El gobierno no ha hecho cambios ni aprobado legislación que establezca la política pública y protocolos a seguir para contabilizar adecuadamente las muertes relacionadas a una emergencia o desastre natural a pesar de la experiencia del huracán María.
Una de las iniciativas legislativas para atender el problema, que se quedó en el aire por un tranque en las versiones entre el Senado y la Cámara de Representantes, es producto de una extensa investigación senatorial que confirmó los hallazgos del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en el sentido de que el gobierno no contaba con un protocolo especial para relacionar las muertes a una emergencia ni utilizó las guías del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Durante la pesquisa, la Comisión senatorial de Seguridad Pública nunca recibió protocolos ni material que explique cómo se registran las muertes asociadas a una emergencia, confirmó al CPI su presidente, Henry Neumann.
Ninguno de los funcionarios de las dependencias gubernamentales encargadas de manejar los datos sobre las muertes tras el huracán pudieron explicar por qué no utilizaron las guías del CDC.
“Ni el Departamento de Salud, ni el Registro Demográfico ni el Negociado de Ciencias Forenses. Las guías no fueron utilizadas porque el resultado final fue algo completamente desorganizado y por la falta de responsabilidad de cada cual”, sostuvo Neumann en entrevista con el CPI.
Añadió que la desinformación interagencial evidenciada por la pobre respuesta del gobierno ha provocado desconfianza en las estadísticas de las muertes relacionadas con la emergencia.
“Entendemos que es de vital importancia. No nos podemos dar el lujo de repetir el mismo error. ¿Por qué esperar por el CDC si localmente se puede hacer un esfuerzo para establecer un protocolo que cumpla con todos los estándares?”, planteó el senador.
La Ley del Protocolo
El Proyecto del Senado 713 de la autoría de Neumann es el resultado de nueve meses de investigación legislativa sobre la incapacidad del gobierno para contabilizar adecuadamente los decesos tras María. La medida busca establecer un protocolo uniforme para la evaluación de las causas de muerte durante un evento catastrófico o desastre natural, y quedó en suspenso luego de un tranque en el comité de conferencia de Cámara y Senado en junio durante los últimos días de la pasada sesión.
Neumann responsabilizó al Colegio de Médicos de Puerto Rico de paralizar el proyecto tras cabildear para que incluyera una enmienda que le asegure inmunidad a los galenos al llenar los certificados de defunción.
“Yo fui visitado por Kenneth McClintock en un momento en la noche final donde los comités de conferencias estaban trabajando la resolución final para tratar de convencerme. Él estuvo a cargo de cabildear a favor de las enmiendas que incluyeron en la Cámara”, dijo Neumann al tiempo que cuestionó la necesidad de exigir inmunidad al llenar el certificado de defunción.
La posición del Colegio de Médicos de Puerto Rico es que se debe extender la inmunidad que tienen los médicos e instituciones de salud del Estado a los galenos que voluntariamente decidan unirse a misiones en momento de una emergencia declarada, explicó Kenneth McClintock, cabildero de la agrupación de médicos.
Cuestionó por qué no extender esa inmunidad si durante la emergencia, los médicos sustituyeron los servicios que de ordinario ofrecen los hospitales públicos y salas de emergencia que por las condiciones extraordinarias permanecían cerradas.
“Los patólogos forenses están amparados por la inmunidad del Estado. ¿Por qué no se le va a dar inmunidad a un médico clínico que durante época de emergencia declarada hace ese trabajo? No estamos inventando la rueda. Eso se hizo luego de Katrina y Andrew”, respondió el presidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos cuando se le cuestionó la necesidad dar inmunidad para llenar un certificado de defunción cuando se vincula la muerte a un desastre natural.
El fundamento del Colegio de Médicos para pedir que se otorgue inmunidad es que esa entidad considera que el llenar los certificados de defunción es parte del tratamiento médico. “El tratamiento empieza cuando empieza y si el paciente fallece termina con el certificado de defunción”, sostuvo Ramos.
