Por: Gustavo Capdevila
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) despejará el viernes 13 la incógnita de si asumirá su responsabilidad en el dramático caso de las desapariciones de decenas de miles de personas perpetradas en los últimos años en México.
Ese día, el Comité contra las Desapariciones Forzadas emitirá sus recomendaciones tras examinar el informe del gobierno de México acerca de la presencia de ese delito y, en particular, el caso de los 43 estudiantes de magisterio rural, secuestrados el 26 de septiembre.
Se trata de un caso palpitante y el más grave que le ha tocado examinar al novel organismo, creado por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que entró en vigor en diciembre de 2010.
Esta vez el Comité actúa bajo la presión de un creciente movimiento social extendido por casi todo México, que reclama a su gobierno y a las instituciones internacionales una intervención urgente para detener esas violaciones, esclarecer el paradero de las victimas e identificar y juzgar a los culpables.
En la audiencia del 2 y 3 de este mes, las autoridades mexicanas reconocieron ante el Comité “sin ambigüedades” la enormidad de los crímenes que se están perpetrando.
Juan Manual Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaria (ministerio) de Relaciones Exteriores, admitió que su presentación al organismo de la ONU “ocurre en una circunstancia particularmente dolorosa que ha generado indignación y repudio” en todo el mundo.
El representante gubernamental se refería a los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado suroccidental de Guerrero, que desaparecieron cuando se desplazaban en un autobús para asistir a un acto público en la cercana ciudad de Iguala.
Pocos días después el gobierno divulgó cifras escalofriantes que elevan a 22.610 el número de personas desaparecidas en México desde 2006.
Casi la mitad de esas personas han desaparecido entre 2012 y 2014, es decir, durante el gobierno del actual presidente, Enrique Pena Nieto, subrayó un comunicado de Amnistía Internacional.
Las explicaciones de la delegación gubernamental al Comité decepcionaron a representantes de la sociedad civil que viajaron desde México hasta esta ciudad suiza, sede de los organismos de la ONU de derechos humanos.
“Quedamos muy insatisfechos. Teníamos la expectativa de que el debate generara más compromisos claros del gobierno para atender, junto con el Comité, el problema de las desapariciones en México”, dijo a IPS el abogado Michael Chamberlin, del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, del estado nororiental de Coahuila.
Las organizaciones no gubernamentales reprochan al gobierno por no haber reconocido la competencia del Comité para recibir y examinar quejas de personas que aleguen ser victimas de violaciones del Estado, un mecanismo establecido por la Convención.
Tampoco respondieron favorablemente las autoridades a un pedido de los expertos del Comité de que el Estado mexicano acepte la visita de una delegación del organismo, otra alternativa prevista por la Convención para casos de violaciones graves.
“Nos parece que el gobierno no esta dimensionando justamente el problema”, insistió Chamberlin. “Esperábamos que hubiera una invitación que respondiera a la solicitud que hizo el Comité reiteradas veces, pues hubiera sido muy bueno para profundizar el diálogo”, declaró el letrado.
“También esperábamos que el gobierno aceptaría la competencia del Comité para las quejas individuales. Era lo mínimo que podían hacer. Y estamos de acuerdo con el presidente del Comité (el francés Emmanuel Decaux) en que no había ninguna excusa para no hacerlo”, refirió Chamberlin.
María Guadalupe Fernández, madre de José Antonio Robledo Fernández, un ingeniero desaparecido en enero de 2009 cuando tenía 32 años, refutó las conclusiones del procurador general (fiscal general), Jesús Murillo, sobre la suerte corrida por los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Murillo sostuvo el 26 de enero, al cumplirse cuatro meses de la desaparición, la investigación demostró que los estudiantes fueron atacados por policías municipales de Iguala, que los entregaron a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, que la misma noche los asesinó en un vertedero cercano a Iguala, calcinó sus cuerpos y arrojó los despojos a un vecino río.
Fernández dijo que los familiares de los 43 estudiantes descreen de la versión del procurador porque no les entregan pruebas. “Lo mismo nos pasa a todos los familiares que tenemos desaparecidos. Las autoridades solo nos dicen que están buscando”, aseguró.
Su hijo desapareció en la ciudad de Monclova, en Coahuila, donde trabajaba para una empresa constructora. “Lo secuestraron grupos del crimen organizado, pero la empresa se deslindó del caso porque algunos de sus empleados estaban coludidos con esas bandas”, dijo.
“Esa empresa pagaba derecho de piso (extorsión) y quizás no quiso pagar lo que le pidieron por mi hijo”, agregó la madre.
Fernández sostuvo que el gobierno mexicano comete una “simulación cuando dice que nos ayuda. Llevo seis años en este calvario. Porque una cosa es que un hijo se muera, se lo sepulte y se vaya a su tumba a llorarlo. Pero cuando no sabemos si están vivos o muertos y las autoridades no nos dicen nada. Eso es un calvario”.
Chamberlin describió que el problema de las desapariciones “tiene que ver con una profunda corrupción, donde ya no se puede distinguir entre autoridades y grupos criminales”. Además, “no hay investigaciones, no hay registros claros de desaparecidos, hay una práctica sistemática de ocultar la situación”, agregó el defensor de derechos humanos.
“Las familias de los desaparecidos están ahora buscando los espacios desde donde podrán incidir mejor”, dijo al explicar la creciente movilización social sobre las desapariciones forzadas en el país latinoamericano.
“Queremos una supervisión cercana del Comité de la ONU sobre las formas en que México debe ir avanzando para aplicar las recomendaciones del propio Comité”, precisó.
El abogado opinó que “el escrutinio internacional tiene que estar ahora más que nunca mirando como se desarrollan las cosas en México”.
Los 10 expertos que integran el Comité contra las Desapariciones Forzadas cuentan con un antecedente de personalidades del foro mundial que en octubre emitieron un crudo diagnóstico sobre la situación mexicana en la materia.
La declaración fue firmada por los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, que vigila la perpetración del delito en los países que no ratificaron la Convención, y los relatores especiales de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, y sobre la cuestión de la tortura, Juan Méndez.
El documento manifestaba que “durante años hemos identificado la impunidad que prevalece en México en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. También hemos resaltado las deficiencias en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas”.
“Pedimos que se castigue a los responsables y que se proteja a los familiares de las víctimas y todos los que están investigando o apoyando los esfuerzos para determinar la suerte y el paradero de las víctimas”, agrega.
La dimensión de los nuevos requerimientos al Estado mexicano sobre el fenómeno de las desapariciones forzadas se sabrá el día 13.
