Llamado a dirimir cuestiones cruciales en la crisis política, el Supremo Tribunal Federal (STF) se dejó contagiar por el deterioro institucional cada día más visible en Brasil y se convirtió en otro factor de incertidumbres.
Su último fallo, emitido el miércoles 7 de diciembre por mayoría de seis de sus 11 magistrados, mantiene a Renán Calheiros en la jefatura del Senado, pero quitándole la posibilidad de sustituir al presidente de la República, generó controversias jurídicas y rechazo popular.
En caso de inhabilitación o ausencia del presidente y el vicepresidente del país, sus sustitutos constitucionales son quienes ejerzan la presidencia de la Cámara de Diputados, del Senado y del STF, en ese orden.
Pero la Constitución brasileña veta el ejercicio de la jefatura del Estado a personas enjuiciadas por delitos comunes y Calheiros afronta 12 procesos judiciales, la mayoría por corrupción, y ya se le abrió juicio por uno de ellos, en el mismo STF, el 1 de este mes.
El problema, destacado por juristas, es que la facultad de reemplazar al mandatario del país pertenece a la presidencia del Senado, no al senador que la ocupa temporalmente. El fallo del STF suprime esa prerrogativa, en una intervención constitucionalmente cuestionable en otro poder.
Ante la opinión pública, su dictamen resulta más desastroso aún. “Fuera Calheiros”, fue el principal reclamo de protestas contra la corrupción que reunieron decenas de miles de manifestantes en São Paulo y otras ciudades brasileñas el domingo 4.
En las redes sociales proliferaron reacciones negativas a la “cobardía” del STF, puesto “de rodillas” ante el “poderoso” senador e incluso acusado de connivencia con la corrupción.
No se trató solo de mantener a Calheiros al frente del Senado, sino también de tolerar su rebelión contra un dictamen del máximo tribunal.
El lunes 5, Marco Aurelio Mello, magistrado del STF, decidió separar a Calheiros de la presidencia del Senado, acogiendo el pedido de la Rede Sustentabilidad, un partido político fundado en 2013. Enjuiciado penalmente, se argumentó, no podría seguir en una función con poder para sustituir al presidente Michel Temer.
La medida provisional fue desautorizada el miércoles 7 por la sesión plenaria del STF, pero estuvo legalmente vigente durante dos días, en los cuales Calheiros, apoyado por la Mesa Directiva del Senado, se mantuvo en el cargo, incumpliendo la sentencia judicial.
Esa ilegalidad la dejó impune el STF, desprestigiándose ante la opinión pública y abriendo un precedente para que otros políticos ignoren los fallos de la justicia.
“Crisis institucional” fue la consecuencia, definieron muchos juristas y analistas políticos.
El dictamen del STF fue político, tratando de superar la confrontación entre los poderes Judicial y Legislativo. Buscó también asegurar la gobernabilidad. Se temía que, con Calheiros fuera del Senado, no se produciría la votación sobre el ajuste fiscal, fijada para el 13 de diciembre.
Para el gobierno es vital que se apruebe pronto el Proyecto de Enmienda Constitucional que limita el aumento del gasto público en los próximos 20 años, permitiendo un tope máximo de incremento anual equivalente a la inflación del año anterior.
El sustituto de Calheiros sería Jorge Viana, del ahora opositor Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó el país entre 2003 y agosto pasado y que rechaza esa propuesta de austeridad fiscal, por considerar que forzaría una reducción del presupuesto de salud, educación y programas sociales.
De esa forma, la decisión del STF deberá tranquilizar el mercado financiero y otros sectores que apuestan a una fuerte contención del déficit presupuestario para recuperar la economía a partir de 2017.
Esa recuperación no empezó este año, como se esperaba, generando rumores sobre la posible sustitución del ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, intocable hasta ahora, y del mismo presidente Temer.
Reanudar el crecimiento económico es considerado indispensable para sostener el gobierno de Temer, de baja legitimidad y popularidad, por emanar de la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff el 31 de agosto. Temer era su vicepresidente en la fórmula triunfante en octubre de 2014, cuando Rousseff fue reelegida para un segundo cuatrienio.
Las turbulencias políticas, alimentadas especialmente por las investigaciones de corrupción, contribuyen a las dificultades económicas, ya que superarlas depende de la aprobación parlamentaria del ajuste fiscal y otras medidas como la reforma de la previsión social.
Con un Congreso legislativo liderado por políticos como Calheiros, acusados o sospechosos de participar en numerosos casos de corrupción, la inestabilidad es permanente.
Ya fueron detenidos algunos políticos, como el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el exministro de Hacienda Antonio Paloci y dos exgobernadores del estado de Río de Janeiro, además de más de 50 empresarios.
Decenas cumplen condenas en libertad por haber colaborado con las investigaciones.
Una cantidad estimada en más de 100 parlamentarios ya son investigados o lo serán cuando lleguen al Ministerio Público (fiscalía) las informaciones prestadas por 77 dirigentes del grupo empresarial Odebrecht, que acordó colaborar con la justicia sobre los sobornos entregados a cambio de contratos con el gobierno o la estatal petrolera Petrobras.
Ese será probablemente el golpe de gracia al sistema político desarrollado en Brasil desde el fin de la dictadura militar (1964-1985).
El principal partido constituido en ese período, el PT, ya fue profundamente golpeado por los escándalos que pusieron fin a la carrera de varios de sus dirigentes, contribuyeron a la destitución de Rousseff y amenazan el futuro de su líder, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).
Ahora le toca el turno a otros partidos que protagonizaron la reciente historia de Brasil, como el centroderechista Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer y Calheiros, y el centroizquierdista Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), del expresidente Fernando Henrique Cardoso y el actual canciller José Serra.
El proceso se prolonga porque la mayoría de los sospechosos solo pueden ser investigados y procesados por el Supremo Tribunal. En Brasil tienen “foro privilegiado” los parlamentarios y jefes del Poder Ejecutivo, como ministros y gobernadores estadales, además del presidente del país.
En medio de esa crisis que amenaza arrasar con la clase política brasileña, la justicia es gradualmente arrastrada por el remolino.
Un movimiento parlamentario, encabezado por el mismo Calheiros, busca aprobar una ley para penalizar abusos de las autoridades judiciales, en lo que se considera un intento de contener las investigaciones de corrupción contra los propios legisladores.
Mientras, el STF, guardián de la Constitución en este país, acumula sentencias que contrarían disposiciones constitucionales que se consideran intervenciones indebidas en los demás poderes. Es el nuevo “Poder Moderador”, según el jurista Oscar Vilhena, profesor de Derecho en la Fundación Getulio Vargas de São Paulo.
Además del fallo manteniendo Calheiros en la presidencia del Senado, pero vetándole como eventual sustituto del mandatario del país, en febrero de 2016 el STF decidió que los reos condenados en segunda instancia pueden ya ser encarcelados.
La Constitución fija la presunción de inocencia hasta el “tránsito en juzgado”, es decir el último recurso, que puede ser en la tercera o cuarta instancia judicial.
Las discrepancias a veces agresivas entre los miembros del STF se hicieron más frecuentes, con su difusión por la televisión, revelando conflictos ideológicos e incluso partidistas entre algunos.
El riesgo es el descrédito de esa institución ante la prolongación y ahondamiento de la crisis política en Brasil.
