Cuando escuchamos la palabra “welfare” en Puerto Rico una de las cosas con la que primero asociamos este concepto es con las prestaciones sociales, servicios y beneficios que recibe la población con mayor necesidad económica en la Isla. Es decir, los “cupones de alimentos” (del Programa de Asistencia Nutricional), seguro medico público (Mi Salud), educación pública, entre otros.
Estos programas son financiados en parte por el gobierno federal de los Estados Unidos, el gobierno de Puerto Rico, y por las recaudaciones de los impuestos de la población activa puertorriqueña. Todas estas prestaciones, servicios y beneficios forman parte de lo que es un Estado de bienestar desarrollado, sin embargo su calidad y cantidad varía mucho con las ofrecidas actualmente bajo el Estado de bienestar puertorriqueño.
¿Qué es un Estado de bienestar desarrollado? ¿Por qué no se explotan todas sus capacidades en Puerto Rico? El Estado de Bienestar desarrollado o universal, basándonos en la clasificación de Esping-Andersen (1990), es un término que se refiere a un sistema social de gobierno mediante el cual se asegura la seguridad económica y social por medio de prestaciones y servicios. Es decir, un Estado con una economía libre de mercado donde se le garantiza a la población un nivel de calidad de vida digno e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
El gobierno tiene un papel importante ya que es el responsable de que los recursos y prestaciones sean repartidos de una forma correcta, con el fin de obtener el bienestar social. Cabe destacar la importancia que tuvieron los escritos de T.H. Marshall, R.M. Titmuss y W. Beveridge en el siglo pasado, para impulsar la extensión y universalización de las prestaciones y servicios sociales y dotarlos de una naturaleza pública y gratuita en los Estados de bienestar europeos.
A través de la implementación de las instituciones del bienestar estadounidenses en Puerto Rico, junto a instituciones puertorriqueñas, la población trabajadora cotiza mensualmente [Seguro Social (FICA), Medicare e Incapacidad no ocupacional (SINOT)] a diversas instituciones que son las encargadas de recaudar el dinero de los contribuyentes para así financiar las prestaciones y servicios del Estado del bienestar residual existente en Puerto Rico. Un Estado de bienestar residual donde según diversos expertos (a) el nivel de desempleo depende de las necesidades de la actividad económica, (b) se promueve el mínimo de bienestar necesario para el mantenimiento de una economía de propietarios, (c) la seguridad social debe de autofinanciarse y no deben de haber procesos de redistribución entre ricos y pobres, y (d) en general lo que se busca es el mínimo de bienestar necesario.
No obstante, existen otras opciones para encaminar y dirigir las políticas de bienestar actual que se podrían comenzar a desarrollar e implementar en la Isla. Entre estas, algunas políticas publicas que han sido implementadas desde varias décadas con éxito en los países nórdicos europeos (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia), en donde: (a) la política económica está vinculada al logro del pleno empleo, (b) el mínimo vital que se ha de garantizar a los ciudadanos se concibe bajo el objetivo general de conseguir una mayor igualdad social, (c) existe un generoso sistema de seguridad social incardinado en el sector público y (d) en general lo que se busca es la igualdad social (Sánchez de Dios, 1993).
Al realizar una estancia de investigación en la Universidad de Lund (Suecia) el pasado mes de febrero, pude destacar cómo a pesar de las diferencias ideológicas en este país nórdico, en temas de economía y política social entre los principales partidos políticos, las instituciones y prestaciones sociales del estado de bienestar universal son consideradas como modificables pero inamovibles por la sociedad. En otras palabras, consideran estas políticas de bienestar como derechos básicos, y entendiendo que si bien se pagan muchos impuestos los beneficios recibidos por los mismos se ven plasmados en la calidad las instituciones educativas, de transporte, sanitarias, y de seguridad social, entre otras.
En este sentido, para extrapolar estas dinámicas a Puerto Rico, será necesario que varias organizaciones en la Isla comiencen a educar a la población sobre las diversas opciones existentes en términos del desarrollo de las prestaciones, servicios y beneficios de las políticas universales del bienestar. Con esto, los ciudadanos podrían exigir que estas reformas entren dentro de la agenda política de los gobiernos subsiguientes. Haciendo hincapié en que es necesario desarrollar pleno empleo, realizar una reforma fiscal seria e incorporar a la mayoría de la población informal posible para así poder financiar prestaciones sociales que no solo vayan dirigidas a la población pobre del País, sino que la amplia clase media y trabajadora pueda recibir beneficios educativos, recreativos, sanitarios, y económicos de calidad, por las cotizaciones mensualmente pagadas por trabajador.
Es decir, pasar del “mantengo” y la estigmatización de los beneficiarios de las prestaciones sociales, al universalismo y disfrute de una sociedad con la mayor igualdad posible entre todos sus componentes.
El autor es investigador en formación de los departamentos de Ciencias Políticas y Adm. II de la Universidad Complutense de Madrid gcruzmartinez@cps.ucm.es
