La situación actual por la que atraviesan las agencias encargadas de velar por la seguridad de todas las mujeres en Puerto Rico, y la falta de medidas implantadas por la procuraduría de las mujeres nos permite conocer una franca -y al mismo tiempo cruel- verdad: para el estado, las mujeres no significamos nada.
La última muerte de una mujer, de nombre Helen Pérez a manos de su pareja, quien sin mediar palabras le pegó un tiro en la cabeza frente a sus hijos de 16, 14 y 5 años, se registró en días recientes. Las expresiones de la recién nombrada procuradora de las mujeres, Wanda Vázquez, como de costumbre han brillado por su ausencia. Aunque pueda parecer una “cantaleta vieja”, a la que ya nos han sometido el Movimiento Amplio de Mujeres y otros grupos feministas, la realidad es que la cifra de 11 asesinatos en apenas tres meses y varios días debería preocuparnos. Aún más, si tomamos en consideración que como Isla -con una población de 4 millones de habitantes- compartimos la misma cantidad de feminicidios que se ha registrado al momento en España, país que nos supera en número de habitantes por aproximadamente 40 millones. No es que los números justifiquen estos atropellos, pero sí ayudan a reflexionar en torno a la desproporción de estas muertes.
Hace varias semanas, la primera dama del País, Luce Vela, realizó una conferencia de prensa anunciando la creación de una nueva “herramienta” para combatir la violencia doméstica: un portal web (www.entreparedes.org) en el que las mujeres maltratadas podrán encontrar información sobre como buscar ayuda. El portal, de muy bonito color, más bien parece un brochure, de esos que reparten en las ferias y carece en su totalidad de información que devele la gravedad del problema en Puerto Rico.
Es irresponsable por demás pensar que se combatirá la violencia doméstica con un portal cuyo atractivo principal son dos botones gigantes que dicen: Necesito Ayuda o Quiero Ayudar, y que trasladan a los usuari@s a otra página de información donde la persona determina si la situación que está viviendo es violencia domestica o no.
Por la misma línea, la página web de la procuraduría de las mujeres presenta una gravedad peor. Y es que, al parecer nadie ha tenido el tiempo para actualizar la información que ahí se provee, ya que, precisamente, las últimas estadísticas que se presentan son del año 2005 al 2007.
Dentro de este panorama, la abogada feminista y mantenedora del blog Mujeres en Puerto Rico, Verónica RT denunció por medio de ese espacio, la falta de disponibilidad de estadísticas disgregadas por sexo, o indicadores para la medición de las diferentes formas de violencia de género en el seno donde se atienden precisamente estos casos: la división de Violencia Domestica de la Policía de Puerto Rico. En efecto, en esta división, la falta de personal hace imposible el poder contribuir a condicionar estos datos.
Como resultado, esta inexistente información y la falta de política pública y educativa en torno a este tema se traduce en la invisibilidad del problema. A pesar de que, día a día varios periódicos del País revelan sucesos donde mujeres han sido asesinadas –muchas veces por sus parejas- o agredidas bajo el ala de violencia de género, escépticos opinan que 18 mujeres muertas (el año pasado) y 11 al corriente, no es una cantidad preocupante.
Esto se contrapone con estudios realizados a nivel mundial por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, organización que recoge datos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otras agencias respecto a la violencia de género.
Por ejemplo, en el 2006 se preparó una lista de 35 países con mayores estadísticas de muertes de mujeres por manos de sus parejas. Precisamente, el tope de esta lista lo encabeza Puerto Rico con 14.1 por millón. Por otra parte, según el portal Feminicidios.net, quienes también recogen información estadística mundial, colocan a Puerto Rico como uno de los países en donde el gobierno es negligente a la hora de presentar datos sobre el problema.
Según Gabriela Atencio y Clara Urbano, mantenedoras del mencionado portal, “no son las autoridades oficiales sino las organizaciones civiles y los medios de comunicación quienes llevan un recuento de las mujeres muertas. Este hacer de la sociedad a modo de “Estado paralelo” o “segundo Estado” evidencia la ausencia, complicidad y/o negligencia del poder estatal en los asesinatos de mujeres ocurridos en su propio territorio.”
Estado en ausencia
Otro tópico importante en la discusión respecto a la erradicación de la violencia de género, es que el estado ha sido negligente en implantar una política pública de prevención de este mal social. La información presentada en estas páginas informativas gubernamentales carece de la presentación de alguna política pública educativa o un currículo dirigido a atacar y prevenir la violencia de género desde la enseñanza.
Es decir, tal parece que el estado pretende ser diligente al atender los casos de violencia doméstica, pero el renglón de la prevención no existe. Por lo tanto, ¿Pueden realmente las mujeres sentirse seguras cuando el Estado de democracia -quien tiene responsabilidad de garantizar la seguridad plena de sus ciudadanos- es negligente a la hora de prevenir este tipo de violencia y por otro lado la invisibilidad?
La presidenta de la junta de la Casa Protegida Julia de Burgos, la licenciada Olga López Báez, exigió a principios de este año que se “aumenten los recursos humanos y fiscales a todos los albergues en Puerto Rico, que se asignen más recursos a la Procuraduría de las Mujeres, y que se establezcan cambios educativos para educar a los menores sobre la perspectiva de género y mayor diligencia por parte de la Policía y los tribunales”.
Irónicamente, estas expresiones se realizan en momentos en que el albergue, que atiende cerca de 1,073 mujeres anualmente, junto a sus hijos e hijas menores de edad, realizaba una venta de refrigerios y una bohemia para anegar fondos a sus arcas, ya que los que poseen y suministra el Gobierno son insuficientes para proveer la ayuda necesaria y eficaz a las víctimas. Una muestra más del desinterés que existe en las altas alas gubernamentales en torno a esta problemática.
