Denuncian que intentan acallar la lucha por el retiro universitario

El presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), doctor Eduardo Berríos Torres, denunció que en un nuevo intento por acallarlos y eliminar los poderes que actualmente ostentan, la Junta de Gobierno de la institución se propone enmendar  el Reglamento General del Sistema de Retiro vigente.

“La Junta de Gobierno presentó, este pasado jueves, 1 de noviembre, en una reunión conjunta del Comité de Asuntos Financieros y el Comité de Asuntos de Retiro, a la cual la Junta de Retiro no fue convocada,  un borrador para enmendar el Reglamento General del Sistema de Retiro vigente”, informó Berríos Torres en un comunicado de prensa.

“La intención expresa es despojar a los participantes activos y pensionados del único organismo legítimo y representativo que poseen para sus asuntos de Retiro. Esta acción atenta contra la responsabilidad ministerial reconocida a la Junta de Retiro por la ley de la Universidad, Ley 219 de Fideicomisos y la Escritura de Fideicomiso de Retiro”, sostuvo.

El presidente de la Junta de Retiro señaló que las enmiendas al Reglamento fueron presentadas por los licenciados Walter Alomar y Zoraida Buxó, presidente y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR, respectivamente. Estas enmiendas fueron incluidas en un borrador que clasificaron confidencial y prohibieron compartir con la Junta de Retiro y los participantes del Fideicomiso de Retiro, de acuerdo con el comunicado.

Enmiendas propuestas

Entre las enmiendas propuestas se encuentran adjudicar a la Junta de Gobierno como único responsable de la administración del Fideicomiso de Retiro; otorgar al presidente de la UPR el poder de designar un miembro a la Junta de Retiro y hacer recomendaciones a la Junta de Gobierno sobre asuntos relacionados al Sistema de Retiro y limitar a la Junta de Retiro exclusivamente como asesora de la Junta de Gobierno.

“De igual forma, se trastoca la representatividad de los participantes activos y pensionados en la Junta de Retiro al eliminar que el segundo representante para aquellas unidades con participantes mayores a 1,500 la designe la autoridad nominadora, su equivalente o ente a cargo de dicho sector y al pretender reducir los años de servicio en la Junta de Retiro de tres a dos en cada término”, advirtió Berríos Torres.

Se explicó que, de aprobarse las enmiendas que reducen los años de servicio de los miembros de la Junta de Retiro, aquellos cuyos término de tres años vencen en el 2019 concluirían su gestión este próximo, 31 de diciembre. Mientras, los miembros cuyos término de tres años vencen después del  2019, concluirían el 30 de junio del 2020.

Otras enmiendas que, según Berríos Torres buscan impedir a la Junta de Retiro realizar sus funciones, son la eliminación de la facultad que actualmente posee el organismo para contratar aquellos servicios profesionales necesarios para el desempeño de sus funciones, para aprobar las premisas actuariales necesarias para la evaluación del Sistema y la determinación de beneficios, para aprobar un reglamento interno y para cualificar y recomendar a la Junta de Gobierno tres candidatos a dirigir el Sistema de Retiro, de los cuales la Junta de Gobierno está obligada a seleccionar uno.

“Como si no fuera suficiente, la Junta de Gobierno pretende adjudicarse el poder de imponer acciones disciplinarias a los representantes de la Junta de Retiro y establecer un procedimiento disciplinario para los representantes en la Junta de Retiro, a la vez que otorga al director ejecutivo del Sistema de Retiro el poder de iniciar un proceso disciplinario contra alguno de nosotros”, señaló Berríos Torres.

“Además, nos añaden una limitación para que ninguno de los representantes de la Junta de Retiro ni el director del Sistema de Retiro podamos contravenir u obstaculizar las directrices que ellos imparten en asuntos sobre el manejo, administración y/o bienestar del Sistema”, manifestó el presidente de la Junta de Retiro.

Según el funcionario, a todas luces, esta es una acción para eliminar derechos y en abierta represalia a las gestiones que ha realizado la Junta de Retiro en defensa del Plan de Retiro de Beneficios Definidos, que cobija a unos 19,000 trabajadores activos y pensionados de la UPR.

“Que sepan los licenciados Alomar y Buxó que no nos van a amedrentar, que seguiremos firmes en nuestra lucha, sin importar los intentos por acallarnos y no permitiremos que implanten en la UPR el nefasto precedente de tomar decisiones en cuartos oscuros para beneficiar sus agendas personales”, sentenció Berríos Torres.

Diálogo solicitó, a través de la Oficina de Prensa de la institución, una reacción a la Junta de Gobierno de la UPR sobre las declaraciones del presidente de la Junta de Retiro, pero al momento de la publicación de este artículo las autoridades universitarias no habían emitido ninguna declaración.

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