Construir infraestructura pública para un Puerto Rico en quiebra y rematado por dos huracanes parece una buena idea ante la necesidad de obras urgentes, la falta de empleos y la exigencia de fortalecer la economía. Pero los “proyectos críticos” que se deben aprobar por vía rápida, según lo ordena la ley federal Promesa, apenas comienzan a ponerse en marcha y generan cuestionamientos.
La Junta de Control Fiscal (JCF), el organismo impuesto por el gobierno estadounidense por medio de la Ley Promesa para mandar sobre las finanzas de Puerto Rico, acaba de aprobar un proyecto crítico que más bien parece uno de esos numerosos parchos con los que el Gobierno resuelve los problemas.
Se trata de la expansión del vertedero del municipio de Fajardo, lo que permitirá a nueve ayuntamientos del noreste de la Isla tener un lugar para depositar la basura durante los próximos 20 años. Esa iniciativa da la impresión inicialmente de ser un gran paso, pero sólo compra tiempo ante la crisis generalizada de la basura del País, que no cuenta con un plan inmediato, contundente y abarcador para reducir desperdicios y aumentar el reciclaje.
La medida de la JCF tiene el objetivo adicional de que la empresa Landfill Gas Technologies duplique la generación de electricidad que le provee a la Autoridad de Energía Eléctrica, de dos a cuatro megavatios, usando gas del vertedero. Este es uno de los proyectos de generación privada firmados bajo la administración del ex gobernador Luis Fortuño, que fueron señalados como ilegales porque la AEE no abrió a la competencia el proceso de solicitud de propuestas para asegurarse de que recibía las mejores ofertas, mientras que la Oficina del Gobernador, sin pericia para seleccionar los proyectos, negoció contratos para luego imponerlos a la AEE.
Es cierto que esta empresa vende a 10 centavos el kilovatio por hora de electricidad a la AEE, siendo uno de los proyectos que ofrece energía más barata a la corporación pública.
Pero, para aumentar la generación en estas instalaciones en Fajardo, lo que daría electricidad a más de 2,394 residencias cada año, el proyecto necesita que se deposite más basura. Nada que ver con las políticas de reducción de desperdicios que requiere el País.
Precisamente por eso, expertos del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (Inesi), compuesto por profesores de la Universidad de Puerto Rico, y el grupo de estudio estadounidense Institute for Energy Economics and Financial Analysis ponen en duda que a este tipo de instalación se le pueda llamar una fuente de energía renovable, como lo hace la JCF.
En su informe anual, la JCF sostiene que Noel Zamot, coordinador de revitalización a cargo de los proyectos críticos, reinició el proceso tras los daños causados por los huracanes María e Irma, creó una página web y recibió propuestas de sobre $8.4 mil millones de dólares para infraestructura, además de designar el primer “proyecto crítico”: la construcción de un edificio de vivienda pública de sobre 130 unidades en Hato Rey, financiado con fondos federales. Esto lo hace al amparo del Título V de Promesa, la única medida de desarrollo económico en esa ley federal.
Esos edificios de vivienda son otro parcho ante la necesidad de hogares para personas de bajos ingresos. Además, ¿cómo se justifica esta construcción nueva en el corazón de la capital cuando en las avenidas y calles de San Juan abundan estructuras residenciales y comerciales abandonadas que están creando un corredor de estorbos públicos?
En efecto, hay unas 100,000 unidades de vivienda vacantes en los municipios de San Juan, Bayamón, Carolina, Ponce y Mayagüez, parte de los cascos urbanos más importantes, según las identificó en mayo de 2018 la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, usando datos censales de 2015.
Si Zamot y la JCF pensaban que el proceso de proyectos críticos iba a permitir la construcción por vía rápida sin escollos, ahora se encuentran con el primer problema. Ese proyecto está impugnado en los tribunales por irregularidades en los permisos y en adjudicar al contratista el uso de los terrenos.
Los otros proyectos que están en agenda también dejan mucho que desear. Hay once proyectos de generación de energía con fuentes renovables bajo consideración de la JCF y que ya han recibido el visto bueno de la Comisión de Energía, la entidad responsable de supervisar la industria energética.
Ninguno de los proyectos es una propuesta nueva, sino que son parte de los proyectos de la administración Fortuño, que en su mayoría ofrecen contratos de compra de electricidad a altos costos y con escaladores anuales. Esos contratos son malos y la Junta, que venía alegadamentea a hacer las cosas distintas, está haciendo lo mismo que Fortuño.
¿Cómo va el proceso de renegociación de los contratos que tiene a cargo la AEE para que Puerto Rico obtenga energía privada a bajo costo, según lo ordena el Plan Fiscal vigente de la corporación pública? ¿Dónde están las aportaciones para hacer el sistema eléctrico más resiliente ante los huracanes, como el llamado para instalar unidades de almacenamiento de energía, según lo proclamó Zamot en Boston en abril pasado?
A poco más de un año del nombramiento de Zamot y al cumplirse el aniversario del huracán María, los proyectos críticos seleccionados por la Junta ni parecen críticos ni muestran un rumbo acertado.
