Un zar del gas parece enfilar sus cañones hacia Borinquen. Cuan natural sea lo que suceda después está por verse.
A pesar de que no se ha confirmado oficialmente, varios medios boricuas apuntan a que el expresidente del Centro para Gas Natural Licuado (CNLG, por sus siglas en inglés), Bill Cooper, es el más mencionado para ser el designado al puesto de director ejecutivo de la junta de control fiscal impuesta por la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA).
Según publicó en primicia durante la noche del lunes el diario Caribbean Business En Español, un cabildero del Partido Republicano en Washington señaló que el nombramiento de Cooper “ya es un hecho”. Posterior a esto, El Nuevo Día indicó que Cooper es un “fuerte candidato”, aunque no descartó que se nombrara a Fernando Battle, ejecutivo principal de Santander Securities.
Más tarde, el diario Metro dio por hecho el nombramiento citando como fuente al exrepresentante del Partido Nuevo Progresista y delegado republicano en Puerto Rico, el jayuyano José ‘Pichy’ Torres Zamora, quien dijo recibir la información vía mensaje de texto.
La junta de control fiscal ya cuenta con sus siete miembros, además del exvicegobernador de Nueva York, Richard Ravitch, que representa al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Se supone que se reúna en los próximos días para escoger su director y empezar a dictar el futuro del pueblo de Puerto Rico.
A pesar de que los medios puertorriqueños ponen a Cooper como un expresidente del CNLG, el portal para el evento North American Gas Forum, dónde éste participará en octubre, lo cita como el actual presidente de esa organización. Durante los pasados 30 años, Cooper ha sido una figura prominente de la energía en Estados Unidos. El también exsocio del bufete Hunton & Williams LLC además fue asesor del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Incluso, fue uno de los que diseñó la Ley Para las Mejoras de la Seguridad de Tuberías (Pipeline Safety Improvement Act) de 2002. Curiosamente, el CNLG, bajo su mando, publicó en 2013 un estudio que indica que en la zona de Puerto Rico y las Islas Vírgenes cuenta con 244 mil millones de pies cúbicos de gas natural sin descubrirse.
Apesta a gas… hace rato
Para el doctor Arturo Massol, líder de la organización ecológica y social Casa Pueblo, todo esto pudiera significar la perpetuación de un sistema de energía parecido al del petróleo y el atraso del desarrollo de la industria de energías renovables en Puerto Rico a favor del gas natural. Por supuesto, de entrada hay que tomar con pinzas todo este gris escenario.
“Sí, sé de esto”, dijo Massol en alusión al estudio del CNLG. “Pero esas proyecciones son basadas en varios supuestos, muchos ifs. Pudiera ser, pero no creo. Vienen, pienso, a hacer a Puerto Rico un mercado de Estados Unidos y su fracking, para que compremos el de ellos”.
El fracking es el nombre que se le da en inglés a la fracturación hidráulica del terreno para propiciar la salida del gas natural. Es una técnica que permite mejorar la extracción de gas y petróleo del subsuelo, inyectando a presión algún material en ese suelo para que aumenten las fracturas ya existentes en las rocas del interior. Así, se libera el gas, o el petróleo, según sea el caso. Usualmente se inyecta agua con arena o algún tipo de espuma.
Ambientalistas señalan que el peligro del fracking radica en la utilización primero de miles de litros de agua, mezclados con químicos y arenas. Estos compuestos químicos contaminan terrenos y acuíferos subterráneos. El problema ha sido documentado en numerosas ocasiones en lugares donde los químicos, en especial el metano, llegan a los acueductos y, posteriormente, a los grifos de los hogares de la ciudadanía. Es decir, en vez de agua, lo que sale por la pluma es un químico altamente inflamable.
El cuatrienio pasado, Massol, Casa Pueblo y varios grupos ambientalistas, cívicos y sociopolíticos lideraron los esfuerzos para detener el Gasoducto del Norte, diseñado por la administración del gobernador Luis Fortuño. El gasoducto hubiese atravesado la Cordillera Central de Puerto Rico y puesto en peligro los cuerpos de agua y la flora y fauna silvestre de Borinquen. Un masivo movimiento de pueblo detuvo el proyecto, cuya construcción fue adelantada por el gobierno y que incluso vio expropiaciones de tierras realizadas en el área en cuestión.
