En su libro Austerity: The History of a Dangerous Idea, Mark Blyth, catedrático escocés de la Universidad de Brown en los Estados Unidos, concluyó que la austeridad era una idea peligrosa luego de haber elaborado un estudio comprensivo de la historia intelectual del concepto entre 1942 y el 2012. En general, este buen economista, basó su tesis en tres hallazgos: (1) “la austeridad no funciona en la práctica”; (2) esta “se fundamenta en la pretensión de que los más pobres terminen pagando los errores de los ricos” y (3) con su implantación, “nadie sale ganando y todo el mundo sale perdiendo” a largo plazo.
Esta serie de 10 artículos ha sido, sin duda, inspirada en ese trabajo. Lo más inspirador fue haber visto un video, elaborado por el Instituto Watson de Estudios Internacionales de la Universidad de Brown, donde el doctor Blyth rebatía lo que consideraba una idea descabellada. Es decir, la muy conveniente e ideológica propuesta de que la austeridad era la “senda que conduce al crecimiento económico” de las naciones. El video se puede ver abajo:
Blyth no está sólo en sus propuestas sobre la crisis que hemos enfrentado y sería bueno que el lector consultara además los siguientes trabajos: The Liquidation of Government Debt (National Bureau of Economic Research, 2011), de Carmen Reinhart y María Belén Sbrarican; Taxing the 1%: Why the Top Tax Rate Could be Over 80% (2011) de Thomas Pikkerty y Emmanuel Saez; Hacia una economía política e histórica. Reflexiones sobre El Capital en el Siglo XXI (2015), de Thomas Pikkerty; Taxes and the Economy: An Analysis of the Top Tax Rates since 1945 (Documento R.42729, 2012; estudio del Servicio de Investigaciones del Congreso de los Estados Unidos), de Thomas Hungerford.
También, General Electric Pais no Taxes in 2010 (ABC, 2011; Jake Tapper); Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy (Princeton, 2010), de Raugharam G. Rajan; Thirteen Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown (2010), de Simon Johnson y James Kwak; Optimal Taxation of Top Income in Germany (2011), de Stefan, Back, Giacomo Corneo y Victor Steiner; y Guardians of Finance: Making Regulators Work for Us (MIT, 2012), de James Back, Gerard Carprio Jr. y Ross Levine.
En los textos publicados en Diálogo, he tratado de exponer los grandes peligros que significa para el Gobierno de Puerto Rico insistir en la adopción permanente de medidas de austeridad como si fuera una forma “legítima” de gobernar. Precisamente, lo evidente de este proceso de imposición gubernamental por decreto, ha sido la ilegitimidad anti-democrática de los procedimientos y que en definitiva, sólo ha abonado a un incremento del nivel de descrédito y deslegitimación del gobierno en la pasada década. Eso independientemente del grupo político que haya habitado la Fortaleza. Hasta ahora, las medidas de austeridad han fracasado, los resultados han sido devastadores para nuestra gente e igualmente serán los resultados futuros si se continúa por este accidentado sendero.
Es obvia mi intención de moverles a leer el libro y la secuela de discusiones generadas sobre el tema. Más aún, el propiciar un debate público del sin sentido del Plan de Ajuste Fiscal y Económico, específicamente de sus aspectos laborales, propuesto por la administración de Alejandro García Padilla, como si este tercer intento de aplicar medidas de austeridad laboral fuera a mejorar en algo la situación económica, social y política que enfrenta Puerto Rico. Lo que ha sucedido hasta ahora es que las medidas de suspensión de derechos laborales se implantan con rigurosidad mientras las demás medidas de austeridad a otros sectores privados se relativizan con enmiendas técnicas a las leyes que las habilitan. Eso sucedió con la Ley Núm. 7 del 2009 que sufrió cuatro enmiendas técnicas que suavizaron la imposición de medidas al sector privado. Lo mismo está sucediendo con la ley Núm. 66 del 2014.
¿Cuáles son las auténticas causas de la situación económica que estamos sufriendo? Bastará con que el gobierno, en época de elecciones, nos muestre nuevamente estadísticas falsas sobre la situación social, sobre el empleo y desempleo, para convencernos de la “razonabilidad” de su desenfreno y embriaguez de poder. ¿Será suficiente que la oposición justifique más austeridad argumentando que el gobierno ha gastado en exceso? No es esto parte de una película que conocemos a saciedad? Llevamos años improvisando, dando saltos a siegas, empeñados en repetir fórmulas fracasadas. Nuevamente, aceptaremos un llamado general a la sobriedad fiscal como un imperativo de orden moral, pero que en la práctica será implantado sólo para algunos. Visto desde esa óptica, la crisis fue y es un fraude que se originó en el corazón del sistema financiero y ha pasado ha ser un problema de deuda pública producida por los rescates que pagamos los ciudadanos del mundo. Los ajustes, sin embargo, han sido siempre desiguales porque hemos aplicamos recetas equivocadas aprobando toda clase de recortes para adelgazar el gobierno, se ha privatizado, se han subido los impuestos a los ciudadanos, se han abaratado y tolerado despidos profunda y evidentemente injustos. Nos han chantajeado por mucho tiempo para exigirnos rendir nuestra calidad de vida y estabilidad laboral.
