“Desconcertada” la Junta de Gobierno ante rechazo estudiantil a los preacuerdos

El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Pérez, afirmó hoy que desconcierta que los líderes estudiantiles que lograron ayer un preacuerdo conducente a la reapertura de la universidad y al reinicio de las labores académicas y administrativas no hayan podido obtener el respaldo de sus pares para ratificar lo acordado.

“Es muy difícil de entender y desafortunado que los grupos estudiantiles que debían ratificar los acuerdos de ayer no hayan dado el justo valor a las largas horas de conversaciones y al trabajo intenso que realizan sus representantes en la mesa de diálogo para buscar una salida que reconozca la necesidad urgente de abrir los portones y que a la vez atienden sus demandas de una manera factible para la universidad, dentro de la situación financiera vigente”, dijo Pérez.

El funcionario se refirió a la determinación de plenos estudiantiles de siete unidades en huelga indefinida que anoche decidieron retirar sus firmas de los preacuerdos alcanzados por la Mesa de Diálogo Multisectorial.

“La Universidad ha cedido en todo lo que puede ceder en este momento y así fue reconocido ayer en los preacuerdos. Estaba en manos de los estudiantes de los diversos grupos representados en la mesa de diálogo dar el paso decisivo para reabrir la Universidad a la vez que seguimos dando una lucha juntos para salvarla de los recortes desproporcionados e injustos que sugiere la Junta de Control Fiscal”, agregó el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR.

Pérez sostuvo que con la presión fiscal que vive la Universidad, los preacuerdos logrados ayer representan por mucho el máximo que la Universidad puede dar. “Es lamentable y equivocado que los grupos de estudiantes no respaldaran el trabajo y el logro de sus líderes”, dijo.

Los preacuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo Institucional fueron los siguientes:

1. La administración universitaria no implantará un aumento en el costo de los créditos, adicional al ajuste escalonado ya vigente, y mantendrá las exenciones de matrícula. Además establecerá que las metas fiscales se logren mediante medidas de eficiencias administrativas y Ia implantación de iniciativas de otros ingresos. Todo esto para el periodo 2017-208.
2. La Universidad se comprometerá en apoyar y colaborar de manera afirmativa las labores y necesidades de Ia Comisión Ciudadana para Ia Auditoría Integral del Crédito Público.
3. La administración universitaria reiterará las expresiones y esfuerzos en rechazo a los recortes excesivos al presupuesto de Ia Universidad de Puerto Rico, por entender que representan una amenaza a Ia calidad y Ia excelencia de Ia educación superior pública, y reduce Ia posibilidad de una Universidad accesible e inclusiva.
4. La administración universitaria se expresará en contra de Ia eliminación y privatización de recintos de Ia Universidad.
5. Solicitar a Ia Asamblea Legislativa que permita que las propuestas de reforma de Ia Ley de Ia Universidad sean generadas desde Ia comunidad universitaria y sus sectores.
6. Solicitar que los organismos pertinentes reconozcan que Ia educación superior pública es un “servicio esencial”.
7. No se iniciarán acciones disciplinarias a los estudiantes y empleados docentes y no docentes por acciones durante eventos relacionados a las actividades huelgarias en el segundo semestre de 2016-207. Esto NO aplica a acciones que constituyan delito.
8. Mantener una Comisión de Diálogo Institucional activa para viabilizar discusiones y legitimar dinámicas de participación democrática en Ia toma de decisiones . De inmediato se continuará la discusión y esfuerzos encaminados para: sostener reuniones con el Gobernador, Ia Junta de Supervisión Fiscal y Ia Comisión del Senado de Puerto Rico sobre reforma universitaria; y continuar Ia discusión de medidas de eficiencias administrativas y otros ingresos que puedan sostener el cumplimiento de Ia misión de Ia Universidad.

Además los integrantes de Ia Comisión intercederán para que los grupos que representan así como otros miembros de Ia comunidad universitaria colaboren en las tareas para preparar los recintos para retomar las labores. Se facilitará el acceso al recinto de Río Piedras a partir del 21 de mayo de 2017 para realizar tareas preventivas de mantenimiento de Ia planta física.

Asimismo, acudirán ante el tribunal a expresar los logros alcanzados para lograr restablecer las labores en el recinto de Rio Piedras.

Los miembros de Ia comisión Ilevarán estos asuntos ante sus grupos, con Ia recomendación de que sean ratificados.

“Les pido una mayor flexibilidad y comprensión a todos los actores con un rol en esta controversia. La Universidad de Puerto Rico es esencial para el futuro de nuestro país y está por encima de todo y de todos nosotros. Vamos a abrirla a la vez que la salvamos, es urgente”, reiteró.

Anoche, la portavoz del movimiento estudiantil del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Lena Garay, sostuvo que los preacuerdos “son meramente simbólicos y entendemos también que no se deben considerar los reclamos estudiantiles solo para el 2017-2018”.

“Esto va más allá del próximo año fiscal, necesitamos tener un poco más de seguridad. Además de esto, tuvimos un problema con el lenguaje y lo señalamos en la contrapropuestas. También, tenemos unas ideas para la Junta de Gobierno de cómo atajar el recorte de $149 millones que se nos viene encima el próximo agosto”, añadió Barkley Cabrera, también parte del movimiento estudiantil del RUM.

Tal como reportó Diálogo, el gobierno reducirá el presupuesto de la universidad del Estado por $149 millones, por lo que la administración de la institución educativa pondera una matrícula ajustada a los ingresos y recortes en alrededor de $100 millones.

En el caso del Recinto de Río Piedras, la presidenta interina de la UPR—Nivia Fernández Hernández—, así como a la exrectora del recinto—Carmen Rivera Vega—están citadas a una vista en el tribunal por desacato pautada para mañana y podrían enfrentar una pena máxima de seis meses de cárcel.

Desde el pasado martes, 16 de mayo, la UPR ha pagado $1,000 por cada día en que el recinto ha permanecido cerrado, además de $5,000 entregados en aquel momento.

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