De Facebook al piquete: movilización y activismo en tiempos precarios (2da parte)

 

Ya lo dijimos: la defensa de los sectores ecológicos en Borinquen está contra la pared, aunque eso no significa que no se puede seguir luchando.

Como mencionamos en la primera parte de este artículo, son momentos en los que se repiensan las estrategias de movilización y resistencia ante el embate neoliberal de leyes como Promesa y de la reestructuración del Código Penal de Puerto Rico. Esas dos ya las explicamos, pero hemos dejado lo más duro para empezar esta segunda parte.

Si hay una figura que no hace falta demonizar ante el sector ecológico y los pobres del mundo, es la del actual presidente de los Estados Unidos y mega epítome del capitalismo mundial, Donald J. Trump. Como bien explicamos en otro artículo de Diálogo Verde, a Trump no le importa mucho el medioambiente, incluso ve al calentamiento global, cuya premisa ha sido ya comprobada con evidencia científica, como un cuento. De hecho, el presupuesto presentado por Casa Blanca propone cambios significativos y recortes a fondos que tienen que ver con la defensa del ambiente y hasta la posibilidad de fulminar la Agencia de Protección al Medioambiente (Environmental Protection Agency — EPA — por sus siglas en inglés).

Esto sería desastroso. Pero, como todo desastre de Trump, sus magnitudes se hiperbolizan con muchos otros cambios aleatorios. Resulta que su plan presupuestario también buscará eliminar todo el financiamiento federal a la Corporación de Servicios Legales (Legal Services Corporation — LSC — por sus siglas en inglés), lo que dejaría extinto el capítulo de Puerto Rico de esta entidad y sería un golpe funesto para el sistema judicial en su totalidad.

La LSC depende de la asignación de $375 millones anuales, que ha provisto el gobierno federal para su funcionamiento. Mientras, su filial en Puerto Rico recibe poco menos de $11 millones de la oficina de Washington, lo que compone dos tercios de su presupuesto, según indicara recientemente la directora ejecutiva de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), Hadassa Santini Colberg. A esto hay que agregarle que la mitad del presupuesto de Pro Bono, Inc (PBI) y una tercera parte del presupuesto de la Oficina Legal de la Comunidad (OLC) provienen de esta fuente federal. Estas tres entidades atienden, en conjunto, más de 35,000 casos civiles anualmente de personas que viven bajo el nivel de pobreza, según los parámetros federales. En total, el LSC emplea en Puerto Rico a 126 abogadas y abogados que no cobran otros honorarios por su trabajo que no sea el sueldo que sale de los fondos estadounidenses.

“No contar con nuestros abogados representaría, para el sistema de justicia de Puerto Rico, un desastre”, dijo la licenciada Santin Colberg al periodista José Delgado en una nota de marzo de El Nuevo Día.

Estos abogados de la LSC proveen servicios legales a afectados por expropiación de comunidades, como casi sucede hace poco en Vietnam, barriada que ubica en el municipio que administra el alcalde investigado por violación, Héctor O’Neill. O’Neill intentó expropiar a los habitantes de Vietnam para hacer allí un hotel, en la costa de Guaynabo que colinda con Cataño, pero no pudo gracias a la pericia y el sudor de los abogados de la LSC.

El caso de Playuela es otro ejemplo de licenciados de Servicios Legales asistiendo legalmente a una comunidad. Los licenciados Verónica González, Vanessa Rafols y Omar Saadé asisten a vecinos de la comunidad del Barrio Borinquen de Aguadilla junto con la Liga Ecológica del Noroeste en el litigio civil que busca detener el proyecto Christopher Colombus Landing. O sea, la resistencia a la destrucción ecológica, como la que presenta el campamento Playuela, quedaría sin amparo, como una caseta hecha cantos tras una tormenta.

Pasemos ahora a un ejemplo épico de abogados de la LSC sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Montémonos en la máquina del tiempo junto a un activista y un periodista que recuerdan bien aquella afrenta del pueblo puertorriqueño contra el Gasoducto del Norte.

El ejemplo del Gasoducto

Era el 31 de diciembre de 2012 y el ingeniero Alexis Massol, de Casa Pueblo, despidió el año viejo celebrando que una comunidad humilde del barrio Portugués en Adjuntas ganó un caso de expropiación contra el Gobierno de Puerto Rico.

Fue un gran logro contra el fatulo gasoducto del gobierno de Luis Fortuño que un proceso de expropiación contra familias humildes de la montaña fuese denegado en los tribunales. Massol le dijo a Noticel que “el peldaño alcanzado contra el proceso de expropiaciones merece igual admiración por los amigos de Servicios Legales de Puerto Rico, la licenciada Santini, las clínicas de asistencia legal de la UPR y la Interamericana así como muchos que han denunciado por año y medio el atropello de un gobierno que insiste en la irracionalidad”.

Pero, antes de proseguir hay que entender que, históricamente, proyectos masivos del Gobierno de Puerto Rico, monstruo de dos cabezas que crió el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), realmente son máquinas de sacar bolsitas de frituritas o dulces, pero en vez de Doritos lo que caen son contratos.

