En la asamblea informativa, que se llevó a cabo ayer en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, predominó una discusión variada sobre cómo debe definirse la universidad pública del País, de cara a la construcción de una Reforma Universitaria.
Durante la Asamblea, en la que se dieron cita menos del 5% de la matrícula de la Universidad, las miradas del estudiantado se dividieron en torno al método que se utilizaría para garantizar la accesibilidad de la educación.
Algunos abogaron por una matrícula gratuita, mientras otros defendieron la matrícula ajustada a los ingresos, sin llegar a mayor consenso. Los protagonistas del debate fueron el Comité de Reforma Universitaria (CRU), del Consejo General de Estudiantes (CGE), y la Unión de Juventudes Socialistas (UJS), quienes impulsan dos medidas diferentes, con un mismo fin.
“Debemos luchar por esa comunidad pobre, a la que se le han cerrado las puertas. Cada vez más el que entra aquí, es por privilegio. Contra esos privilegios es que nosotros los jóvenes tenemos que revelarnos para construir un país de forma democrática y solidaria”, expresó Francisco Fortuño, líder de la UJS.
Similarmente, el documento Reformando la Universidad de Puerto Rico, presentado por el CRU, plantea que la misión de la Universidad debe estar ligada a democratizar el acceso a la educación, y a mantener un vínculo con las comunidades.
Las diferencias surgen al definir cuáles son los parámetros que hacen inaccesible la educación para los sectores empobrecidos del País, y cómo puede convertirse la UPR en una institución que garantice la entrada equitativa de diferentes sectores. Entre los factores, que denotan inaccesibilidad se mencionó la matrícula de ingreso y la admisión a la UPR según el Índice General de Solicitud (IGS). De esas lecturas es que nacen las subsecuentes propuestas.
Proponen eliminación del IGS como requisito de entrada
Tanto la UJS, como el CRU proponen en sus respectivos documentos que se elimine el actual requisito de entrada por entender que representa un obstáculo para ciertas poblaciones socio-económicamente desventajadas.
Sin embargo, mientras la UJS propone la eliminación absoluta de ese requisito para que la UPR admita la mayor cantidad de jóvenes posible, el CRU plantea que se utilice únicamente como un método estadístico.
En su lugar, piden que “la admisión sea para los estudiantes que soliciten al programa sujeto al cupo y que se admitan los más altos, sin disponer que haya un mínimo”, según consta el documento en su página web.
La estudiante Vimary Camacho leyó un fragmento de la reforma del CRU sobre este particular: “En el 2007, el 22% de los estudiantes de escuela superior en Puerto Rico estaban en escuelas privadas. Ese mismo año, el 36% de los estudiantes admitidos a la UPR provinieron de estas escuelas”. En el estudio desarrollado por el Centro Universitario para el Acceso, se muestra una “fuerte relación positiva entre la clase social y el acceso a la educación universitaria”, se desprende del documento.
Por su parte, Felipe Jiménez, portavoz del comité, cuestionó cuál es la percepción de la educación pública que se tiene. “¿Queremos una Universidad pública para quienes tienen buenas notas?, o ¿queremos una Universidad pública democrática y accesible para todos?”. El joven añadió que “la educación tiene que estar vinculada con un compromiso social y con los derechos de los ciudadanos”.
“Debemos hablar qué es la educación universitaria, para qué y para quiénes”, comentó.
Adicional al asunto del IGS, la juventud socialista añade en su propuesta la fijación de cuotas sociales para asegurar que el estudiantado tenga una representación proporcional de cada sector social.
Matrícula gratuita o ajustada a los ingresos
El mayor de los debates de la Asamblea informativa giró en torno al costo de matrícula. “Quiero que nos preguntemos qué realmente significa matrícula gratuita. ¿Quién paga la matrícula gratuita? ¿La gente pobre que paga las planillas? Por eso, la propuesta de la UJS es la matrícula ajustada a los ingresos. Una propuesta realmente justa. Que paguen más los que pueden pagar más”, abogó Teresa Córdova, de la UJS.
Por su parte, Gabriela Quijano, estudiante de antropología rebatió que “eso no se puede hacer porque decir que la gente tiene que pagar por la educación, es decir que es una mercancía. La educación es un derecho”.
Otro joven de la Facultad de Ciencias Sociales cuestionó la postura de la UJS. “Los socialistas y comunistas, que tanto aplaudieron a Chile por abogar por una universidad gratuita, ahora resultan que no quieren aplicarla a su Universidad”.
Mientras tanto, Katherine Cepeda Rivera, estudiante de Psicología y representante de residencia Torre Norte en el CGE, opinó que se debe explorar por qué las comunidades, que no han entrado por décadas a la Universidad, no han entrado, previo a estar tomando decisiones.
“Hay estadísticas de gente que entra y gente que se queda fuera, pero propongo que se lleve a cabo una investigación en las comunidades para saber que está requiriendo esta gente de una institución educativa; estudiemos los intereses de esas persona”, esbozó la joven.
Con ella coincidió el estudiante y representante de la Escuela de Derecho, Armando Santiago Pintor, quien opinó que “estamos hablando de personas que no nos escuchan, ni saben lo que estamos hablando. Tenemos que salir y llegar hasta ellos, no seguir convocando a las mismas personas de siempre”.
La autora es la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Periodismo (APEP) de la Escuela de Comunicación de la UPR-RP.
Fuente entreParéntesis