En este proceso, muchas familias se han desintegrado, muchas han perdido su casa, otras están por perderla. Los refinanciamientos provistos encubren malabares financieros que siempre suben el precio de los inmuebles a la gente más pobre. Todo se ha justificado y hemos de aceptar que fuimos nosotros los responsables por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Hemos tolerado que se limite la libertad de expresión y se hayan aprobado leyes de mordaza para limitar el descontento ciudadano y someterlo al silencio cómplice. El rescate de los bancos se lo robaron, el dinero desapareció y peor aún se siguen condonando millones de dólares en contribuciones a las grandes compañías. Podemos seguir engañándonos con estas prácticas, pero eventualmente todos pagaremos el precio por optar o tolerar una sociedad que se niega a ser justa y solidaria.
Ciertamente, hay alternativas a la austeridad. Una de éstas es diseñar un Ajuste Económico y Fiscal Equitativo donde todos nos apretemos el cinturón, especialmente los bancos y los ricos y poderos. Ese Plan debería ser diseñado en las Universidades por científicos sociales objetivos y al servicio de los intereses de nuestro país y no por consultores privados como el V2A Strategic Management, cuya fidelidad social ha sido comprada con mucho dinero de los mismos contribuyentes. La mejor alternativa para los programas de austeridad gubernamental es no aplicarlos y punto. Alternativamente, nuestro gobierno tiene un mar de opciones que no se implantan porque no son políticamente convenientes para los políticos al servicio o temerosos del poder del capital.
La alternativa a la deuda pública no son los recortes, de hecho no lo han sido en ninguna parte del mundo, es el crecimiento económico. Para crecer económicamente hay que ser solidario con las mayorías y reprimir a una minoría que controla y ha disfrutado enormemente de la liberalidad del modelo de funcionamiento de los bancos y otras instituciones financieras. La idea es que tales instituciones paguen el mayor por ciento de los impuestos que capta el país. De igual forma, es necesario aumentar las tasas contributivas de los sectores más ricos, que en términos generales han pagado muy poco en el último medio siglo, visto proporcionalmente y en relación a lo pagado por los trabajadores y trabajadoras asalariados. En este afán, hay que cobrar y no condonar las deudas contributivas de esos millonarios que ya han sido identificados y a los que hasta ahora han comprado su “intocabilidad”. También, imponer gravámenes a los ricos y poderosos, algunos de éstos profesionales reconocidos, que organizados en Sociedades “cuasi secretas” evitan el pago de contribuciones a través de mecanismos que ahora son legales pero que difícilmente cumplen alguna categoría moral para seguir tolerándolos. Los constructores de viviendas deben pagar por el monto de la venta de esas propiedades cada vez que surja una venta y no se debe esperar a que todas las viviendas de un complejo sean vendidas, porque lo que sucede en realidad es que la última vivienda nunca se vende y pasa a ser propiedad del mismo contratista, proveyendo de esa forma una “legalidad ficticia” de posponer un pago, evitando impuestos, porque la condición suspensiva que rige el contrato de venta nunca se cumple.
Hay que hacer cumplir los contratos de exención contributiva y poner toda la energía de los auditores de hacienda y del gobierno, en verificar que las corporaciones multinacionales, industria química, farmacéutica, electrónica, de alta tecnología y capital intensivo, entre otras, cumplan con la cuota de empleo al que están obligadas por sus decretos. También, que respeten nuestra legislación social y no puedan tan libremente despedir a gusto e injustamente a miles de trabajadores para evadir el pago de sus retiros. Alternativas a la austeridad sobran y muchas otras cosas se podrían decir y hacer en relación a las contribuciones sobre la propiedad, las reparaciones de inmuebles en general, las segundas y terceras casas, los artículos de lujo y las centenares de exenciones que nuestro gobierno tolera influenciado por los que ostentan el poder económico en Puerto Rico.
En fin, que es tiempo de que nuestros legisladores, entre muchos gestores del Gobierno de Puerto Rico, maduren y cumplan con su deber de proteger la dignidad y prosperidad de los débiles de nuestra sociedad. Algo que puede sonar abrasivo y excesivo para algunos pero que emana de la misma esencia de justicia social que, aunque quieran algunos, no se puede ocultar en la sinfonía democrática que toca sin descanso nuestra Constitución. En la próxima campaña política que se avecina el próximo año, si realmente se están defendiendo los intereses de Puerto Rico, no se debe tolerar que se hable sobre extender las medidas de austeridad sino que el debate debe girar sobre muchas de las alternativas disponibles para hacer que el sector privado cumpla con el pago de sus contribuciones y nos aseguremos que los gastos y deudas en que incurra el gobierno tengan, sobre todo, un fin de amparo social al desposeído y excluido de la sociedad.
A continuación los enlaces de todos los artículos de la serie.
Fin de la Serie.
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Guayamés y Catedrático en Relaciones Laborales y Derecho del Trabajo de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente, destacado en la Facultad de Derecho de la UCM–Madrid y el Departamento de Sociología del Trabajo II del Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid y el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha, ambos en España. Artículo décimo de una serie sobre la peligrosidad de la austeridad como política gubernamental. Una discusión más a fondo de estos temas se puede encontrar en los últimos libro del autor: (1) El Periodo de Prueba en España: Estudio con Especial Referencia a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español y la Normativa del Ámbito Internacional. Madrid: España, 2015 y (2) 2da. edición de Derecho Laboral: Leyes en Puerto Rico y su Jurisprudencia, 1900-2015. San Juan: Editorial SITUM (Biblioteca Jurídica), 2015.
