Diálogo UPR | Déjà vu: “Rumores de Guerra”

25 de febrero de 2010 Por Diálogo Opinión

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Diálogo

Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.

“Y guerra tendrán”… Con esta llamativa frase el periódico El Nuevo Día encabezó su historia de portada del viernes 12 de febrero de 1993. ¿La noticia? El entonces gobernador, el doctor Pedro Rosselló, había anunciado durante un mensaje especial a la Legislatura que pondría en vigor un plan anticrimen que, entre otras cosas, implicaba la activación de un contingente de soldados de la Guardia Nacional para trabajar junto con la Policía con el fin de detener la ola criminal que azotaba al País en ese momento. “Nos han pedido guerra… y guerra tendrán. Que lo sepa el criminal… Nuestra paciencia se acabó”, fue el estribillo que repitió desafiante el Gobernador una y otra vez durante el discurso con el que se instauró oficialmente la política de la “Mano Dura contra el Crimen”. El año 1992 había cerrado con la cifra de 864 asesinatos y, a menos de dos meses del año 1993, ya se habían registrado más de 100 homicidios. La prensa se ocupaba cada día de actualizar el box score del crimen y de cubrir con especial interés los reportes policíacos sobre la balacera del momento. Tres meses después del anuncio del Gobernador, su plan anticrimen se materializó con la activación de 200 guardias nacionales. Para esa fecha, 29 de mayo, la cifra de muertes violentas rondaba en 391; 165 de ellas relacionadas directamente con el narcotráfico. Inicialmente, los guardias nacionales participaron en tareas de patrullaje preventivo en los balnearios, playas, centros comerciales, teatros y restaurantes. Pero al poco tiempo entraron de lleno en las ocupaciones de los residenciales públicos, identificados por las autoridades como las zonas de mayor incidencia criminal. Un contingente de soldados y policías llegaban en horas de la madrugada al lugar en helicópteros, con armas largas, uniformes de fatiga y perros policía y tomaban por asalto la comunidad. Registraban los apartamentos, hacían algunos arrestos —que luego tenían que desestimar por falta de evidencia— confiscaban par de armas, varias libras de marihuana y algunos sobres de cocaína y crack. Nada significativo. Se desarticulaban los puntos de distribución de droga, se establecía un cuartelillo temporero en uno de los apartamentos y luego se procedía a construir una verja alrededor del residencial para establecer un control de acceso en el lugar. También se personaban al sitio funcionarios de otras agencias del Gobierno como el Departamento de la Familia y de Salud para hacer un inventario de necesidades a las que muy pocas veces daban seguimiento, según contaron a Diálogo en agosto de 1993 vecinos del residencial Barbosa en Bayamón. Setenta y seis complejos de vivienda pública fueron intervenidos por la Policía y la Guardia Nacional durante ese periodo. ¿Resultados? Los puntos cambiaron de localidad. Ya no estaban en los residenciales, pero operaban desde comunidades circundantes. También se había propiciado el desplazamiento de la actividad delictiva fuera de la zona metropolitana. ¿Se detuvieron los asesinatos? Según los datos de la Policía al término del segundo periodo de la administración Rosselló los asesinatos habían bajado a 695. Esas mismas estadísticas también reflejaron una merma en otros delitos no necesariamente relacionados con el trasiego de drogas como las violaciones y las agresiones agravadas. Hasta el momento no se ha realizado ningún estudio que arroje luz al particular. “Sólo se sabe que eso no resolvió la criminalidad en el País”, como declaró recientemente en los medios de comunicación el analista político y profesor en la Escuela de Derecho de la UPR Carlos Díaz Olivo. Curiosamente para estas mismas fechas en que se publicaron las noticias sobre la activación de la Guardia Nacional, aparecieron otras informaciones que fueron portada en El Nuevo Día que daban cuenta de dos importantes frentes donde el País perdía su verdadera batalla: el desempleo y la educación. “Insuficientes los empleos de verano”. “Ocio garantizado para los jóvenes”. “En vano la vendimia de cerebros”. “Analfabeta el 10 por ciento de la población”, “Bajo los niveles de pobreza el 58.9 por ciento de los puertorriqueños”, fueron algunos de los encabezados… Ninguna estrategia de combate se anunció en esa ocasión. En febrero de 2010 vuelven a resonar los titulares que advierten de la aproximación de otra refriega de una administración gubernamental contra la criminalidad. “Declara la guerra al crimen”, “Ofensiva anticrimen” “Municipio de Aguadilla, primer escenario de la Guardia Nacional” y “Llegó la hora cero”, son algunos de los títulos publicados en días recientes acompañados de fotos de pelotones de soldados en estado de atención, alguna de ellas acompañadas por el gobernador Luis Fortuño vestido con ropa casual, con camisa arremangada y con rostro sonriente. Los tres periódicos de mayor circulación en el País han dedicado páginas enteras al tema de la reactivación de la Guardia Nacional para enfrentar la ola criminal. Se habla del número de soldados que se activarán, de las tareas que realizarán, de los fondos que se separarán, del lugar donde comenzarán y hasta se discute si es o no un buen plan. “Estamos en guerra y me complace estar frente a sus soldados en fila en representación de su comandante y jefe de esta guerra, el gobernador Luis Fortuño”, afirmó el pasado lunes 22 de febrero el secretario de estado Kenneth McClintock, refiriéndose a la batalla declarada al crimen en la Isla por el Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, ante los medios de comunicación Mientras tanto, se pelea en los tribunales para asegurarles a los alumnos de las escuelas públicas el derecho a una educación holística que incluya la oportunidad de tener un maestro de educación física; los maestros y maestras luchan porque no se elimine de los currículos la materia de Salud, y otros aún combaten para que no les cierren sus escuelas; distintos ciudadanos batallan en los tribunales para que se preserve una importantísima reserva; una comunidad lidia para que se le permita tener vivienda; otro grupo apela al tribunal federal para que se respete su derecho a la propiedad y a la tierra, y cientos de puertorriqueños deciden sobre cuál será la mejor estrategia para que les devuelvan sus empleos y para que otros no lo pierdan… Sí, estamos en guerra.