Líderes puertorriqueños presentaron un nuevo informe de la organización Little Sis que denuncia escandalosos detalles del acuerdo de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) e hicieron un llamado a una movilización masiva el próximo 16 de enero contra los peligrosos precedentes que sienta dicho plan.
El informe, titulado: Isla Deuda: Wall Street tiene en la mirilla 40 años de ganancias a expensas de Puerto Rico, fue revelado el día después que concluyera la votación de los acreedores a un plan de ajuste centrado en la deuda de COFINA, deuda respaldada por el impuesto a las ventas o IVU.
El acuerdo fijaría 40 años de pagos a los bonistas de Wall Street, con consecuencias sustanciales para Puerto Rico, y será sometido el 16 de enero a la jueza Laura Swain para su aprobación final, según se informó en un comunicado de prensa.
El informe estima que, aunque en el acuerdo COFINA el principal de la deuda se reduce en un 32% a $11,9 mil millones, algunos fondos de cobertura estarían lucrándose en el rango de los cientos de millones de dólares a lo largo de 40 años, el plazo fijado por el acuerdo.
Señala que junto con los intereses, los puertorriqueños tendrán que pagar más del doble de lo que se recibió ($32.3 mil millones) en las próximas cuatro décadas.
Denuncia, además, que el potencial para ganancias de los bonistas ha sido inflado por la Junta de Control Fiscal, gracias a un mal uso de los fondos federales para la recuperación del huracán María.
Según el informe, el proceso de la reestructuración de la deuda es antidemocrático ya que solo se le permite votar a los acreedores y no participan quienes al final pagan la deuda: el pueblo.
En rueda de prensa desde el Colegio de Abogados y Abogadas en San Juan, representantes de Little Sis, Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, VAMOS y Center for Popular Democracy, entre otros, advirtieron que el plan de ajuste de COFINA es una señal de lo que está por venir en el próximo plan de ajuste y sugirieron que la movilización del pueblo y de retirados es crucial para evitarlo.
Líderes de la Federación de Maestros de Puerto Rico y su Capítulo de Jubilados, la Colectiva Feminista en Construcción, Mentes Puertorriqueñas en Acción, ¡Dignidad!, y el Partido Independentista Puertorriqueño, también participaron en la conferencia de prensa.
“La información revelada hoy es aterradora y es peor de lo que desde DIGNIDAD habíamos denunciado. La Junta de Control Fiscal, con el apoyo y sumisión de la administración Rosselló, se han convertido en proxenetas de los fondos buitres a costa del sufrimiento de nuestro pueblo”, declaró José Rivera Santana, portavoz de ¡DIGNIDAD!
“Por eso, constituye un imperativo movilizarnos y estar presentes en la manifestación del próximo 16 de enero frente al edificio federal en la Chardón, expresando nuestro rechazo e indignación al Plan de Ajuste de COFINA”, señaló.
Por su parte, Justo Méndez Arámburu, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda declaró que “este acuerdo es un robo al bolsillo de las familias puertorriqueñas porque hace que paguemos el doble en intereses usureros”.
“Como pueblo debemos movilizarnos buscando evitar este atraco”, urgió.
Mientras que Julio López Varona, del Center for Popular Democracy, expresó que “este informe solo confirma lo que ya sabíamos, que los millonarios bonistas en Wall Street serán los más beneficiados”.
“Afortunadamente el pueblo puede tomar acción y presionar para que el acuerdo de COFINA no se convierta en la base de la restructuración de las otras deudas que todavía quedan por aprobar. El costo de estos acuerdos es demasiado alto para las familias Puertorriqueñas”, añadió.
“Debemos estar presentes el 16 de enero en adelante para luchar en contra de estos acuerdos”, exhortó.
También Paula Latortue Albino, portavoz de Mentes Puertorriqueñas en Acción anotó que el plan de ajuste de COFINA amenaza las oportunidades de los más jóvenes, “que día a día vemos cómo se disminuyen las posibilidades de un bienestar social y una estabilidad económica en nuestra Isla”.
“Mentes Puertorriqueñas en Acción estará presente el la manifestación del 16 de enero y exhortamos a la ciudadanía a que se una a nuestro reclamo”, instó.
Algunos de los señalamientos más importantes del informe:
A los puertorriqueños se les obligará a pagar por las ganancias de Wall Street por el transcurso de 40 años. Se harán pagos al servicio de la deuda por cantidades que son indefendibles e insostenibles, lo que conllevará —inevitablemente— medidas extremas de austeridad.
Los despidos masivos, los recortes a las pensiones y las reducciones profundas a Medicaid y a otros servicios esenciales son las consecuencias evidentes de estos planes y sus términos financieros (esto, sin mencionar una tasa de impuestos a la venta que permanecerá por las nubes).
El Poder del pueblo: Los retirados, tendrán la oportunidad de oponerse con su voto. Aunque el “no” de estos votantes no invalidará un voto “sí” de los bonistas, ejercerá presión sobre el proceso.
Además, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Puerto Rico podrían desempeñar un papel al votar en contra de legislaciones que propicien otro desastroso plan de ajuste. Aunque la autoridad de la Junta de Control Fiscal ha minado de manera significativa el poder de los cuerpos legislativos, necesitará el consentimiento de éstos para efectuar una reestructuración mayor en el plan de ajuste del Estado Libre Asociado.
Algunos puertorriqueños podrán hacer constar su discrepancia en el proceso de votación, ya que cualquier persona con reclamaciones al gobierno —como los empleados públicos retirados— tienen la capacidad de votar.
Sin embargo, aunque habrá muchos —y posiblemente cientos de miles— de votantes que no son parte de Wall Street, los fondos de cobertura llevan la ventaja: los acuerdos pueden, técnicamente, seguir adelante con la aprobación por solo un tipo de votante (como, por ejemplo, un tipo de bonistas) mediante un proceso conocido como cramdown.
La negociación de la la deuda del gobierno de Puerto Rico es la próxima. Con un total de —$13,2 mil millones, la deuda es la segunda tajada más grande del total de la deuda—, que en su mayoría les pertenece a los bonistas de obligaciones generales (OG). Ya que el plan de ajuste de COFINA ha sentado un precedente, es probable que el plan del gobierno también sea por 40 años.
Este acuerdo será de suma importancia debido a que determinará cuánto del Fondo General pasará a manos de los bonistas. Esto implica que los fondos futuros para la educación, salud y vivienda estarán en la mesa de negociación. Mientras más dinero tomen para pagar la deuda, menos dinero habrá para los servicios esenciales.
La aprobación del plan de ajuste al gobierno de Puerto Rico dependerá de otro proceso de votación: todos los acreedores, incluidas todas las personas con algún tipo de reclamación contra el gobierno central, tendrán la oportunidad de ejercer el voto.
Los fondos de recuperación del huracán están asumiendo un papel importante; no en pagarles directamente a los bonistas, sino en rellenar y subsidiar de manera indirecta los pagos de los bonos.