Entonces, está el Aguirre Off Shore Port, en la costa de Salinas. En 2015, el Centro de Periodismo Investigativo lanzó la voz de alerta sobre el impacto ambiental de la construcción de este terminal para transportar gas natural a la Central Eléctrica Aguirre. Según el artículo del periodista Joel Cintrón Arbasetti, los ambientalistas cuantifican el “costo social específico” anual de daño ecológico en $13.65 millones, para un total de $286 millones en 21 años.
De igual forma, señala que la construcción y operación del proyectado terminal y gasoducto marítimo podría tener un efecto bruto de reducir en $21 millones para 2016 la masa de los salarios para el conjunto de los asalariados de las economías de la zona.
Las remodelaciones, tanto en el terminal que queda a cuatro millas de la costa sur de Puerto Rico, como en la propia Central Eléctrica Aguirre, como en el terminal acuático forman parte de una propuesta de los propios bonistas de la AEE, en inglés conocida como la Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA).
La AEE, autoridad pública de energía eléctrica más grande de los Estados Unidos y sus territorios, tenía hasta el año pasado $8,600 millones en deuda y debía pagarles antes del 1 de julio pasado a sus accionistas cerca de $400 millones en principal e intereses. Claro, llegó PROMESA, y con ella una extensión para el pago de los bonistas, en su mayoría de fondos buitres y mutuos.
Pero el terminal de gas natural en Aguirre y la empresa que lo desarrolla, Excelerate Energy enfrenta resistencia en los tribunales. A finales de agosto de este año, el grupo de activistas ambientalistas Comité Diálogo Ambiental retó en el Tribunal de Apelaciones los permisos de construcción y operación del terminal, otorgadas el año pasado por la Comisión Federal de Regulación de Energía.
El grupo indica que para esto hay que realizar una exhaustiva consulta correspondiente a la Sección 7 de la federal Ley de Especies en Peligro. La FERC señala que bajo la Sección 3 de la federal Ley de Gas Natural, pueden posponer este tipo de consultas hasta que se apruebe la construcción y la operación de las facilidades.
Fenosa pica al frente
Aguirre sigue bajo lupa de los ambientalistas y la opinión pública, pero, ahora mismo, el ejemplo más palpable de resistencia por razones ecológicas a un proyecto de gasoducto que hay a la mano es el que se vivió el cuatrienio pasado con el Gasoducto del Norte. Aquel proyecto fue detenido, pero sí se realizaron otros, más notablemente la EcoEléctrica, en el área de Guayanilla y Peñuelas.
La EcoEléctrica cuenta entre sus inversionistas principales a los dueños de la empresa española Gas Natural Fenosa. De hecho, Fenosa también fue un cabildero fuerte para la construcción de aquel Gasoducto del Sur que empujaba desde Fortaleza la administración del republicano Luis Fortuño y desde el Senado la del entonces presidente Thomas Rivera Schatz. Durante los pasados 15 años, la empresa española ha realizado controvertibles proyectos en Colombia, Chile y República Dominicana, entre otros países latinoamericanos.
El pasado 31 de agosto, durante una maratónica cobertura en vivo de las protestas en contra del 1st PROMESA Conference, en el área cercana al Condado Plaza Hilton, en San Juan, Diálogo entrevistó al administrador comercial de Gas Natural Fenosa, el mexicano Joaquín Meugniot. Los manifestantes impidieron el paso de Meugniot, quien aseguró que iba al evento en representación de la empresa. No dijo mucho, aparte de que “esperaba algo de protesta, pero no así. Está bien protestar, pero me coartan mi derecho a ir a la conferencia”. Aquel día, tras no poder entrar, Meugniot se fue a una esquinita a ver qué pasaba. Volteamos la vista y ya no estaba.
Tanto la presencia ya sólida en Borinquen de empresas como Gas Natural Fenosa y el posible nombramiento de Cooper a la junta de control fiscal podría sugerir que la explotación del gas natural en Puerto Rico está a la vuelta de la esquina.
