Aunque las esperanzas de ver una mejor economía en Puerto Rico son tan sólidas como una burbuja, lo cierto es que esta se explotaría mucho más rápido si el país no atiende una serie de desafíos en materia de desigualdad social y desarrollo humano.
Eso da a atender el primer Informe de Desarrollo Humano de Puerto Rico presentado ayer por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) y que busca subrayar las limitaciones –mayormente sociales– que estancan al país.
Al mismo tiempo, el documento pretende ser una hoja de ruta hacia las políticas públicas que debe impulsar el gobierno y que redunden en mejores oportunidades de vida para la ciudadanía puertorriqueña y un territorio más competitivo a nivel global.
“Puerto Rico no ha dado importancia significativa a un objetivo fundamental del desarrollo, que es mantener un nivel bajo de desigualdades. Ello parece estar en la base de nuestras dificultades de lograr cohesión social y de superar la pobreza, la criminalidad, la deserción escolar y el estancamiento económico”, reza el resumen ejecutivo del informe para el que participaron en su elaboración investigadores de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana, el Sistema Universitario Ana G. Méndez y el IEPR.
La evolución demográfica, el incremento sostenido de la emigración, la perspectiva salubrista, las muertes violentas, la educación, la cultura y la equidad de género son algunos puntos de partida que se utilizaron para el análisis.
Sin embargo, uno de los problemas más serios que señala el informe está relacionado con las desigualdades laborales en el país y la poca oferta de trabajo.
“Desde 1947, cuando comenzó a computarse la tasa de desempleo en el país, nunca se ha registrado un nivel menor del 10%. Siempre ha habido un grupo significativo de personas activamente buscando un empleo sin éxito, lo que de por sí implica una desigualdad en las puertas del mercado laboral. La tasa de participación en la fuerza de trabajo es de las más bajas en el mundo y ronda actualmente por un 40%”, recalcó el análisis.
El problema, a juicio de los hallazgos presentados, es que Puerto Rico ha dependido demasiado de empresas estadounidenses –especialmente de aquellas dedicadas al comercio al detal que generan pocos empleos estables y de tiempo completo– para emplear a sus ciudadanos.
“Las mediciones realizadas para el informe permiten concluir que en Puerto Rico trabajar disminuye la probabilidad de ser pobre, pero no es vacuna contra la pobreza: el 21.3% de las personas empleadas eran pobres en el periodo estudiado, cifra que es tres veces mayor que en Estados Unidos”, destaca el escrito, en el que se apuntan como factores el carácter provisorio de tiempo parcial y de salario mínimo de muchos de los puestos de trabajo y la existencia de un sector informal de la economía que no asegura trabajo con buenas condiciones.
La situación empeora, argumenta el documento, ya que el dinero que generan las empresas estadounidenses se transfiere inmediatamente a Estados Unidos, lo que hace un flujo de caja local limitado en comparación con otras latitudes.
Pero eso no es todo, ya que a un país dependiente de empresas foráneas –que ofrecen condiciones precarias de salario y empleo– para su producción, se le suma un sector empresarial nativo alicaído y poco resiliente a enfrentar la recesión que atraviesa Puerto Rico desde 2006.
De acuerdo con el informe, para 2016 –año de evaluación del estudio– menos de un 5% de las empresas locales exportaban sus productos o servicios, lo que hace “difícil la competencia en una economía tan abierta y dominada por las megaempresas transnacionales, que suelen formar monopolios de facto en ciertos sectores”.
Lo anterior redunda en un sector empresarial local pequeño en la aportación de puestos de trabajo, en comparación con el sector gubernamental que se ubica como el mayor empleador local.
El informe destaca que la política pública de estímulo empresarial en Puerto Rico ha sido generalmente ambivalente y errática, privilegiando la concesión de incentivos a las empresas extranjeras, en vez de apuntalar el desarrollo, la expansión y la consolidación de empresas locales que podrían generar más empleos y más reinversión local.
Dependencia, pobreza y ¿futuro?
Conscientes de los retos, los investigadores también reconocieron como un escollo al desarrollo la amplia dependencia en Puerto Rico hacia las ayudas federales, como las asistencias para alimentos, becas de estudio y subsidios de salud, entre otras.
Aunque el estudio reconoce que estas ayudas no necesariamente se han utilizado de la mejor manera para el desarrollo socioeconómico local, acepta que, de no existir estos subsidios, “la desigualdad en Puerto Rico sería mayor”.
