La licenciada Amárilis Pagán Jiménez, directora del Proyecto Matria, expresó hoy que el proyecto 950 del Senado que regularía el derecho al aborto en Puerto Rico “está plagado de premisas falsas sobre el aborto y pretende utilizar el terror como barrera para que las mujeres desistan de asistir a clínicas de aborto y para que las doctoras y doctores de dichas clínicas se vean obligados a cerrar sus prácticas”.
La entidad denunció, a través de un comunicado de prensa, que aunque solicitó turno en las vistas públicas donde se discute el proyecto, se le negó esa oportunidad.
Pagán Jiménez, criticó que aunque la medida fue titulada como Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida, establece todo lo contrario.
“Es una colección de datos ambiguos y carentes de evidencia organizados para crear la impresión de que el aborto es peligroso y que en Puerto Rico se practican abortos ilegales en el último trimestre de embarazo, que se practican por personal no capacitado, que se obliga a niñas a abortar y que desde el momento del embarazo hay un ser humano diferente e independiente de la mujer”, denunció Pagán Jiménez.
Añadió que el proyecto, de la autoría de la senadora Nayda Venegas Brown, pretende crear un estado de terror en el que las mujeres que deseen practicarse un aborto tendrían que someterse a un escrutinio moral que violenta su derecho a la intimidad y que las presume incapaces de tomar decisiones sabias para su bienestar.
“El proyecto impone a un proceso de aborto más regulaciones de las que existen al presente para procedimientos quirúrgicos mucho más complejos y riesgosos para los pacientes. Eso nos deja ver que el interés no es el bienestar de las mujeres o las niñas, sino adelantar una agenda religiosa que la senadora Venegas no ha ocultado desde que inició su vida política”, dijo Pagán.
La directora de Matria dijo que organizaciones internacionales se han expresado sobre este proyecto en Puerto Rico y han advertido del efecto nefasto del mismo en las vidas de las mujeres.
Como ejemplo de las regulaciones que impondría el PS950, la organización mencionó el periodo de espera de 48 horas desde que la mujer acude a la clínica, la obligación de practicar abortos solamente en hospitales luego de las 12 semanas de embarazo, el obligar a las menores a ir a un tribunal a pedir autorización para practicarse un aborto y el prohibir abortos por causas psicológicas o anomalías genéticas.
“No existen fundamentos científicos que apoyen la necesidad de crear esas regulaciones y el efecto neto en la vida y la dignidad de las mujeres será el privarlas del derecho al aborto”, sostuvo Pagán Jiménez.
“Si consideramos el nivel de pobreza de las mujeres en Puerto Rico, la falta de acceso a la justicia, los costos de los hospitales, las estadísticas de agresiones sexuales a menores de edad y ¡hasta el zika!, estamos diciendo que con este proyecto las mujeres tendrían que recurrir a prácticas caseras o ilegales de aborto porque el sistema de salud les estaría cerrando las puertas. Sería el fin del derecho al aborto en Puerto Rico y eso es lo que busca este proyecto a pesar de su título”, sostuvo.
“No podemos permitir que la moral estrecha de ciertos sectores de este país que no aceptan la separación entre Iglesia y Estado nos gobierne y nos lleve al Siglo XIX. Las mujeres suelen ser sabias y saben lo que deben hacer para su bienestar. No necesitan al Estado ni a las iglesias ordenándoles qué hacer con sus cuerpos”, concluyó.
La organización invitó al público a educarse en el tema a través de la página de Facebook llamada Aborto Libre Puerto Rico.
También lo rechaza el MAMPR
Por otro lado, el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) manifestó hoy durante las vistas públicas para el nuevo Código Civil, que la medida, propuesta por la senadora del Partido Nuevo Progresista, discrimina y violenta los derechos constitucionales de las mujeres en Puerto Rico.
“El proyecto de Código Civil propuesto carece de perspectiva de equidad por razón de género, no contiene un lenguaje inclusivo que refleje la diversidad social, y en muchas de sus medidas tiene un lenguaje distintivo de naturaleza teológica. Todo lo anterior, pone en serio riesgo los derechos adquiridos de las mujeres y de las comunidades lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual”, manifestó Sara Benítez Delgado, portavoz del movimiento que agrupa diversas entidades que trabajan en pro de las mujeres de la Isla.
Por su parte, la licenciada Ana Irma Rivera Lassen, expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas y también portavoz del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), señaló que la propuesta de enmienda contiene incoherencias, duplicidad y, en algunos casos, incompatibilidad con varias leyes especiales y avances jurídicos.
“Por ejemplo, es notable en la lectura de este proyecto de ley que el mismo pretende otorgarle al feto carácter jurídico, con los derechos reconocidos a las personas, por encima de la mujer embarazada y en clara contradicción al derecho constitucional de las mujeres sobre su cuerpo,” destacó la abogada.
Ambas enfatizaron en su ponencia a la Comisión, que rechazaban las visiones restrictivas, punitivas y discriminatorias contra las mujeres que caracterizan varios de los artículos del código propuesto como aquellos relacionados a la posibilidad de un cónyuge o familiar con interés declarar incapaz a una mujer embarazada e internarla involuntariamente.
Indicaron que el artículo 133 sobre el “plazo de la orden de internamiento”, representa una violación a los derechos de las mujeres permitiendo que, aún no habiendo sido declaradas incapaces, se las pueda confinar hasta por un plazo de cuatro meses antes de comenzar un proceso de declaración de incapacidad.
“Nuevamente, estos artículos van encaminados a darle mayores derechos al feto que a la embarazada y mayores derechos a los hombres que a las mujeres”, afirmaron.
De igual manera, se expresaron en contra de las limitaciones al matrimonio entre personas encontradas adúlteras por considerarlas “una rémora del pasado”, el resultado de un prejuicio moral y es una violación de su derecho a la libertad, dignidad e intimidad.
Finalmente, señalaron que los artículos propuestos contravienen e imponen limitaciones al desarrollo de la ciencia para atender de forma más eficiente y exitosa a las personas enfermas, entre otras críticas.