Precisamente, durante las vistas públicas legislativas trascendió que muchos de los médicos que atendieron personas fallecidas durante el proceso de la emergencia no llenaron el encasillado número 25 del certificado de defunción. Este es el que explica las circunstancias relacionadas al huracán que provocaron el deceso y complementa al anterior, que certifica la causa clínica de la muerte, para dejar saber que la misma fue consecuencia de la emergencia.
A manera de ejemplo, el encasillado 24 del certificado de defunción indicaría que una persona murió a causa de un paro respiratorio. Esta muerte solo se podría vincular a la emergencia tras el paso de María si en el encasillado 25 el médico escribe que ese paro respiratorio se dio producto de, por ejemplo, no tener servicio eléctrico para conectarse a la máquina respiratoria.
Neumann mencionó que durante las audiencias legislativas la Asociación de Funerarios de Puerto Rico aseguró que tras María, recibían los cadáveres con la documentación oficial sin llenar o incompleta por lo que tenían que salir a buscar a los parientes de la persona fallecida para recabar la información que faltaba.
Neumann defendió la urgencia de aprobar el proyecto que no solo establece un protocolo uniforme para contar las muertes, sino que autoriza a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica a imponer sanciones a quienes incumplan.
La medida le quita al secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, el control que ahora tiene sobre la información de este tipo al crear el Comité Interagencial para la Divulgación Oficial de Información sobre Datos Estadísticos de Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastróficos, compuesto por representantes del Negociado de Ciencias Forenses, el Registro Demográfico de Puerto Rico y el Instituto de Estadísticas, que deberá publicar los datos sobre las muertes relacionadas con el desastre.
Informe de George Washington repite recomendaciones de la Legislatura
Muchas de las recomendaciones hechas por los investigadores del Instituto Milken de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de George Washington ya están contenidas desde junio en el informe de la Comisión de Seguridad Pública del Senado sobre el P del S 713 que está engavetado.
Entre ellas, el gobierno debe establecer un plan de manejo de crisis en caso de desastres; actualizar los planes de emergencias, crear un protocolo adecuado para asociar las muertes y crear una comisión interagencial encargada de analizar las muertes y hacer público los datos.
El informe de la Universidad de George Washington confirmó que el gobierno falló en su respuesta al no contar con un protocolo adecuado para vincular los decesos al evento atmosférico ni orientó debidamente a los médicos sobre cómo llenar correctamente los certificados de defunción.
“Además, hubo lagunas en la información proporcionada por el Gobierno de Puerto Rico, incluida la explicación limitada del proceso de certificación de defunción, la distinción entre muertes directas e indirectas, o las explicaciones de los obstáculos que habían para presentar los informes de mortalidad”, lee el documento elaborado por la Universidad a un costo de $305,000.
“Las recomendaciones que hace George Washington University sobre las muertes asociadas al huracán María, ya están en la legislación de mi autoría aprobada en la pasada sesión ordinaria. El Proyecto del Senado 713 debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y convertido en Ley por el Gobernador”, insistió Neumann. El senador dijo que no anticipa problemas para aprobar el proyecto y que el gobernador Ricardo Rosselló firme la medida.
Un nuevo análisis publicado por investigadores de la Universidad de Harvard concluye que las principales causas de muertes luego del huracán María están vinculadas a la prolongada falta de electricidad y los problemas para acceder a servicios de salud en los meses posteriores al ciclón.
Según el estudio realizado por Rolando Acosta y Rafael Irizarry, investigadores puertorriqueños del Programa de Bioestadísticas en esa universidad, las principales causas de muertes tras María fueron por complicaciones relacionadas al sistema circulatorio, enfermedades endocrinas, problemas con el sistema nervioso y sistema respiratorio, infecciones bacterianas y suicidios.
La investigación científica utilizó los datos provistos por el gobierno y estima que hubo un exceso de 3,433 muertes desde el 20 de septiembre de 2017 y 15 de abril de 2018, fecha en la que se normalizó la tasa de mortalidad en Puerto Rico.