Aun así, el problema, destaca el estudio, es que estos vales “tampoco cubren a la totalidad de las familias y los individuos bajo la línea de pobreza, que se ha mantenido en cerca de 45% en los últimos años, mientras que el principal programa de transferencia, el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) solo llega a 37% de la población”.
No es sorpresa, pues, que el análisis concluya que, ante las marcadas desigualdades –sobre todo el términos laborales–, niños y adolescentes de familias pobres están desproporcionadamente expuestos a la compleja gama de actividades que genera la economía del narcotráfico o economía informal.
“La gran mayoría de los puntos de drogas incorpora a menores de 18 años en tareas remuneradas, que incluyen hasta el sicariato. Probablemente, Puerto Rico sea el único país del hemisferio donde hay más lugares de venta de drogas que escuelas [más de 1,600 puntos de drogas vs. 1,388 escuelas públicas]”, exponen los investigadores.
Claro, tanto la desigualdad o la entrada una economía informal se sigue expandiendo a medida que las posibilidades educativas disminuyen. En ese sentido, el informe comprobó que “a medida que aumenta el nivel educativo, disminuye la desigualdad”.
“Los datos evidencian que aquellos que no completan la escuela superior, que en Puerto Rico representa un 30% del grupo de edad mayor de 25 años, tienen un ingreso promedio por debajo del nivel de pobreza. Lograr un diploma de escuela superior hace una diferencia significativa, especialmente para las mujeres; para ellas un diploma de escuela superior reduce el porcentaje de pobreza en 13 puntos y obtener un diploma universitario lo reduce en 22, lo que incide decididamente en la desigualdad que enfrentan”, apunta en escrito.
El impacto de la colonia
Si bien los investigadores reconocen que las ayudas federales minimizan en cierto grado los índices de desigualdad en Puerto Rico, no descartan que precisamente por la relación con Estados Unidos, el país se vea mucho más limitado para poder corregir sus retos.
“Seguramente por su particular relación con Estados Unidos, la sociedad puertorriqueña desde hace más de cien años no ha tenido la oportunidad de reflexionar, discutir y lograr acuerdos sobre la ruta, la forma y las prioridades que desea para encauzar sus procesos de desarrollo económico y social. Al menos, hasta la actual crisis, generalmente se ha pensado que los poderes metropolitanos han de tomar estas decisiones sabiamente y que poco puede hacerse desde Puerto Rico para definir el curso de acción por seguir”, concluye el informe.
Añade, además, que “los funcionarios gubernamentales, los empresarios y el ciudadano común de la isla han estado alejados de los debates internacionales que han incidido en la evolución de las nociones de desarrollo humano y desarrollo humano sostenible. Por estar Puerto Rico fuera de la órbita del sistema internacional, ha habido un desconocimiento sobre qué quieren decir estas visiones, a las cuales se adhieren la gran mayoría de los países del mundo actualmente.
Según el análisis, solo en el ámbito académico y en algunas organizaciones sociales se ha estado pendiente a los debates sobre la noción de desarrollo humano sostenible, que concibe a las personas como eje de los procesos de transformación económica y social, y no al capital, la nación o los gobiernos.
¿Qué se puede hacer?
Para los investigadores, Puerto Rico tiene un serio problema de desigualdades que necesita atenderse con políticas específicas diseñadas para revertirlo.
Si bien se elaboró previo al paso del huracán María –y por ende no toma en cuenta las complejidades socioeconómicas producidas como consecuencia del ciclón– alerta que no atender las problemáticas que expone el informe significará profundizar el estancamiento económico, los actuales desafíos sociales y seguramente generar otros.
Por esa razón, establecen una serie de recomendaciones de urgencia para frenar el crecimiento de la desigualdad y reducir significativamente la pobreza, que representan los problemas más graves desde una perspectiva de desarrollo humano.
Por ejemplo, exhortan a lograr estimular el crecimiento económico estable y permanente; poner en marcha un proceso de descolonización y autodeterminación que defina una nueva relación con Estados Unidos y con el resto del mundo; recuperar la maltrecha democracia puertorriqueña, establecer un clima de seguridad ciudadana y de respeto a los derechos humanos, y promover la equidad en todas su dimensiones.
Asimismo, recomiendan potenciar la educación, la cultura y el conocimiento científico; estimular la participación ciudadana, el diálogo y la concertación; y establecer un manejo prudente de los recursos naturales como medidas necesarias para impulsar un desarrollo socio-económico sostenible.