Más de siete meses después del huracán María, las organizaciones que proveen servicios a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual en Puerto Rico reportan un aumento en violencia contra las mujeres desde que la tormenta azotó la isla.
A la vez, un colapso en la infraestructura de la isla y estadísticas oficiales poco confiables dificultan cuantificar el problema y responder a las necesidades de emergencia de las víctimas.
La violencia sexual y la violencia infligida por la pareja tienden a aumentar a raíz de los desastres naturales debido a los altos niveles de estrés, la dificultad para atender las necesidades básicas y el colapso de las redes de apoyo social, según la Organización Mundial de la Salud. Puerto Rico tiene una de las tasas más altas de violencia contra las mujeres en el mundo, que ha aumentado en los últimos años.
Líderes de varias organizaciones que atienden a las sobrevivientes en la isla dicen que los dos huracanes del año pasado probablemente exacerbaron la tasa de violencia contra las mujeres en Puerto Rico.
En la Casa Nueva Mujer, una organización que opera un albergue para víctimas de violencia doméstica en Cayey, la directora ejecutiva, Vilmarie Rivera, dice que ella atendía a 18 familias antes del huracán.
Ahora asegura que ayuda a 43. Rivera dice que los números oficiales del gobierno sobre violencia doméstica no coinciden con lo que organizaciones como la suya están viendo en su diario.
“El problema es que no tenemos estadísticas que demuestren que tenemos un aumento de esos casos”, dice ella.
Las organizaciones que prestan servicios a las víctimas dicen que una de las razones para las lagunas en la información es que tres agencias gubernamentales diferentes recogen los datos. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres registra las solicitudes de servicios de violencia doméstica y las llamadas a su línea directa. La Policía rastrea los informes de incidentes de agresión sexual y violencia doméstica en persona y por teléfono. Mientras que los tribunales reciben los casos penales y el número de órdenes de protección presentadas.
“Las estadísticas de las tres agencias no coinciden, porque no tienen un sistema integrado”, dijo Amarilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria, una organización con sede en Caguas que ofrece servicios y trabaja con mujeres.
Pagán Jiménez piensa que las tasas de violencia son mucho más altas de lo que se informa, en parte porque las líneas directas de emergencia, incluyendo las líneas operadas por la Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres dejaron de funcionar en los días y semanas posteriores al huracán María. Si las víctimas hubiesen tenido acceso telefónico para llamar al 911, la Policía o la línea directa de la Procuradora de la Mujer, era poco probable que pudieran completar sus querellas debido a falta de electricidad y los problemas con las redes de telefonía.
Vilma González, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para la Mujer, una coalición que trabaja con organizaciones de violencia doméstica y agresión sexual, monitoreó las cuatro líneas directas de emergencia de violencia doméstica de Puerto Rico. Todas estuvieron inoperantes durante un período de tiempo después del huracán María.
“Todo dejó de funcionar”, dijo.
González estima que la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, una fuente crítica de apoyo oficial para las víctimas en la isla, tardó más de una semana en restablecerse.
Sin embargo, Carmen Lebrón González, directora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, dice que la línea de emergencia solo dejó de funcionar intermitentemente.
“Fue por periodos”, dijo sobre los apagones. “Hubo interrupciones que a veces duraron dos días”. Durante ese tiempo, Lebrón González dice que la oficina redirigió su línea de emergencias al 9-1-1.
Pero aún antes de los huracanes, líderes de las organizaciones que trabajan con mujeres, como González, dicen que era difícil recopilar estadísticas precisas sobre la violencia contra las mujeres. Debido al estigma o el temor a las consecuencias, las víctimas a menudo no denuncian incidentes de agresión sexual y violencia doméstica. El huracán probablemente exacerbó esta tendencia.
“No hay manera de que podamos tener estadísticas precisas”, dice González. “Para empezar, había mucha gente que no tenía teléfono. Pero sabemos que ocurrieron muchos casos de violencia doméstica y agresión sexual”.
La coalición que dirige González y al menos tres otras organizaciones de violencia doméstica que fueron entrevistadas por el Centro de Periodismo Investigativo dijeron que hubo un aumento en casos, en los referidos de otras organizaciones y las llamadas de personas solicitando servicios.
Para las víctimas que sí querían reportar crímenes en su contra o buscar ayuda, puede que su servicio telefónico inestable les haya prevenido de hacerlo. El Departamento de Energía federal estima que casi toda la isla perdió energía eléctrica el día después del huracán María. 30 días después del huracán, apenas el 18.5% de la isla tenía energía eléctrica.
“Creemos que la mayoría de los casos probablemente nunca se informaron durante el primer mes del huracán”, dijo Pagán Jiménez.
En la lucha por la supervivencia básica, reportar un caso de violencia doméstica o agresión sexual puede no haber sido una prioridad para las víctimas que enfrentaban la devastación causada por el huracán.
“Si eres víctima de una agresión sexual, no vas a ver eso como una prioridad, porque estás pensando ‘Necesito sobrevivir'”, dijo González.
El miedo a la Policía o la falta de fe en el sistema que se supone ayudará a los sobrevivientes, como las agencias de ley y orden u oficinas gubernamentales, puede haber sido otra causa.