Sin atender otras dos medidas legislativas relacionadas a la acumulación de cadáveres en Ciencias Forenses
El Negociado de Ciencias Forenses, tras la renuncia del comisionado Edwin Crespo y más recientemente de la comisionada interina Mónica Menéndez, no ha podido resolver de forma permanente el problema de la acumulación de cadáveres en los últimos meses. Desde junio se documentó el hacinamiento de más de 300 cadáveres no reclamados.
Aunque la acumulación de cadáveres se dio a conocer desde esa fecha, no fue hasta agosto que el Negociado de Ciencias Forenses recibió personal adicional del gobierno federal y del Ejército de los Estados Unidos para manejar el problema. La Reserva del Ejército activó la unidad de asuntos mortuorios, mientras que patólogos forenses del Departamento de Salud federal se sumaron al equipo del Negociado para agilizar los trabajos.
La situación provocó una investigación cameral y la radicación de dos proyectos de ley. Uno de ellos. El P. de la C. 1698 dirigido a aclarar lagunas en la interpretación de la Ley 20 del 2017 que rige al Departamento de Seguridad Pública, sobre los cuerpos identificados, pero no reclamados, y así disminuir el inventario de cadáveres que actualmente mantiene el Negociado en sus facilidades y que ha provocado se tengan que almacenar en contenedores en los predios de la agencia.
“Entendemos que los funcionarios de Ciencias Forenses tienen una interpretación incorrecta de la ley. El proyecto 1698 aclara la facultad que tiene el Negociado para disponer de los cadáveres no reclamados luego de 10 días desde la autopsia e investigación”, explicó Juan Carlos Morales, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
Morales explicó que otra situación que ha provocado un aumento en el número de cadáveres en el NCF es el envío allí de casos por muertes naturales que no están dentro de la clasificación de muerte sospechosa para que se le realicen las pruebas de rigor y determinen la causa de muerte. Según datos provistos por el propio Negociado, entre el 4 y el 8 de junio del año en curso, recibieron 44 casos de muertes naturales no sospechosas las cuales, por virtud de la ley vigente, no le corresponde investigar a los patólogos.
Para atender esta situación, se radicó el Proyecto de la Cámara 1699 que establece el deber ineludible que tiene el médico o profesional de la salud de completar de manera fundamentada el documento de defunción y faculta al Negociado a no recibir los casos de cadáveres por muertes naturales no sospechosas que le sean remitidos por los hospitales, clínicas, asilos, fiscales, entre otros, que no se encuentren fundamentadas ni justificada su investigación para determinar causa de muerte.
Las dos medidas se encuentran en trámite legislativo, en espera de que el Negociado de Ciencias Forenses someta un memorial explicativo sobre las mismas. Morales admitió al CPI que ambas medidas serían innecesarias si el Negociado actuara administrativamente para hacer los cambios que ambos estatutos proponen. Indicó que la Comisión trabaja en la redacción del informe final sobre la pesquisa.
Advierten acumulación de muertos pone en riesgo a las comunidades aledañas a Ciencias Forenses
La acumulación de cadáveres parece complicarse aún más debido a que vecinos del Negociado de Ciencias Forenses han reportado que además de los fuertes olores, han visto fluidos corporales y bioquímicos en el exterior del Negociado, que pudieran poner en riesgo la salud de los residentes de las comunidades cercanas.
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, alertando sobre los informes de los fluidos y sangre en las áreas exteriores del Negociado y el problema de sanidad y salud pública que esto supone para los vecinos de las urbanizaciones Reparto Metropolitano y Las Américas. Esta es la segunda comunicación del Municipio al secretario de Seguridad Pública para que atienda el problema ya que anteriormente vecinos de las áreas aledañas habían reportado fuertes malos olores que llegaban a sus hogares, pero el Municipio alega que nunca recibió contestación.
“Nuestra exigencia de acción inmediata toma pertinencia y seriedad debido a que los caminos municipales que rodean la sede del Instituto son transitados por vecinos, comerciantes, visitantes y empleados, quienes están constantemente expuestos a los olores y alegados fluidos bioquímicos, tales como sangre, que han sido reportados”, dice la carta enviada por Cruz Soto.
