Trece personas fueron detenidas durante el Paro Nacional el pasado 1 de mayo, informó el Departamento de Justicia en la tarde de ayer. La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, indicó ante la prensa que a los manifestantes detenidos se les imputa daños a propiedad pública, empleo de la fuerza contra oficiales del orden público y motín.
Vázquez precisó que cuatro de los arrestados ya habían sido llevados ante un magistrado y que a tres de ellos se les encontró causa para arresto. Según Vázquez, contra Jorge Luis Santana Valentín se encontró causa para arresto por violación al artículo 5.05 de la Ley de Armas y por el artículo 245 del Código Penal por “empleo de violación o intimidación contra los agentes del orden público”.
Asimismo, contra Valeria Herrera Huyke y Carlos Alejandro Farmer, la funcionaria explicó que se encontró causa para arresto por el artículo 242 del Código Penal que constituye el delito de motín. A ambos manifestantes, según Vázquez, también se les imputó violación al artículo 5.05 de la Ley de Armas y el artículo 199 del Código Penal que constituye el delito de daño agravado. Ninguno de los tres manifestantes a los que se les encontró causa probable pudo pagar fianza, por lo que se encuentran ingresados en prisión.
A otro detenido, Andrés Rafael Cortés Ortiz, no se le encontró causa para arresto por el delito de sustancias controladas que la fiscalía le imputó. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia encontró causa probable contra por los delitos de motín (artículo 242 del Código Penal) y empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública (artículo 245).
Por otra parte, la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez anunció que habían asumido jurisdicción con relación a la detención de la manifestante, Nina Droz Franco. La fiscal añadió que estaría imputándole a Droz el delito de tentativa de incendio. A su vez, Rodríguez expresó que la juez federal, Sylvia Carreño, encontró causa probable por los cargos imputados por la fiscalía federal. Droz enfrenta una sentencia mínima de cinco años de cárcel hasta un máximo de 20 años, una multa de $250,000, y tres años de libertad supervisada.
Asimismo, Rodríguez subrayó que lo que “empezó como una demostración pacífica y de libre expresión culminó como lo que comúnmente conocemos como un motín”. Rodríguez expresó que el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) asumió jurisdicción en el caso de Droz.
Por su parte, Vázquez señaló que todos los arrestados “son estudiantes de la Universidad de Puerto Rico”. Sin embargo, una de las arrestadas es la hija de Giovanna Huyke, quien expresó a Wapa que “ella no es estudiante”. En cuanto a los otros nueve arrestados aún están en investigación para radicar los cargos formalmente.
Advertencia a los tribunales
Rodríguez, por su parte, señaló a los medios que tanto la Fiscalía federal como el Departamento de Justicia reconocen que todos los imputados se presumen inocentes hasta probarles lo contrario. “En este caso, nos vamos a asegurar que la evidencia esté sólida”, mencionó Rodríguez.
La fiscal federal añadió que para evitar que no prospere un caso ante los tribunales lo único que está en su control es “hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible y eso es lo que les estamos indicando que vamos a hacer”.
Las expresiones de Rodríguez contrastan con las que emitió el gobernador, Ricardo Rosselló, luego de los eventos del Paro Nacional. Durante una conferencia de prensa posterior a los sucesos, el gobernador garantizó “que vamos a tener todos los elementos, que vamos a tener los arrestos y que vamos a tener los casos listos”. Asimismo, Rosselló añadió que “también le toca a los tribunales asumir su responsabilidad”.
“Después de ver todas estas imágenes, nosotros vamos a estar observando quiénes hacen unos procesos en tribunales o quiénes permiten que casos se caigan”, puntualizó Rosselló.
