En momentos en que el bienestar ecológico se ve amenazado por la Ley Promesa y la declaración de emergencia energética y fiscal que en su primera semana en Fortaleza emitió el gobernador Ricardo Rosselló, los movimientos de resistencia y a favor de las causas ambientales y sociopolíticas apuntan a la movilización. Y eso se hace con cuanta herramienta hay a la mano.
Claro está, es un momento turbio para los activistas a favor del ambiente. El gobierno, lejos de emplear sus recursos para ayudar a proteger los ecosistemas del País, luce más enfocado en permitir el desarrollo desmedido, lo que polariza bastante una lucha ya de por sí desigual. De hecho, el pasado 30 de marzo la Cámara de Representantes aprobó varias enmiendas al Código Penal de Puerto Rico, que convierten en delito grave la obstrucción o paralización de centros de enseñanza, obras de construcción y de salud.
Esta legislación devuelve a Puerto Rico a la atmósfera que permeó durante el cuatrienio de Luis Fortuño, cuando se aprobó la denominada Ley Tito Kayak, un proyecto impulsado en aquel entonces por el senador exconvicto de corrupción Ángel ‘Chuchín’ Soto. En aquel momento, el ejemplo más notorio del empleo de esta ley sucedió en el 2011, cuando varios manifestantes del Frente de Rescate Agrícola fueron arrestados por obstaculizar la construcción de unos molinos de viento en terrenos agrícolas en Santa Isabel.
En esta ocasión, sin embargo, lejos de ser un pintoresco senador de cantinflesco comportamiento, fue la propia presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara el Representantes, María Milagros ‘Tata’ Charbonier, quien impulsó la medida mediante el Proyecto de la Cámara 743. Entre los delitos cuyas penas fueron aumentadas figuran, además, el escalamiento a una propiedad ajena, la amenaza, el incendio y la apropiación ilegal agravada de fondos. Las personas que incurran en dicho delito grave serían sancionadas con pena de reclusión por un término fijo de tres años.
De igual forma, se tipifica como delito grave con pena de reclusión fija de tres años a toda persona que amenace con cometer un delito si dicha amenaza provoca la evacuación de un edificio, lugar de reunión o facilidad de transporte público.
Al proponerse estas medidas en febrero pasado, fueron varias las organizaciones que hicieron sentir su preocupación. La voz cantante en Puerto Rico la ha llevado la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia, colectivo que agrupa distintas organizaciones e individuos, que de inmediato alzaron la voz de alerta sobre, lo que a todas luces, es la criminalización de la libertad de expresión.
Criminalización de la protesta
“Estas enmiendas al Código Penal buscarían castigar a quienes, como parte de una protesta legítima, obstruyan o paralicen obras de construcción, obstruyan o paralicen acceso o labores en edificios donde se ofrezcan servicios públicos, utilicen máscaras o capuchas dentro de instituciones de enseñanza o ‘estorben’ en procesos legislativos o actividades educativas, entre otras conductas”, señaló en febrero la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia, mediante un comunicado de prensa emitido por su portavoz, la licenciada Ariadna Godreau Aubert.
“Preocupa, además, el impacto que podría tener la enmienda propuesta al delito de obstrucción a la justicia, bajo la cual ‘demorar o estorbar’ a un funcionario público sería un delito. Esto impediría que mediadoras promuevan el diálogo y la negociación entre policías y manifestantes. También pudiera impedir la labor de las personas observadoras y de los comités de disciplina. Algunas de estas enmiendas — como la Ley Tito Kayak— ya fueron declaradas inconstitucionales por los tribunales de Puerto Rico”, expresó el grupo.
El colectivo puntualizó que estas enmiendas causan preocupación ante el ambiente de protestas de distintos sectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), al igual que en el sector ecológico.
“La protesta es el primer derecho en la democracia y debe protegerse”, manifestó la licenciada Godreau Aubert, mientras que la también abogada Marilucy González Báez expresó que “estas medidas no guardan relación alguna con la lucha contra el crimen. Además, son amplias y vagas, por lo que no deben de ser válidas. Criminalizan derechos protegidos por la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos”.
De manera similar se manifestó, a finales de febrero, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, quien resaltó que la tendencia mundial apunta a “altos índices de represión contra activistas y defensores de los derechos humanos” de parte de los gobiernos.
“Hoy día nuestro mundo está viviendo un retroceso en materia de derechos humanos. Nos estamos enfrentando a líderes políticos que están utilizando retóricas de odio, de discriminación para poder avanzar sus agendas políticas y económicas”, dijo Guevara-Rosas a CNN en español, en citas recogidas también por el diario Índice.