En el 1993, Pedro Rosselló nombró a Miguel Cordero como director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quien propuso de inmediato una tubería de gas natural como parte del plan del Gobierno para diversificar los recursos naturales de Puerto Rico. Todo se quedó en nada durante esos ocho años de Rosselló, quien enfocó su mira en el opulento gasto de un Tren Urbano que solo va de Santurce a Bayamón. En el año 2000, el Partido Popular Democrático ganó las elecciones, Sila María Calderón entró a Fortaleza en 2001 y con ella Héctor Rosario como director de la AEE. El proyecto aquel de Cordero fue archivado. En 2005, Aníbal Acevedo Vilá juramentó como gobernador y de inmediato comenzó la construcción del Gasoducto del Sur, su némesis ecológica durante ese cuatrienio. Acevedo Vilá embrolló al País con un contrato con la empresa sueca Skanska, que construiría una tubería para transportar gas natural desde las facilidades de la EcoEléctrica en Peñuelas a la planta energética de la AEE en el barrio Aguirre en Salinas.

¿Y adivinen qué pasó? Llegó el 2008, el PNP ganó la gobernación con Luis Fortuño, niño símbolo de la bizarra ala latina del Partido Republicano, donde bestias como Ted Cruz y Marco Rubio rumen salvajemente. Tan pronto entró a Fortaleza, Fortuño nombró de nuevo a Cordero como mandamás de la AEE y canceló el gasoducto de Aníbal, que ya llevaba un 25% de completado. Esto dejó una deuda para Puerto Rico de $59 millones con Skanska, que Fortuño procedió a pagar.

Apenas meses después, Fortuño anunció por todo lo alto la Vía Verde, un proyecto que, dijo, costaría $300 millones, a comenzarse a construir de inmediato. El gasoducto que llevaría gas de Peñuelas a San Juan acabaría costando $800 millones y para octubre de 2011 la AEE ya había firmado contratos por $29 millones. El contrato principal se le dio a la empresa Ray Engineers, de Pedro Ray Chacón, amigo de Fortuño y exmiembro de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento y de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura. A Chacón, que estudió con Fortuño en el Colegio Marista de Guaynabo, le dieron un contrato de $8.8 millones para diseñar tubería, pero como carecía de peritaje para hacerlo, este subcontrató a la empresa Gulf Interstate Engineering.

A la vez que todo esto sucedía, las redes sociales, como mencionamos en la primera parte de nuestro reportaje, despegaban en Puerto Rico como una gran plataforma para los medios independientes. Mientras los imperios familiares mediáticos de líneas editoriales conservadoras y hasta político-partidistas se enfocaban en entender las redes sociales y la Internet, los medios independientes echaron la bola a rodar.

Después de todo, como bien explicó en la primera parte de nuestro artículo la abogada y experta en asesoría cibernética, Julizette Bilbraut Colón, las redes sociales y la forma de cubrir la huelga de la UPR en 2010 ayudó, en cierta forma, a redefinir el llamado a la resistencia en Puerto Rico con respecto al sentido de inmediatez y a la manera en que se interpretaban los sucesos, mucho más allá de lo que presentaba la prensa comercial. Este efecto sería clave para que Casa Pueblo acelerara su proceso de difusión de educación y desmantelara el discurso del Gobierno.

Dice ese juvenil adagio de la música urbana puertorriqueña: “Curry las mete hasta que LeBron lo gardea”. Veamos por qué.

Además de darle un contratito a su amigo de infancia, Fortuño y la AEE le dieron más de 50 contratos a la agencia de publicidad Ballori y Farré, para un total de casi 30 millones en tres años. Según recoge un artículo del 80 Grados, Eduardo Ballori, socio principal de Ballori & Farré, fue miembro del gabinete del gobernador penepé Carlos Romero Barceló, entre 1978 y 1984, como Comisionado de Energía. También, fue miembro de las Juntas de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y otras corporaciones. Además, Ballori apareció en récords públicos como contribuyente y funcionario en Puerto Rico del Partido Republicano y del excomisionado residente Pedro Pierluisi.

Fueron $30 millones a otro colaborador cercano del PNP, en esta ocasión para que intentara convencer a la opinión pública de que la Vía Verde era necesaria. La resistencia del activismo ecológico tenía que buscar una forma de gardear esta zona ofensiva que montó Fortuño. El Gobierno tiraba de cada esquina de la cancha. En el recibo de consumo de energía de la AEE cantaban las loas de Vía Verde. La casa publicitaria pautó anuncios en cine, radio y televisión. Había que hacer algo ante la embestida publicitaria. Adelante, Lebrón; perdón, adelante, Casa Pueblo.

“Parte de la clave para la organización y la movilización de esta lucha fue la difusión de una comisión de expertos que hizo una disección técnica, científica, económica y de viabilidad sobre el proyecto”, indicó Massol sobre el equipo especial que estructuraron para realizar investigaciones que derrotaron las supuestas virtudes de la Vía Verde.

