Estructura en el área de Córcega en Rincón. (Cortesía del profesor Aurelio Castro)
El planificador ambiental Luis Jorge Rivera Herrera denunció que la Junta de Planificación (JP) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aprobaron una orden administrativa a solo 16 días del paso del huracán María, que podría permitir la construcción en áreas vulnerables afectadas por el temporal que devastó al País.
Según Rivera Herrera, la Orden Administrativa 2017-07 “exime a las personas de realizar y cumplir con el proceso de evaluación ambiental relacionado a la reconstrucción de toda estructura o instalación afectada por el huracán María a través de una solicitud de exclusión categórica”.
“En una exclusión categórica se agrupan, ordinariamente, todas aquellas actividades que se realizan frecuentemente y cuya naturaleza, intensidad o extensión se entiende no ocasionan impactos significativos al medio ambiente (instalación de un poste, asfaltado de una carretera existente, etc.)”, sostuvo el ambientalista por medio de un comunicado.
Añadió que, en consecuencia, “para los trabajos a realizarse, no se requiere de la preparación de estudios ni un análisis sobre, si por ejemplo, la estructura a reconstruirse está en un área vulnerable y propensa a daños, nuevamente, por un fenómeno natural similar”.
El ganador del Premio Ambiental Goldman 2016 señaló que la orden Para Eximir del Trámite Ordinario de Permisos de Construcción y Urbanización y el Pago de Derechos a Ciertas Actividades Esenciales Afectadas por el Huracán María con el Fin de Realizar Trabajos de Reconstrucción, es sumamente vaga y general en cuanto a las actividades de reinstalación y reconstrucción.
Explicó que aplicará “al grupo de usos o actividades gubernamentales, comerciales, industriales e institucionales que atiendan las necesidades esenciales y apremiantes de la ciudadanía como, pero sin limitarse a: combustible, alimentos (incluyendo preparación de alimentos), agua potable y hielo, transportación, medicamentos, servicios médicos y hospitalarios, telecomunicaciones, producción y venta de materiales de construcción y otros usos o actividades afines no aquí mencionados que estén relacionados con suplir las necesidades básicas y dirigidas a aliviar o atender el estado de emergencia”.
Rivera Herrera alertó que la orden menciona que se puede llevar a cabo mejoras sustanciales que impliquen ampliación, reconstrucción, rehabilitación u otra mejora de una estructura en “áreas costaneras de alto peligro, que son aquellas áreas en la costa sujeta a la inundación base y a altas velocidades de aguas que incluyen marejadas ciclónicas”, entre otras, siempre y cuando cumplan con el Reglamento sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación.
Responde la Junta de Planificación
Por su parte, la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, defendió la orden emitida.
La funcionaria dijo a Diálogo que difería de la apreciación de Rivera Herrera porque la orden administrativa es muy específica y va dirigida a la reconstrucción de estructuras que se presume están erigidas en conformidad a las reglamentaciones de la agencia.
Explicó que la orden se limita a aquellas estructuras ubicadas en zonas comerciales o infraestructura esencial para la reconstrucción del País, pero no aplica a las zonas residenciales.
Subrayó que el objetivo es sustituir y reparar lo que ya estaba establecido en esas áreas en particular en conformidad a los permisos que ya se les habían otorgado.
La funcionaria destacó que la orden 2017-07 “no es un cheque en blanco”. Asimismo, informó que la JP realizará inspecciones y auditará los expedientes de las personas que se acojan a la exclusión propuesta por el gobierno a fin de corroborar que estén en cumplimiento con las reglamentaciones establecidas.
Sin embargo, durante la entrevista con este medio, Gordillo no pudo precisar cuántas solicitudes y quiénes se habían acogido hasta el momento a la nueva certificación de la JP. La presidenta de la JP aseguró que esa información estaría disponible eventualmente a la prensa y al público en la página web de la agencia. Adelantó, empero, que la página podría tener problemas por las fallas en la Internet ocasionadas por el huracán.
“Sin aprender la lección”
A pesar de las afirmaciones de Gordillo, Rivera Herrera subrayó que bajo dicha orden se continúa promoviendo o permitiendo la construcción en áreas de alto riesgo utilizando un reglamento cuyas disposiciones y aplicación demostraron ser “inefectivas” e “inadecuadas” tras las inundaciones sufridas por cientos o miles de estructuras con el paso del huracán María.
El ambientalista comentó a Diálogo que una verja contigua al condominio Park Boulevard, que ha sido motivo de disputa entre residentes de Ocean Park y la Coalición Playa para Todos, se encuentra dentro de las estructuras a ser reparadas, aunque está ubicada en la zona marítimo terrestre donde se supone que no haya construcciones.
Asimismo, Ruperto Chaparro, director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, declaró que algo similar ha ocurrido en Rincón, Isabela, Cabo Rojo y Mayagüez. Señaló que las autoridades gubernamentales deben reducir la vulnerabilidad de esas comunidades evitando que se reconstruya en las zonas afectadas y no promover o alentar esa práctica.
“Debemos tratar de reducir la vulnerabilidad de las comunidades costeras, y promoviendo los mismos errores no lo vamos a lograr”, sostuvo.
Por su parte, Rivera Herrera lamentó que el Gobierno no hubiese aprendido la lección que nos dejó el temporal. “Es evidente que los funcionarios que dirigen estas agencias no han aprendido de la experiencia y los daños sufridos por decenas de miles de familias en el País tras el paso de los huracanes Irma y María”, afirmó el planificador.
“Es necesario preguntarse si están capacitados o están hábiles para ayudar a dirigir la recuperación de Puerto Rico, y con ello, encaminar nuestro desarrollo sostenible y resiliente frente a los retos que ya enfrentamos por la crisis fiscal y el cambio climático”, observó.
Rivera Herrera solicitó que tanto los dirigentes de la JP y OGPe como el gobernador Ricardo Rosselló Nevares se expresen al respecto por las implicaciones que tal proceder conlleva, particularmente ante las solicitudes hechas para recibir mas fondos y ayuda del Gobierno Federal.