Mientras tanto, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Márquez, subrayó en entrevista con Cybernews que “a la altura del siglo 21, algunas personas y funcionarios piensan — y promueven mediante legislación— que la tan desprestigiada política de mano dura contra el crimen, como lo propuesto en el Proyecto de Cámara 743 con el aumento desmedido y absurdo en las penas de varios delitos, no es ni será la solución al asfixiante problema de la criminalidad”.
‘Tata’ Charbonier, presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, respaldó los cambios al Código Penal. (Noticel – Juan Costa)
Lejos de mostrar apologías sobre el proyecto, Charbonier calificó lo aprobado como “un mensaje férreo del Gobierno de Puerto Rico, que no va a tolerar estas conductas, ya que si bien es cierto que existe la libertad de expresión, también existe el derecho a proteger la propiedad que adquiere un comerciante o cualquier persona que adquirieron los permisos correspondientes para realizar una obra”.
Todo esto, claro está, sirve para poner en perspectiva la manera en la que se moviliza la resistencia, en momentos en que, tanto Promesa como las enmiendas al Código Penal, buscan poner a los activistas de las causas ecológicas y sociales contra la pared. Sin duda alguna, los defensores y las defensoras de estas causas ahora harán de tripas corazones para mantener vigente la protesta, usando todas las herramientas disponibles, en especial las cibernéticas.
En este artículo de dos partes de Diálogo Verde ponemos bajo lupa por dónde va la cosa, empezando con el caso más vigoroso de la actualidad, la resistencia en Playuela. Analizamos, junto a una experta en el tema, el impacto y los beneficios de las redes sociales como un arma de lucha, y pasamos revista sobre cómo la resistencia del Gasoducto del Norte fue liderada por una alianza mediática basada en contestar las pamplinas del establishment con verdades comprobadas por los ciudadanos y por ejemplos de carne y hueso.
La ola de Facebook de Playuela
Era una mañana soleada de diciembre en el sector Playuela, en el costero Barrio Borinquen de Aguadilla, cuando, antes del mediodía, llegó un emplazador buscando entregarle los papeles de una demanda a alguien.
Pero, ¿a quién? Buscaba una entidad que, al fin y al cabo, no estaba incorporada o inscrita. Buscaba, señoras y señores, a un tal Movimiento Playuela, que, realmente, era una página de un grupo de Facebook. En el campamento de resistencia a la construcción del proyecto Christopher Colombus Landing “vino un señor y me dijo: ‘Tengo papeles pa’ ti, por el Movimiento Playuela’”, rememoró sobre aquel día el surfer, activista y vecino del Barrio Borinquen, Eric Gerena.
“Yo le dije: ‘Hermano, yo no me llamo Movimiento Playuela’. Y así seguía buscando a quién darle los papeles”, narró Gerena a Diálogo.
Los papeles eran una demanda de parte de la empresa desarrolladora Caribbean Management Group (CMG). La misma buscaba que los activistas que acampaban fuera del área de construcción, desde noviembre, dejaran de intervenir mediante desobediencia civil para ellos proseguir la construcción de una carretera que, eventualmente, sería usada para llevar todo el equipo de construcción que erguiría el proyecto Colombus Landing. El desarrollo hotelero Colombus Landing —cuya opulencia de villas de lujo, centro comercial y mega casino dista mucho en estos momentos de su intención original— sigue en una pugna legal en la que hay un barrio dividido, un alcalde apabullado en las redes sociales y la amenaza real de que la mejor ola del Caribe desaparezca.
Imagen de un arresto en la zona de Playuelas que circuló en las redes sociales. (Facebook)
Edgardo ‘Pocho’ González Levalle, uno de los fundadores del campamento de resistencia Playuela, recordó que en los días en que fueron a emplazar gente “estaban como desorientados”. Resaltó que la CMG incluyó en la demanda emplazar a varias personas.
“Ni sabían a quiénes emplazaban. Toda la información la habían sacado de Facebook. Uno de esos días, uno me quería emplazar pensando que yo era parte de la organización Amigos del M.A.R.. Me tiró el emplazamiento y yo se lo tiré de vuelta. Si no fuese algo tan serio, uno se reiría, pero lo que daba era molestia”, indicó González, quién está en el campamento desde que empezó, el 1 de noviembre del año pasado.
Aquel primer día de noviembre, a González Levalle lo llamó uno de los vecinos del área cuando vio que máquinas de construcción comenzaban a trabajar. ‘Pocho’ recordó que, en lo que llegaba, un surfer que acababa de salir del agua metió su automóvil al área de las máquinas y logró detener la construcción. “Discutimos un rato, pero como eran ya las cuatro y pico de la tarde, los constructores se fueron y nos quedamos en el área a dormir”, apuntó.
