¿Cómo es posible que una persona que devenga $26 mil mensuales pagados por el Gobierno de Puerto Rico duerma tranquila cuando en la calle hay miles de padres de familia, cuyos sueldos tal vez nunca llegaron ni siquiera a $20 mil anuales y que hoy se encuentran desempleados, angustiados y desesperados porque ese mismo Gobierno que contrató al del jugoso salario le dijo que no tenía suficiente dinero para pagarles? ¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo avale dichos despidos, precisamente, bajo el argumento de que hay una crisis fiscal, dando al traste con las esperanzas de los más de 15,000 cesanteados que no entienden por qué se les ha removido a ellos que prestaban un servicio público necesario? ¿Cómo es posible que el juez asociado Erick Kolthoff haya expresado que era su “obligación adoptar una actitud de deferencia hacia la actuación legislativa”? ¿De cuándo acá las decisiones del máximo tribunal de justicia de Puerto Rico se toman respondiendo a deferencias con otra de las ramas del gobierno a la que están supuestos a servir de contrapeso? Es curioso que el juez asociado Kolthoff hable de la deferencia que debe tener el Supremo hacia una institución como la Legislatura actual, cuyas actuaciones parecen ignorar la existencia de ese concepto. Por lo menos eso es lo que revela el artículo de la portada del 4 de febrero de El Nuevo Día. El reportaje de la periodista Frances Rosario denuncia que familiares de legisladores, de jefes de agencias y de otros políticos “guisan” en la millonaria nómina de la Legislatura. De acuerdo al artículo “Refugio de oro en la Legislatura”, la contratación de estas personas cuesta al menos $850,000 anuales. ¿Qué deferencia tuvieron estos legisladores con el pueblo de Puerto Rico al contratar a sus hermanos y cónyuges para ganarse entre $2,000 y $7,000 mensuales, sabiendo que el País afronta una seria crisis fiscal? ¿Cuál deferencia fue la que tuvieron cuando al saber que contrataban a sus parientes para devengar un jugoso salario estuvieron dispuestos a firmar una ley que anulaba las posibilidades de obtener, techo, comida, salud y paz emocional a cientos de familias puertorriqueñas? El caso de los políticos derrotados que trabajan como asesores es todavía más indecoroso. Cuarenta y seis políticos derrotados o retirados están en la nómina del Capitolio. Sus salarios fluctúan entre $3,000 y $26,000 mensuales. La mayoría de éstos fueron empleados públicos que el pueblo despidió en las urnas por su mal desempeño. El pueblo (pues al fin y al cabo los contribuyentes somos los patronos de toda esa gente) tomó la sabia decisión de no malgastar su dinero en personas que no sabían cómo hacer su trabajo. Sin embargo, la Legislatura, en desagravio con la voluntad del pueblo, los contrata para que les asesore. Y me pregunto yo, ¿cómo a alguien que se le despide por incompetente va a ser contratado para ayudar a alguien que supuestamente sabe cómo hacer su trabajo? Además, ¿cómo es posible que se le pague tanto? ¿Qué es lo que amerita que se le remunere tan bien? Un ex senador, que actualmente devenga $7,000 mensuales como asesor legislativo, comentó que su labor consiste en “hacer quedar bien al legislador y estar al tanto de todo lo que ocurre a su alrededor”. ¡Siete mil dólares por esto! Creo que para quedar bien, el legislador o legisladora que lo contrata, sólo debe limitarse a legislar conforme a los verdaderos intereses del pueblo de Puerto Rico y a abrir bien sus ojos y sus oídos. La opinión disidente de la jueza asociada Liana Fiol ante la decisión del Supremo sobre la Ley 7 resume perfectamente el sentido de indignación que situaciones como éstas nos producen a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que verdaderamente nos preocupa nuestro país. “El desarrollo de las sociedades no se puede fundamentar en la desigualdad ni en la violencia institucional, aniquilando los sueños que el trabajo provee a los más débiles. Nuestros retos económicos no pueden ser solventados aplastando la dignidad de nuestros servidores públicos”.
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Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