Tanto González como Pagán Jiménez dicen que recibieron informes de toda la isla de que la Policía no registró querellas de violencia en persona y por teléfono.
“[Las víctimas] se enfrentaron a muchos problemas, porque [la Policía] no quería tomar sus querellas. No estaban dando prioridad a los casos de violencia doméstica”, dijo González.
Para González, la actitud es consistente con lo que le han dicho las mujeres y los informes de las entidades integrantes de la coalición. En Caguas, el Proyecto Matria se hizo eco de esta preocupación.
“Esto se repitió en toda la isla en diferentes departamentos de la Policía” , dijo Pagán Jiménez. “No piensan que un caso de violencia doméstica sea una emergencia”.
El Departamento de la Policía de Puerto Rico tiene un historial de no reportar casos de violencia contra las mujeres. En 2011, el Departamento de Justicia federal descubrió que la policía no estaba denunciando la agresión sexual y la violencia doméstica.
Al 4 de abril de 2018, la Policía citó un aumento del 6% en las violaciones en comparación con el año anterior. La agencia informó de 8,473 casos de violencia doméstica para 2017, mientras que se registraron 11,640 para 2016. Pero es difícil determinar si hubo un aumento en la violencia doméstica inmediatamente después de los huracanes. La agencia no ha publicado las estadísticas de violencia doméstica antes y después de María delineadas por mes de ocurrencia para 2016 y 2017. Las llamadas del Centro de Periodismo Investigativo a la Unidad de Violencia Doméstica de la Policía nunca fueron contestadas.
El cierre de los tribunales fue otro factor que contribuyó a la falta de recopilación de la información. Con la mayoría de los 13 tribunales regionales cerrados, las víctimas no pudieron solicitar órdenes de protección ni ver sus casos penales en vistas, que son otro indicador oficial de incidentes de violencia doméstica.
“Solo tres tribunales estaban abiertos: Aguadilla, Caguas y Mayagüez” , dijo Pagán Jiménez. “Las mujeres del sur de la isla no tenían dónde ir”.
“Las mujeres que viven en las zonas rurales se vieron más afectadas porque hay menos servicios para ellas”, dijo González. “El acceso a la ayuda es mucho más complicado”.
Los albergues de violencia doméstica eran un servicio confiable para las mujeres en áreas remotas. Pero de los ocho refugios de violencia doméstica que funcionan en la isla, solo cinco estaban operando después del huracán debido a los daños ocasionados. En San Juan, la Casa Protegida de Julia de Burgos reubicó a sus participantes debido a problemas de seguridad causados por la devastación. En Humacao, la Casa de la Bondad sufrió daños que la obligaron a cerrar temporalmente.
En Arecibo, los sobrevivientes tuvieron dificultades para encontrar un refugio después de los huracanes, a pesar de tener dos albergues de violencia doméstica en la ciudad. Uno de ellos, Capromuni, cerró temporalmente debido al daño causado por el huracán. El otro, un refugio municipal, Casa Protegida Luisa Capetillo, cerró indefinidamente en septiembre debido a la falta de fondos.
Ante las fallas en la red para apoyar a las víctimas de violencia, las organizaciones que prestan servicios a las mujeres dicen que la necesidad de servicios es continua.
“Sé que los refugios que aún están abiertos están llenos”, dijo Edna Zamot, directora de Casa Protegida Luisa Capetillo.
Las organizaciones que ayudan a las víctimas dicen que los retos para proveer el servicio después de los huracanes, como lo es el cierre de refugios en Arecibo, resaltan la necesidad de un mayor apoyo del gobierno.
Pagán Jiménez dijo que la respuesta de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres inmediatamente después del huracán y en los meses posteriores ha sido inadecuada.
“Para nosotros, es como si [la Oficina de la Procuradora de las Mujeres] no existiera”, indicó. “Después del huracán estaban totalmente perdidos. Antes o después del huracán, no tenían una campaña para orientar a las mujeres sobre sus derechos y sobre cómo lidiar con la violencia doméstica”.
González, de Coordinadora, validó este señalamiento.
“No había un plan por parte del gobierno y las agencias que respondieron”, aseguró. “Le dieron prioridad a las gasolineras, a dirigir el tráfico, pero no a la violencia doméstica y la agresión sexual”.
Pero la Oficina de la Procuradora de las Mujeres señaló que ayudar a los albergues contra la violencia doméstica fue fundamental en su plan de emergencia inmediatamente después del huracán.
“Tuvimos un plan de emergencia que, de hecho, se activó y funcionó”, expresó Lebrón González sobre la respuesta de emergencia de su oficina a los huracanes. “Hicimos mucho para garantizar que los refugios estuvieran disponibles para las mujeres”.
Pero sus alegados esfuerzos no han sido sentidos por las organizaciones, que están abrumadas desde que ocurrió el huracán. Los sobrevivientes de violencia en la isla continúan lidiando con un sistema que no abarca todas sus necesidades.
“La supervivencia después de María es mucho más complicada y más difícil que antes”, dijo González. “Pero aquí estamos”.