En diciembre, aquella demanda que incluía a una página de Facebook difícil de emplazar, fue acogida por el juez Héctor Conty, dándole luz verde a CMG a que prosiguiera su ejecución en esta valiosa zona ecológica. En la descripción de la querella, se indicaba que “MOVIMIENTO PLAYUELA es el nombre de negocio no incorporado bajo el cual operan ciertas personas naturales y quienes, so color de protección del medio ambiente, han incurrido en, participado, instigado y/o continúan participando y/o instigando y/o promoviendo la comisión de los actos ilegales y/o la conducta intencional e ilegal a la que se refiere esta demanda”.
La demanda lee: “De acuerdo con la información que surge de la página Web, la demandada licenciada Vanessa Rafols Salaberry forma parte de la empresa MOVIMIENTO PLAYUELA. Y ha incurrido en, participado, instigado y/o continua participando y/o instigando y/o promoviendo la comisión de los actos ilegales y/o la conducta intencional e ilegal a la que se refiere esta”.
“En mi calidad personal sí, es la primera vez que veo algo así, hacia una página de Facebook”, recordó la licenciada Rafols, a quien la demanda menciona “por un vídeo en el que salgo hablando con los residentes del área”. La página, dijo Rafols, era una que no se utilizaba consistentemente desde el 2013, año en que se creó. Es un movimiento, explicó, “que no está incorporado”. Cabe destacar que la pugna por querer construir en esta valiosa zona ecológica data desde 1992, cuando empezó el movimiento para los permisos, y siempre ha sido detenido, a la hora de demostrar cuán importante es el ecosistema del área.
En apenas dos meses, los defensores de Playuela habían logrado captar tanta atención mediática en las redes sociales, que sus peripecias por Facebook se discutían en un tribunal. Al momento de publicar esta historia, la lucha por Playuela se sigue intensificando.
Es el año 2017, la movilización y activismo para la defensa de las causas ecológicas y, vamos, de cualquier causa social o política, depende bastante de la comunidad cibernética. La movilización a favor de Playuela en las redes sociales ha sido utilizada por los abogados del CMG para atacar a los activistas, pero, indeleblemente, el impacto positivo ante la opinión pública ha sido mucho, muchísimo mayor, según explicó a Diálogo la licenciada Julizzette Colón Bilbraut.
“No es una navaja de dos filos, pero sí hay que entender cómo el paradigma de la comunicación ha evolucionado. Ahora, este es el medio primario. La gente no hace activismo en los periódicos o en la televisión. Con Playuela, el mero hecho de que trataran de emplazar una página de red social validando el impacto que tiene esa página. O sea, los abogados le están contestando a algo de Facebook”, señaló Colón Bilbraut, abogada especializada en medios sociales cibernéticos que además lidera Monitor SN, una firma de consultoría de inteligencia para empresas y organizaciones.
“La gente que no va a ir a una marcha, por la razón que sea, puede ser efectiva manejando una campaña en las redes sociales. No se puede ver esto ya como si fuera algo extraño. Es donde estamos, ya no es nada de especial. Facebook ya tiene 15 años”, puntualizó la erudita.
En el caso de Playuela, ha sido fundamental el impacto que han tenido las imágenes de los arrestos por desobediencia civil, transmitidos en vivo a través de Facebook Live, o apenas segundos o minutos después de que suceden. Esta tendencia se vio también durante los arrestos en el Barrio Tallaboa, en Peñuelas, en el “viacrucis” que libró esa comunidad en contra del depósito de cenizas tóxicas en vertederos del área. Agréguele a esto que todos los medios — corporativos y no corporativos— se rigen ahora por esa vértebra evolutiva llamada redes sociales. ¡Ah!, también añada que la inmensa mayoría de los puertorriqueños poseen un aparato móvil inteligente. Es decir, de cualquier sitio puede transmitir en vivo y le verán en cualquier lugar.
Peñuelas y otras luchas en livestream
Sin duda, la importancia de Peñuelas se hizo sentir el año pasado a través del “cibermundo” de distintas formas. Una campaña fotográfica en contra de las cenizas, que realizara el exprofesor de la Escuela de Comunicación del Recinto de Río Piedras, Herminio Rodríguez, “ganó el Internet”, como se dice en estas lides, conquistando Facebook e Instagram. Diálogo también puede dar fe del impacto cibernético de Peñuelas. De los vídeos que realizó el equipo dialogueño vía Facebook el año pasado, los de las manifestaciones en Peñuelas figuraron entre los tres de más tráfico. A la hora de escribir estas líneas, todos los vídeos de Facebook de esa cobertura, en directo, desde el Barrio Tallaboa — del 25 al 28 de noviembre—superaban en conjunto las 10,900 visitas, nada mal para un medio de una Universidad en crisis. En el tope de esa lista figura, en segundo lugar, la mega cobertura en equipo de las elecciones, con más de 18,800 visitas entre todos los vídeos del 8 de noviembre; mientras que la cobertura en vivo de las protestas contra la 1st Promesa Conference el 31 de agosto, en el Condado, dominó el 2016 con más de 22,200 visitas colectivas. Sin duda, el matrimonio entre las redes sociales y las causas sociopolíticas es uno que va viento en popa.
