Agua a altos precios transada como un bien de mercado y campesinos casi en extinción reemplazados por trabajadores temporeros son efectos visibles de una crisis en el agro chileno. Esto sucede a 50 años de una reforma agraria que postuló “la tierra para el que la trabaja”.
Para hacer frente a esta crisis, dirigentes ecologistas y sociales proponen una nueva reforma agraria para recuperar el agua como un bien público, en momentos en que una persistente sequía azota a gran parte de Chile y obliga a usar camiones cisterna para repartir agua en varias ciudades del país.
El año pasado también se duplicaron respecto a 2015 la cantidad de pequeñas localidades sin agua a las que debió atenderse usando los camiones aljibe. Sobre esto, ya se ha reconocido el responsable del área en el gobierno, el director general de Aguas, Carlos Estévez.
“En Chile el agua, separada de la tierra, se transformó en un bien de capital al arbitrio de especuladores en circunstancias que la jurisprudencia internacional indica que debería estar a disposición de preservar la vida, la producción de alimentos y, después, las demás actividades económicas”, afirmó a IPS el experto y activista Rodrigo Mundaca.
El secretario general del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima) aseguró que “es fundamental una segunda reforma agraria para recuperar el agua”, tras la ocurrida en los años 70.
“La revolución verde es un modelo que no preserva los bienes naturales. Tenemos un modelo exportador asociado al mono cultivo y hay que impulsar un nuevo paradigma de desarrollo con una relación armoniosa con la naturaleza”, dijo.
Este país sudamericano es un gran productor y exportador de alimentos, gracias a la producción de grandes empresas y a consorcios dueños de la tierra y del agua.
La mitad de sus exportaciones, que en 2016 superaron los $60,000 millones, siguen siendo mineras, pero Chile es también uno de los 10 principales países del mundo en ventas al exterior de alimentos, con varios rubros en los que ostenta el primer lugar, aportando el sector en total unos $20,000 millones.
En contraste, los derechos de agua en Chile, privatizados en 1981 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), tienen en jaque a la agricultura familiar y campesina, que lucha por la reconversión, al menos parcial, de este recurso al control público.
La Constitución de 1980 consagra al agua como un bien privado. El uso de los recursos hídricos, según reglas del mercado, está regulado por un Código de Aguas, que confiere al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento a empresas, de forma gratuita y perpetua.
Además, faculta a comprar, vender o arrendar esos derechos sin considerar prioridades de uso. En Chile hay vigentes 110,000 derechos del agua al amparo de esa norma.
En el legislativo Congreso Nacional avanza una modificación a ese código, propuesta por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, aunque su aprobación definitiva demorará meses.
El proyecto convierte en temporales y no perpetuos los derechos de agua, pero norma solo las concesiones futuras y no revisa hacia atrás, una cuestión criticada por ecologistas y activistas sociales del área rural.
A 50 años de la reforma agraria iniciada por el gobierno del democratacristiano Eduardo Frei (1964-1970) y profundizada por el del socialista Salvador Allende (1970-1973), aumentan quienes plantean una segunda reforma al agro para que el agua vuelva a ser un bien social.
Entre las ciudades de Petorca y Antofagasta, en el desértico norte chileno, a 200 y a 1,340 kilómetros de Santiago, respectivamente, el valor del litro de agua por segundo a usar en cada período acotado oscila entre el equivalente a $7,670 y $76,700, citó Mundaca entre los casos que hacen necesaria esa reforma.
Contexto latinoamericano
Luiz Beduschi, oficial de Políticas en Desarrollo Territorial de la oficina de la FAO para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago, comentó a IPS que “históricamente, América Latina ha sido una de las regiones con importantes niveles de inequidad en la distribución y uso de los recursos naturales”.
“Este fenómeno ha tenido entre sus causales una creciente concentración de las cadenas de valor, la fundación y crecimiento de empresas explotadoras de recursos a escala industrial, apoyado por enfoques de las políticas públicas hacia un mayor incremento en la participación de los países en mercados de exportación”, explicó.
Berduschi subrayó que “la expansión de inversiones en la región a través de pools de siembra, arriendos anuales de grandes extensiones o compras de terrenos, entre otros, contribuyen para que la concentración de la tierra esté en un nivel aún más alto del que existía antes de las reformas agrarias acontecidas en varios países de la región”.
“Los procesos históricos de reformas agrarias, impulsados fuertemente en diferentes países de la región, más de 100 años para el caso de México y 50 años en Chile, nos permiten hoy poner nuevamente en discusión los temas de desigualdad fuertemente observados a partir de la concentración global en la tenencia y uso de los recursos naturales, reflejados históricamente en la tenencia de la tierra”, aseveró.
Impactos del modelo a reformar
El agrónomo Jacques Chonchol, ministro de agricultura de Allende e impulsor de la reforma agraria, dijo a IPS que una nueva reforma puede plantearse porque con la contrarreforma emprendida por la dictadura “prácticamente se privatizó el agua, cada vez un recurso más escaso”.
“Tenemos muy poca tierra cultivable. De los 757 millones de kilómetros cuadrados, menos de 10% lo es y parte se está perdiendo por el negocio de las parcelas”, creadas en áreas rurales para servir como segundas viviendas de residentes en ciudades, advirtió.
Chonchol expresó, asimismo, la necesidad de “una política forestal que excluya las tierras agrícolas. Eso era prohibido, pero con la dictadura se volvió a producir. Deben prohibirse plantaciones forestales en tierras agrícolas y, además, que estas empresas se inclinen por el bosque nativo porque el pino y el eucalipto se chupan (absorben) toda el agua”.
A su juicio, con la contrarreforma “surgió una nueva agricultura capitalista, mucho más eficiente desde el punto de vista económico aunque no siempre desde el punto de vista social”, en un modelo que “perpetúa la desigualdad” y que los gobiernos democráticos han mantenido.
En el plano social, el historiador José Bengoa afirmó a IPS que hasta la reforma agraria en Chile existían tres tipos de campesinos: “los pequeños propietarios de tierras agrupados en pueblos y caseríos; los inquilinos de las haciendas y sus familiares y los ‘afuerinos’ que deambulaban ente los pueblos y las haciendas”.
“Esa estructura se modificó radicalmente y hoy la gran mayoría son trabajadores agrícolas no permanentes, habitantes de pueblos y ciudades cercanas a las faenas agrícolas”, detalló.
“Hay un pequeño sector de pequeños productores agrícolas que podrían ser denominados como campesinos, los que en algunas regiones y sectores son mayoritarios y el resto es crecientemente población asalariada y de temporada”, explicó.
Para Bengoa, “la agricultura chilena es hoy día, gracias a la Reforma Agraria, un sector altamente capitalista y productivo”.
“Esta actividad sin control conduce a un nivel de explotación sin parangón de los recursos humanos, los trabajadores, y los recursos naturales, por ejemplo el agua. En los próximos años habrá graves problemas tanto en la necesidad de mano de obra como en la de nuevos recursos de agua, tierra y en general medioambientales”, vaticinó.
A juicio del historiador, estos problemas no son de fácil solución porque “los agricultores presionarán al Estado para aumentar el flujo de trabajadores migrantes y para mayores obras de infraestructura en especial en reservas de agua”.
