura. Lo que debemos cuestionarnos es de quién deben gozar confianza los servidores públicos: si de aquellos a los que les sirven, o de los políticos y sus agendas. Es nauseabundo lo que nuestra institución de educación superior enseña al país sobre lo que deben ser procesos “democráticos”.
La UPR en Humacao, el caso especial
Cabe señalar de forma particular el reciente caso en la UPR en Humacao y el nombramiento arbitrario del rector interino Héctor Ríos Maury. De las 11 unidades y recintos, este es el único que tiene una rectoría dirigida por alguien que no era de la unidad. Para la sorpresa de muchos, este tipo de nombramiento no había tenido precedentes en la UPR en Humacao, pues el doctor Ríos Maury no solo venía de afuera (Río Piedras), sino que era un desconocido para los miembros de la comunidad universitaria, quien ignoraba totalmente lo que sucedía en la unidad en medio de la convulsión de los pasados meses.
El doctor Ríos Maury “humildemente” vendría a ordenar la casa, “elevando la competitividad de la universidad”, debido a que los anteriores rectores no lo habían hecho bien, como indicó en entrevista con una emisora regional el 1 de agosto de 2017. Ni los cuerpos representativos y deliberativos de la institución (como el Senado Académico o el Consejo General de Estudiantes) fueron consultados para dicha designación. Todo esto ha generado disgusto en docentes, no docentes y estudiantes de la UPR en Humacao.
Tampoco se pasa por alto que tan reciente como en el 2010, año en que Ríos Maury fue evaluado por el Senado Académico del Recinto de Río Piedras para el puesto de rector, sus calificaciones fueron insuficientes, por lo que no fue recomendado al puesto (ver página 27, conclusión de dicho cuerpo representativo en el Informe final: Comité de Búsqueda y Consulta para la Designación del Rector o Rectora del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, 2010).
Quizás haya diferencias, resentimientos y hasta crítica a los que han asumido puestos administrativos en diferentes momentos. Incluso, los funcionarios de pasadas administraciones han participado también de la misma mala práctica. Es indignante estar en una posición y que haya un conteo regresivo del tiempo que te queda en aquello a lo que te has dedicado y esforzado, por la simple razón de que es una costumbre –justificada con la reglamentación– en la universidad. “Tremendo” progreso democrático.
¿Aceptar malas costumbres?: Cambio de partido, cambio de administración
Me parece escuchar algunas voces, principalmente de aquellos que tienen experiencia en el sistema, diciendo: “Ay muchachito, no se por qué te sorprenden las cosas, si siempre han sido así”.
Mi respuesta es: ¡¿Y?! ¿Acaso lo incorrecto debe aceptarse porque se vuelve usual? Es lamentable que los servidores públicos del país, que son parte de una de las instituciones con mayor prestigio y aportaciones como lo es la UPR, caminen con esa canción fatalista que finalmente fomenta que continúe la cultura de politización.
Nada lejos a lo que observamos reducido en las masas del país: “Así es la vida, ¿qué podemos hacer?”. Ah, no olvidemos aquellos que tienen mayor léxico y conocimiento de documentaciones, que dicen la misma bazofia haciendo referencia a reglamentos, como si estos garantizaran necesariamente lo que es justo. Basta con dar un vistazo a la historia que da testimonio de las injusticias legales que se han cometido.
Por ejemplo, tan reciente como el pasado lunes 14 de agosto, en la UPR en Humacao la rectoría envió una misiva a todos los directores de programas y departamentos solicitando entregar la posición a la “disposición del rector”. A pesar de que finalmente se restablecieron a varios de los que se encontraban en la dirección, el espíritu que inicialmente se percibía era la intención de desplazar, sacar, botar, del puesto de servicio.