La información comenzó a regarse como evangelio de esquina gracias a la atención de distintos medios digitales y a la evolución del aparato celular.

“En el caso de Vía Verde sí fue puntual esto, porque había mucho desconocimiento, mucha especulación y acuérdate que en casa del ciego el tuerto es rey. El Gobierno te alegaba que no iba a hacer daño con un andamiaje publicitario”, explicó Omar Alfonso, veterano periodista de la Perla del Sur, uno de los medios que aprovechó la Internet para investigar más a fondo que la línea oficialista que seguían los principales medios del País.

Era el momento en el que se solidificaban espacios cibernéticos alternativos como 80 Grados y hacían la transición otros como La Perla del Sur y Diálogo; el Centro de Periodismo Investigativo alzaba vuelo y nacía NotiCel. Cambiaban el juego y los medios tradicionales, cuyo sustento, en parte, responde a los intereses del Gobierno y su publicidad se quedaban un poco atrás a la hora de decir las cosas como son.

“Fue un momento de alianzas. Investigaciones de nosotros, por ejemplo, salían en otros medios y viceversa. Medios como nosotros hacían los crosschecks de las investigaciones del equipo de expertos de Casa Pueblo. Para La Perla del Sur fue muy importante el hecho de estar cubriendo una noticia de interés nacional. Las redes ayudaban, porque tirábamos con inmediatez. Eso, que decían que iba a ser la muerte de medios alternativos como nosotros, nos ayudó mucho”, expresó Alfonso, quien recientemente participó en una contundente investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) sobre el daño tóxico de las cenizas de carbón en República Dominicana y Puerto Rico, a manos de la carbonera AES Corporation.

Massol puntualizó que “la intensidad con que el Gobierno intentó vender esto, hace que la Coca Cola se quede chiquita”.

“Nos metimos en todos los procesos de evaluación del proyecto, especialmente en la esfera federal cuando estaba todo bajo consideración. Cuando tratas de vender esto tan abrumadoramente y de pronto desenmascaras al Gobierno con argumentos e información real, logras simultáneamente que la gente se sienta indignada. Desenmascarar es clave porque la gente, al ver esto en la prensa, se siente timada y engañada”, explicó. Massol sacará pronto un libro con Ediciones Callejón sobre esta lucha, por lo que nos reservaremos más virazones mediáticos que nos contó sobre la mal llamada Vía Verde, cosa de ayudar a la industria local.

La difusión en los medios alternativos tuvo efecto de bola nieve, mientras más rodaba más crecía. A los medios tradicionales de radio, televisión y prensa escrita — excepto el programa de Benny Frankie Cerezo, “que fue el primero en seguir las investigaciones de Casa Pueblo”, según Massol — no le quedó más remedio que seguirles el paso, especialmente cuando empezaron a visibilizarse los ejemplos de familias expropiadas en el centro de la Isla, donde comenzaría la construcción.

“Que el pueblo se viera fue bien importante para sensibilizar sobre lo que sucedía. Lo importante siempre es la gente”, explicó el periodista Alfonso.

Mientras los expropiados cobraban rostro, se intensificaba también la difusión de las verdades que detendrían la maquinaria publicitaria. Figuras como el congresista Luis Gutiérrez acudían al Freedom of Information Act en búsqueda de que se liberara información en el Cuerpo de Ingenieros, que había trasladado el expediente del caso del Gasoducto de San Juan a Jacksonville. Marchas multitudinarias, como la que reunió 30 mil personas en Adjuntas el primero de mayo de 2011, motivadas por la indignación de un pueblo que veía las injusticias en su cara, hincharon los molleros de la lucha ambientalista. La campaña publicitaria de Vía Verde se desangraba.

“Llegó un punto que tiraron la toalla por el factor elecciones y la parte política. Era insostenible ya”, dijo Massol. El 11 de octubre de 2012, recordó el ingeniero, estaba en el programa matutino de Rubén Sánchez cuando lo llama por teléfono y al aire el entonces presidente de la junta de gobierno de la AEE, José Ortiz, a decirle que Vía Verde no iba.

“Lo emplazaron al aire a que viniera con documentos firmados, llegó con una carta, la firmamos delante de todos los medios y le dimos la mano”, recordó Massol.

Así, poco menos de un mes antes de que Fortuño perdiera las elecciones contra Alejandro García Padilla, el Gasoducto del Norte salió del panorama. Más millones de dólares botados en un proyecto mediocre que fue derrotado por expertos, con ciencia y lógica, con humanismo y sensibilidad. Y la gente lo vio en la Internet y se movilizó, como sucedió con los arrestados de Peñuelas y de Playuela.

Sí, salir de la aplicación del celular o del teclado de la laptop, pasar de Twitter al piquete es posible, ya sea por una causa ambiental o por la misma UPR, como se demostró recientemente en el concierto organizado por el movimiento estudiantil. A ver si sucede más a menudo.

Mira la primera parte de este artículo pulsando aquí.

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