El pasado 6 de noviembre, el pueblo de Puerto Rico tomó dos decisiones trascendentales. En primer lugar, eligió a Alejandro García Padilla como gobernador, y a una mayoría de miembros del Partido Popular Democrático al Senado, a la Cámara de Representantes y a 47 de las 78 alcaldías de la Isla, aunque retuvo a Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista, como Comisionado Residente en Washington, D.C. En segundo lugar, los electores rechazaron la condición colonial actual de la Isla y escogieron la estadidad como la opción no colonial preferida. En términos de administración pública, el gobernador electo y los demás funcionarios que lo acompañarán en el gobierno tienen unos importantes retos por delante. Entre éstos podemos identificar, como prioritarios, los siguientes diez asuntos:
1. Mejorar la calidad de la educación en Puerto Rico. No importa cuál sea la métrica seleccionada (e.g., Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico, el examen del College Board o el desempeño en destrezas básicas de los estudiantes admitidos a la universidad) la educación en Puerto Rico, tanto pública como privada, dista mucho del nivel de calidad deseable. Por lo tanto, cualquier esfuerzo por mejorar la situación social y económica en la Isla tiene que comenzar por mejorar la calidad en nuestra educación.
2. Devolverle la salud fiscal a la Universidad de Puerto Rico (UPR). Para lograrlo, no es suficiente extenderle la fórmula del 9.6 % a las partidas de ingresos del estado de las cuales se excluyó a la UPR en la Ley Núm. 7 del 9 de marzo de 2009. Durante los próximos dos o tres años, se requieren también alrededor de $150 millones en asignaciones anuales adicionales.
3. Procurar un mayor desarrollo económico para Puerto Rico que promueva la creación de empleos. Esto hay que lograrlo a través del sector privado, pues la condición del fisco requiere prudencia en el gasto público.
4. Continuar con la disciplina fiscal en el fondo general para evitar que el gobierno de Puerto Rico vuelva a caer en una crisis fiscal. Es imperativo que esa disciplina se mantenga para no atravesar por una situación que nos confronte con la posibilidad de tener que volver a tomar acciones que disloquen la economía. Por otro lado, la Ley Núm. 1 del 31 de enero de 2011, a través de la cual se implantó en Puerto Rico la más reciente reforma contributiva, proveyó algunos beneficios contributivos y dejó otros para entrar en vigor a partir del año 2014, sujeto a que se cumpla con ciertas pruebas de responsabilidad fiscal que establece la misma Ley. De no lograrse esa responsabilidad fiscal, esos beneficios no podrán hacerse realidad.
5. Devolverle la salud fiscal a las corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico de manera que se pueda volver a generar, de forma efectiva, la inversión pública. El presupuesto gubernamental que se discute prácticamente a diario en la Isla es el que se nutre del Fondo General y cubre los gastos operacionales de las agencias del gobierno estatal. Ese presupuesto solamente representa alrededor del 35% del Presupuesto Consolidado del Gobierno de Puerto Rico y no incluye partidas significativas de inversión pública. La inversión pública, cuyo impacto económico es más significativo que los gastos operacionales del gobierno, la llevan a cabo las corporaciones públicas que están contenidas en el restante 65% del Presupuesto Consolidado. Para mejorar nuestra economía, hay que viabilizar la capacidad de esas corporaciones públicas de llevar a cabo proyectos de mejoras capitales.
6. Resolver el problema de déficit actuarial que padecen los sistemas de retiro de los empleados del Gobierno de Puerto Rico. Ese déficit actuarial se ha cuantificado en alrededor de $20,000 millones. Por su magnitud, y por la importancia que tiene para la calidad crediticia de la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico, este asunto está revestido de alta prioridad.
7. Aumentar los recaudos que recibe el Gobierno de Puerto Rico de las corporaciones multinacionales que operan en la Isla para permitir mayores reducciones en la carga contributiva de las empresas puertorriqueñas. El modelo económico que por años se ha seguido en Puerto Rico, a través del cual se le ofrecen beneficios contributivos a las empresas de afuera y se le deja todo el peso de la carga contributiva a las empresas cuya principal base de operaciones está localizada en la Isla, no le ha servido bien a nuestra economía. Por consiguiente, hay que descontinuar ese modelo y cambiar hacia uno donde todas las empresas, independientemente de la localización de su principal centro de operaciones, reciban el mismo trato contributivo.
8. Reducir los costos de energía en Puerto Rico. De acuerdo a un estudio realizado por el Centro para la Nueva Economía (Restructuring the Puerto Rico Electricity Sector; August 22, 2005; de Sergio M. Marxuach), el costo de la energía en Puerto Rico es uno de los más altos del mundo. Para que las empresas que operan en Puerto Rico puedan proveer bienes y servicios que sean competitivos a nivel global, ese costo tiene que reducirse significativamente.
9. Reducir la criminalidad en la Isla. Esa reducción no puede llevarse a cabo mediante iniciativas de corte policiaco solamente. Además, hay que llevar a cabo un esfuerzo integrado que atienda todos los factores sociales y económicos que inciden sobre la actividad criminal.
10. Salvaguardar y fortalecer el sistema de salud de Puerto Rico. Esto no puede limitarse a atender al plan de salud gubernamental. Es importante también tener un enfoque de prevención a través de la sociedad en general y procurar mayores inversiones en instalaciones de salud en todo Puerto Rico.
Sólo resta desearles el mejor desempeño posible a Alejandro García Padilla y a todos en la nueva administración en las encomiendas que les dio el pueblo. A fin de cuentas, el éxito de la nueva administración sería para beneficio de todos en Puerto Rico.
El autor es profesor de Finanzas en la Escuela Graduada de Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