“Y todo este uso de las redes es tan bueno según cuán estructurado lo puedas hacer”, señaló Colón Bilbraut. “No es lo mismo que la persona que está siendo arrestada sea la que hace el livestream, que se lo haga otra persona. Entonces, hay que ver a quiénes alcanza y dependerá de quiénes lo comparten. Lo importante es que haya un sitio sólido con información bonafide y educativa en la que la gente confíe. Es más efectivo de esa forma”, dijo Colón Bilbraut, indicando que el potencial de ser viral “es algo que los usuarios determinarán”, pero también tener plataformas claves y opciones de medios mayoritarios es importante.
Según explicó Colón Bilbraut, la efervescencia en las redes sociales cibernéticas para propiciar movilización que respaldara el activismo ecológico — y, más aún, de forma global, para todas las causas sociopolíticas en Puerto Rico— sucedió de 2009 al 2011, curiosamente con un proceso que, en estos momentos, se repite en la Universidad de Puerto Rico.
“La realidad es que el llamado en las redes sociales maduró con la huelga estudiantil de esos años. Las plataformas eran otras, como YouTube y UStream, pero pronto se fueron moviendo hacia Facebook y Twitter. Esa fue la punta de lanza que luego aglutinó desarrollos de otras causas, que entendieron lo demostrado por los estudiantes, al enfrentar todo un andamiaje de comunicaciones del Gobierno de forma natural y orgánica con las nuevas tecnologías al alcance”, destacó.
Es decir, mientras “la administración y el presidente de la UPR [José De la Torre] pagaban un anuncio por televisión, el movimiento estudiantil y la comunidad universitaria recurrían a las redes sociales”, dijo Colón Bilbraut, a la vez que destacaba las coberturas de Radio Huelga en UStream y las de Diálogo por YouTube y Facebook.
Los nuevos medios de aquel entonces, como YouTube y Facebook, son ahora la norma en las luchas sociales.Vídeos como este, de Diálogo, fueron clave a la hora de visibilizar la lucha estudiantil y posicionarla en contra del trabajo publicitario del Estado:
“Esto propició al entendimiento directo, sin publicidad del establishment, y a que la gente se movilizara al entender de primera mano lo que pasaba”, explicó.
Esto también se vio ahora en Playuela y el año pasado con Peñuelas. Durante aquella época de la lucha estudiantil de giro de década también se libraba otra ardua batalla social y ecológica: la resistencia al Gasoducto del Norte, decorado como Vía Verde por la feroz maquinaria publicitaria de la administración de Luis Fortuño.
De la lucha específica por el Gasoducto del Norte, en la que la organización Casa Pueblo de Adjuntas usó estrategias de educación y donde la prensa alternativa forjó el camino para validar la resistencia ante la opinión pública y sensibilizar al pueblo de Puerto Rico, hablaremos en la segunda parte de este reportaje.
Este reportaje es parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.
Sigue aquí la serie especial:
1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa
2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas
3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos
4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa
5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)
6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2ra. parte)
7. “Proyectos críticos”: crecimiento económico cueste lo que cueste
8. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (3ra. parte)
9. A la expectativa los residentes del Caño Martín Peña
10. Extensión de la PR-22 y el cuento del fracaso como progreso
11. Aguirre Offshore Gas Port, ¿un proyecto esencial?
12. Luquillo y el “desarrollo integral” bajo Promesa
13. Nuevamente en peligro el Corredor Ecológico
14. Los bonos y la naturaleza: en riesgo los recursos más vulnerables
15. Urge la defensa de la zona kárstica ante Promesa
16. Vulnerables las tierras agrícolas bajo Promesa (Parte I)
17. Urge la defensa de la zona kárstica ante Promesa
18. En peligro las subestaciones experimentales de la UPR por la deuda pública
19. Promesa, Trump y Rosselló: Amenazas ambientales por todos los frentes
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Hermes Ayala
Periodista. Reportero con 20 años de experiencia. Es egresado de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y cursa estudios de maestría en Gestión y Administración Cultural. Posee un diplomado en periodismo deportivo internacional del Instituto de Periodismo José Martí en La Habana, Cuba. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones por el Overseas Press Club y la Asppro.
