La labor que realizaba el Comité de Eficiencia Fiscal (CEF), nombrado por el Presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Ramón de la Torre, para analizar la situación financiera de la Universidad y presentar recomendaciones para resolver la crisis presupuestaria de la institución, se encuentra detenida desde el 12 de mayo porque al organismo no se le ha hecho llegar información vital sobre el manejo del presupuesto universitario ni se le ha vuelto a convocar.
Los profesores Martha Quiñones y Pío Sánchez Longo, miembros del CEF, manifestaron a Diálogo que el Comité, instaurado por De la Torre a principios de abril, solicitó a la administración universitaria que se les entregase unos 16 documentos sobre: los gastos legales de la Administración central; el presupuesto de la Junta de Síndicos; los gastos de representación del Presidente; los salarios de los ayudantes especiales en las rectorías; las cuentas por cobrar y la distribución de los fondos ARRA.
Los catedráticos indicaron que al Comité, compuesto por unos siete profesores de distintos recintos de la UPR, sólo se les había entregado un informe de cuentas por cobrar del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), ascendente a $44,459,884.89 y algunos modelos presupuestarios de los recintos y la presidencia.
Quiñones, economista y catedrática asociada de la UPR en Arecibo (UPRA), indicó que la administración universitaria no entregó el informe de cuentas por cobrar de los otros recintos alegando que los cierres de estas unidades les impedían obtener información. La profesora descartó que esto representara obstáculo alguno ya que esta información podría estar disponible electrónicamente dado que todos estos sistemas están automatizados.
Ambos profesores declararon que con la poca información que se les había brindado hasta el momento habían comenzado a elaborar un modelo matemático con recomendaciones preliminares sobre cómo la UPR podría conseguir dinero sin tener que recurrir a recortes. Aunque, Sánchez Longo, profesor de la UPR Humacao, y Quiñones, no quisieron entrar en detalles sobre el modelo, por existir un compromiso con el Presidente de la UPR y la comunidad universitaria de que el mismo no se divulgaría hasta que se le presentase a estos, aseguraron que el modelo propone medidas que podrían sacar a la UPR de la crisis en tan sólo dos años.
Adelantaron que las recomendaciones más importantes apuntan a reducir la burocracia administrativa que es lo que hace que la Universidad opere ineficientemente. La profesora señaló, por ejemplo, que cada recinto cuenta con una oficina de planificación y desarrollo que diseña las nuevas edificaciones, en cambio estos diseños son revisados nuevamente por la oficina de planificación central lo que hace en ocasiones que se incurra en costosos errores. Explicó que la oficina de planificación de la Administración Central de la UPR olvidó incluir el sistema de electricidad en el diseño de la recién terminada biblioteca de la UPR en Aguadilla, por lo que ahora se tendrán que hacer reparaciones en el edifico para poder alambrarlo.
De otro lado, dentro de las recomendaciones también habría medidas que requerirán la colaboración de cada sector de la comunidad universitario. Será necesario según, Quiñones, que cada sector (los docentes, no docentes, administradores y universitarios) sacrifique algo para que por lo menos en dos años se puede cortar la crisis universitaria.
Aunque no ofreció detalles sobre lo que tendría que sacrificarse, expresó estar convencida de que si se les explica bien la situación a la comunidad universitaria y se ve la buena fe de todos se podrá llegar a un consenso al respecto. Recalcó que este pacto iría acompañado del compromiso de los administradores de que tendrían que manejar apropiadamente el dinero allegado a la institución.
La catedrática de la UPRA sostuvo que la mayoría de los problemas que han visto hasta el momento son administrativos.
“Es un problema del proceso administrativo y de la burocracia que hemos creado. Reduzcamos burocracia y hagamos los procesos más eficientes, pidamos eficiencia”, sugirió.
La semana pasada Diálogo conversó con Giovanni Roberto del Comité Negociador Nacional de estudiantes y éste comentó que ese organismo había solicitado al presidente De la Torre que hiciese permanente al CEF, pero éste le contestó que esa entidad había sido convocada meramente para tener una segunda opinión en torno a la crisis financiera que atraviesa la institución.
Hasta la fecha el estatus del CEF es incierto. Quiñones destacó que le pidieron una reunión a la Junta de Síndicos hace dos semanas, pero no los han vuelto a convocar.
Sánchez Longo, quien también preside la Confederación de Asociaciones de Profesores Universitarios (CONAPU), sospecha que el Comité simplemente se creó para dar la impresión pública de que se estaba teniendo transparencia genuina y diálogo pero que no había un interés genuino en los resultados que produciría el mismo.
El Comité surgió, precisamente, por una iniciativa de la CONAPU, quien sugirió a De la Torre formar dicho organismo para ayudar a encontrar una solución a la crisis financiera de la institución. Otros miembros del CEF son el profesor Segundo Díaz, estadístico y matemático de la UPR en Cayey. También integran al CEF los profesores del Recinto de Río Piedras: Waldemiro Vélez de la facultad de Estudios Generales, Carlos Colón de Armas y José González Taboada de la facultad de Administración de Empresas y Argeo Quiñones del Departamento de Economía de la facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras.
Mucho por cobrar en Ciencias Médicas
De la información entregada al CEF sobresale que al RCM le adeudan sobre 50 dependencias gubernamentales. La Administración de Servicios Médicos (ASEM), por ejemplo, le debe $25,316,702.34; el Departamento de Salud, $8,498,456.24 y el Municipio de San Juan, $2,189,256.35. Otros municipios deudores del RCM son Bayamón, Caguas, Carolina, Ceiba, Fajardo, Guaynabo, Gurabo, Lares y Patillas.
Aunque en la prensa del país trascendió durante estos días que el Presidente de la UPR había declarado que lo adeudado por la Universidad a estas entidades era superior a lo que le deben a ésta, por lo que antes de reclamar el pago era mejor callarse, no se ha provisto información que revele a cuánto asciende la deuda de la UPR con dichas dependencias a fin de corroborar si en efecto hacer mutis sería la mejor opción.
Por otro lado, resalta además la fuerte suma de dinero que adeudan desde el año fiscal 2006-2007 varias aseguradoras. Destacan entre éstas: Triple S, con $9,907,248.44, Medical Card System, con $7,061,963.36 y Humana Health Plans of Puerto Rico, con $5,419,782.95.
Otras compañías aseguradoras que le deben a la UPR son: MMM HealthCare Inc.; International Medical Card; Puerto Rico Health Plan (Cruz Azul); Option Health Care Network; American Health Medicare, MAPFRE Life, Cigna Health Care y First Plus.
También le adeuda una suma muy alta la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACCA) y el Fondo de Seguro del Estado. Cada una de estas dependencias debe sobre dos millones de dólares al RCM.
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