¿Crean los medios de comunicación inferencias negativas que pueden afectar los derechos de los acusados en un caso criminal? ¿Cómo diferenciamos la necesidad del periodista de llevar a cabo su profesión versus el interés económico que pueden tener los medios? ¿Cuál es el rol y el deber de los abogados y los jueces en cuanto a la discusión pública de los casos? Estas son algunas de las preguntas que fueron planteadas en el conversatorio titulado “Publicidad excesiva en los casos criminales de alto perfil,” celebrado el jueves 3 de octubre en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
Ante una audiencia compuesta mayormente por estudiantes de derecho, la actividad comenzó con una breve presentación de parte de Vanessa Dávila, estudiante de la escuela anfitriona, y del profesor Carlos E. Ramos González, quien actuó como moderador del conversatorio. Posteriormente el abogado y periodista Oscar Serrano abrió la discusión, diciendo que deberíamos concentrarnos en arreglar los efectos de la cobertura mediática de los casos, descartando la posibilidad de imponerle restricciones a los medios.
“Pretender que la cura para un problema específico que estamos enfrentando sea la eliminación absoluta de toda expresión que tenga que ver con ese tema ya es un diseño fallido”, expresó Serrano.
El fundador y director del medio periodístico Noticel añadió que el verdadero problema es la especulación que emana de la falta de información, y que una solución tiene que partir de una mayor libertad de acceso a la información relacionada al proceso.
“Al periodista se le exige que le explique un caso al público a pesar de no tener el acceso a todas las facetas de un procedimiento criminal para dar exposiciones informadas. Entonces nos preguntamos por qué la cobertura de estos casos está tan dominada por la especulación”, dijo el periodista.
También comentó, “mientras el sistema judicial parta del proteccionismo, esa misma actitud es la que le está abriendo esa brecha gigante a este tipo de discusión”.
Por su parte, el licenciado Eduardo Villanueva, portavoz de la Comisión de Derechos Pro-Humanos, difirió con la exposición de Serrano, partiendo de la premisa de que el poder que tiene el estado es desproporcionalmente mayor al del ciudadano, y que diseminar información procedente del sistema actual pone al imputado en desventaja.
“Si hiciera un examen de contenido, estoy seguro que la inmensa mayoría de la publicidad que se ha dado en la prensa respecto a casos criminales es contraria al imputado. Yo creo que lo ideal es que en los casos criminales se preserve al canon judicial de ética que prohíba que se transmita imágenes del proceso. Luego de que se termine el proceso, los periodistas tienen muchísimas maneras de recopilar toda la información de lo que paso en el caso y puede transmitirla”, explicó Villanueva.
El último ponente, el juez Ángel Pagan Ocasio, apuntó a su experiencia como juez de la Sala de Recursos Extraordinarios en el Tribunal de San Juan – una de dos salas que participan de un programa experimental donde a partir del primero de julio, tienen cámaras fotográficas y de televisión transmitiendo los procedimientos en vivo- para decir que lo prudente sería encontrar un balance.
“La mayor preocupación que tienen los abogados y los jueces es que la publicidad excesiva intervenga con una selección justa de un jurado imparcial y que se evite así el perjuicio que pudiera menoscabar los derechos constitucionales de los señores y señoras imputadas… En ocasiones se tiende a hacer un juicio mediático de lo que ocurre en la sala de los tribunales. Hay que evitar ese tipo de juicio”, expuso Ocasio.
El juez agregó que “tenemos que colaborar en este asunto para poder lograr un justo balance para garantizar los intereses constitucionales que están en cuestión y así poder hacer realidad el lema de la rama judicial de que ‘la justicia somos todos’”.