Pero al parecer el momento “más indicado” para hacer justo eso era un día antes de comenzar las clases, en pleno proceso de matrícula, durante el proceso de evaluación de los programas –incluyendo su revisión curricular–, sin la contratación de los profesores sin plaza, sin aprobar los contratos de práctica de decenas de estudiantes candidatos a graduación y durante la mitad de procesos de reacreditación de programas académicos. En medio de todo eso se pretendía remover a los directores. Que conste, esto no es necesariamente una defensa a favor de quienes ocuparon las posiciones vacantes –no se puede olvidar que estos llegaron mediante el mismo procedimiento–. La situación trasciende los individuos que ocupaban los puestos. El problema es uno estructural. La UPR lleva décadas con la misma manía: algunos que lo desconocían han despertado con la misma indignación que tienen aquellos que llevan años en la universidad.
Al parecer, la agenda de desestabilización de la universidad que ha tenido acción en los pasados meses continúa a todo vapor. Comenzó en la Junta de Gobierno, la presidencia y las rectorías. Los cambios en estas, a su vez, modifican la composición de la Junta Universitaria, así los decanatos y finalmente la dirección de departamentos y programas académicos. Las implicaciones de este vaivén administrativo de la UPR, con sus matices político-partidistas y elementos de panismo, ha sido señalado por individuos y grupos internos o externos a la universidad –incluso por la venerada Middle State Commission on Higher Education (MSCHE)– como factores de una mala gobernanza y la violación en un sin número de ocasiones de la autonomía universitaria. Esto ha sido confirmado recientemente por la directora de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Que no vengan con la filosofía barata de que “para lograr grandes cambios se necesitan tomar decisiones drásticas”. En todo caso lo más drástico, considerando la cultura institucional, sería abandonar y dejar de racionalizar las malas costumbres. El rector de la UPR en Humacao, como han hecho muchos otros durante largos años, ha afirmado que vino a trabajar de forma transideológica. Pero la comunidad universitaria no es tan tarada como para olvidar que su puesto tiene que gozar de, lo que las autoridades han nominado, “concordancia y empatía” entre la persona que esté ocupando el puesto y la autoridad que le nomina (según la Sección 71.3.1.1 del Reglamento General de la UPR) o mejor dicho de “extrema concordancia y empatía”, según sostuvo en la comunicación enviada.
La sección reglamentaria es clara: el nombramiento es condicionado a estar de acuerdo con la agenda de sus superiores. Creo que los que ocupan puestos de gobernanza no son iletrados y saben que la historia da testimonio de lo que he expuesto, a pesar de que se intente ignorar. Por el afán de “mantener el control”, como nos recordaron los profesores Héctor J. Huyke y Mario Medina, muchos pasan por alto que la misma fuente que han utilizado para la remoción de los puestos de confianza afirma que antes de que el personal universitario emita su renuncia siempre debe velar por el “interés institucional” (de acuerdo con la Sección 36.4).
De la repugnancia a la denuncia
¿Qué importa si el cambio de administración es una costumbre en los cambios de gobierno? Esto no puede seguir aceptándose. Esa tradición debe ser denunciada y combatida. Como ciudadano interesado en la educación del pueblo y egresado de la UPR en Humacao, entiendo que unos deben romper el silencio y otros seguir repudiando dichas prácticas que han sido aceptadas como normales. El pueblo tiene un deber moral de denunciar toda decisión, reglamentada o no, que atente contra una gobernanza verdaderamente democrática.
Una vez más, esto muestra lo que la comunidad universitaria debe seguir reclamando: ¡despolitización de la Universidad de Puerto Rico! Lo señalado arriba es un ínfimo ejemplo de las condenables acciones que han sido observadas por décadas en esta prestigiosa institución: una razón adicional para que la comunidad universitaria continúe militante exigiendo una reforma universitaria que venga de los sectores que lo componen, no de las élites en poder.
Tal como diría el compañero Héctor Barreto, “el cambio comienza en la base, en la comunidad universitaria nace”. Que se escuche el reclamo: ¡Reforma universitaria, ya!
Nota del editor: Diálogo invitó al rector interino de la UPRH, Héctor Ríos Maury, a redactar una columna en respuesta a este texto a fin de fomentar el debate universitario. Sin embargo, el funcionario declinó la invitación.
