El funcionario de la Environmental Protection Agency (EPA), Steven Riva, se encuentra en el eje de una disputa entre varias organizaciones sociales por declarar en una reunión el pasado 23 de mayo que su entidad favorece el incinerador de Arecibo sin haber tomado en consideración los posibles riesgos que enfrentarían los ciudadanos.
Una carta, endosada por Madres de Negro de Arecibo, el Comité de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados, el Capitulo de Puerto Rico del Sierra Club y el Comité de Salud Publica y Ambiental del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico, fue enviada a la administradora de la Región 2 de la EPA, Judith Enck, para denunciar las declaraciones de Riva. Según las organizaciones, las expresiones de Riva “reflejan la falta de objetividad de dicho funcionario ante la solicitud de los proponentes del incinerador”.
“Nos quedamos boquiabiertos cuando escuchamos al señor Riva, que parecía un portavoz de la compañía Energy Answers, cuando se supone que nos hiciera un resumen del proceso de evaluación de la solicitud de permiso y una exposición objetiva de la tecnología de este proyecto, de lo que habló fue de 'la imposibilidad de que pudiera ocurrir una situación donde hubiera una violación de los estándares de calidad de aire' por el incinerador", expresó Teresa Sánchez, de Madres de Negro de Arecibo.
Sánchez agregó que le parecía poco creíble que la operación del incinerador no les cause ningún problema a los ciudadanos y a los trabajadores.
Según la información ofrecida en el comunicado, el incinerador quemaría 2,100 toneladas al día de desperdicios sólidos y de estas se producirían 400 toneladas de cenizas que requerirían ser enterradas en vertederos. Al diario quedarían 1,700 toneladas sin incendiar. Sin embargo, Riva aseguró que “se quema por combustión, aparte de los contaminantes, el resto sale como bióxido de carbono y agua” minimizando los tóxicos que salen al aire por la chimenea del incinerador.
“Esta es la misma agencia que hace unos meses multó a la compañía Battery Recycling por contaminar a sus empleados y a la comunidad circundante con plomo, uno de los metales más tóxicos a la salud humana. Ellos se creen que con multar se pueden recuperar los daños a la salud. Lo mismo puede pasar con la incineradora”, indicó la licenciada Aleida Centeno, presidenta del Comité de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados.
Por su parte, Riva expresó que se necesitaría, aun con el reciclaje de la basura, “uno o dos incineradores”. Sin embargo, según una propuesta de Basura Cero, que se ha implementado con éxito en varios países, se puede reducir la producción de materiales que pudieran convertirse en desperdicios solidos, yendo al objetivo de que se reutilicen los materiales hasta cerca de un 100 por ciento.
“La expresión más sorprendente y ofensiva fue al final de la reunión, cuando afirmó que debido a que no habíamos logrado las metas de reciclaje que se habían establecido, ahora teníamos que aceptar el incinerador”, señaló el presidente del Comité de Salud Pública y Ambiental del Colegio de Médicos de Puerto Rico, el doctor Ángel González. “Como si la ciudadanía fuera la responsable de la falta de acción del gobierno”, añadió.
Según las organizaciones sociales, el incinerador propuesto para Arecibo representa un peligro para las comunidades circundantes. La emisión de plomo, mercurio y dioxinas, pueden afectar la salud de decenas de miles de personas. Los vientos alisios pueden llevar estas sustancias hacia el pueblo de Arecibo y hacia el corredor noroeste de la Isla, afectando particularmente a niños, embarazadas, ancianos y otras poblaciones más vulnerables. Además, está amenazada la industria lechera, ya que la dioxina puede contaminar los pastos que alimentan el ganado, contaminar la leche y crear un caos económico en esta industria.
“El gobierno federal recientemente anunció una iniciativa para reducir el asma en los puertorriqueños, que tienen una tasa doble que los niños blancos. La EPA es parte de esa iniciativa y sin embargo la aprobación de estos proyectos que generan irritantes que empeoran el asma va contra esa iniciativa”, agregó González.