“El hecho de que (Cooper) tenga vínculos con el sector de la energía no es una coincidencia”, dijo la misteriosa fuente republicana en el artículo del Caribbean Business En Español:
Guiso a fuego lento en estufa de gas
Massol recordó además que la entrada de Lisa Donahue como oficial en jefe de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica durante este cuatrienio trajo de la mano la contratación de la empresa alemana de ingeniería Siemens para realizar estudios y diseñar un plan de generación y distribución de combustible.
Esos informes y ese plan, empero, aún no se han hecho públicos. Massol ha escrito varias columnas en el diario La Perla del Sur sobre cómo la AEE se enfoca en perpetuar el uso de recursos como el petróleo y el gas natural en vez de recurrir a los recursos renovables, la más reciente en junio pasado.
Se trata, le dijo a Diálogo, de “esclavitud energética, colonia permanente”.
“Siemens hace informes técnicos”, dijo Massol, pero hasta ahora lo que se vislumbra por encima es que “todos los panoramas son para que las plantas sustituyan petróleo por gas natural”, pues aún no se divulgan oficialmente los planes. Eso, entiende Massol, “no es ningún adelanto para inversiones de capital. No se avanza, lo que se hace es que se sustituye”.
O sea, que de acuerdo con Massol el juego de compra y venta con un recurso parecido al petróleo parece que seguirá. Ah, y, claro está, de la mano de esto vendrá “el negocio de la investigación y la exploración, la cual seguramente tendrá un costo material y cuidado si ambiental”.
El estudio del CNLG, explicó Massol, “lo basan en una formación geológica, y con eso el USGS (United States Geological Service) hace prospección, para que otros inviertan y apuesten en una investigación multimillonaria”.
“La exploración es bien técnica y costosa”, subrayó.
“En países como Alemania, por ejemplo, las fuentes fósiles y nuclear invierten para mantener. Toda la nueva infraestructura, dijo Massol, se dedica a largo plazo a la energía renovable.
“Si se estabilizan las finanzas de la AEE se da un paso hacia adelante, pero debe de ir junto a una fuente de energía renovable”. Aquí los escenarios que se vislumbran “son de sustituir petróleo con gas natural. No consideran que la demanda energética ha bajado”.
Un reportaje de esta semana en El Nuevo Día reseña que la labor de Donahue y su compañía AlixPartners International ha sido una desordenada y, en este momento, va lejos de rendir frutos. Según el artículo del periodista Gerardo Cordero, el contrato entre la AEE y Alix Partners International firmado en septiembre de 2014 totalizaba en inicio $8.9 millones, pero ha sido renovado y extendido en cinco ocasiones, para un total en estos momentos de $43.6 millones. Se supone que el acuerdo acabe el 15 de diciembre de este año, y 15 días antes de esto, Alix Partners International deberá someter a la Junta de Gobierno de la AEE un “plan ordenado” de salida, primer informe que harían público en estos dos años.
O sea, tanto Donahue, como la junta de control fiscal y su encaminado mandamás Bill Cooper, parecen tener el sartén agarrado por el mango y listos para cocinar a Puerto Rico a fuego lento en esta inmensa estufa de gas.
El controvertible romance entre la junta de control fiscal y las empresas extractoras de gas natural ya va viento en popa, y aunque la fornicación entre las partes ya comenzó, aún hay mucha especulación. Aún es imposible discernir sobre las virtudes y defectos de las propuestas que vendrán con respecto al gas natural. Al fin y al cabo, Massol dijo que no puede opinar todavía sobre resistencia alguna a medidas que todavía no se toman.
“Nosotros podemos argumentar que los cuerpos de agua, los bosques, las áreas agrícolas pudieran afectarse. Pero aquí no sabemos qué va a pasar, qué rutas son, no se puede reaccionar a eso. Uno sólo puede opinar sobre el concepto, y ese es el que te dije de la esclavitud energética: la sustitución del petróleo por el gas natural y seguir con ese ciclo”, puntualizó.
“Seguimos pendiente a lo que pase en el país”, finalizó el doctor y profesor del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.
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Hermes Ayala
Periodista. Reportero con 20 años de experiencia. Es egresado de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y cursa estudios de maestría en Gestión y Administración Cultural. Posee un diplomado en periodismo deportivo internacional del Instituto de Periodismo José Martí en La Habana, Cuba. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones por el Overseas Press Club y la Asppro.
