Una de mis compañeras de estudio de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), fue asaltada hace varios años dentro del campus. Al día de hoy, aún le da pánico cruzar desde el Recinto hasta su apartamento, que queda justo al frente de la institución. Esta fobia de caminar por la Universidad luego de las siete de la noche se ha convertido en una realidad compartida entre el estudiantado.
No obstante, la percepción de inseguridad de los estudiantes no parece coincidir con las estadísticas del municipio de San Juan. Según la comandancia de San Juan, dos violaciones fueron registradas desde el primero de enero hasta el 20 de febrero de 2014 en los exteriores de la UPR-RP; una de ellas en la calle Gándara y otra en la avenida Universidad. También fueron reportados sobre 13 delitos Tipo I(delitos de violencia y delitos contra la propiedad) en la avenida Ponce de León. Esto representa una disminución significativa en los crímenes violentos para el área de Río Piedras.
Dentro del Recinto, el panorama no es muy distinto. El último Informe de Incidencia Criminal 2011, 2012 y 2013 que publicó la División de Seguridad y Manejo de Riesgos de la UPR-RP, hay una disminución en los casos de robo, agresión agravada, agresión sexual pero, sobre todo, en el hurto de vehículos de motor. En cambio, existe un aumento en delitos de escalamiento dentro del campus y fuegos intencionales en las residencias de estudiantes.
Víctor Rosario, director auxiliar de la División de Seguridad, expresó a Diálogo que han logrado una baja en la incidencia criminal en la institución debido a la implantación de las vallas con control de acceso y la activación de la Unidad de Ciclistas en los estacionamientos del Recinto.
A pesar de lo expuesto por Rosario, las vallas y la unidad de ciclistas llevan en función desde el 2011, año donde más agresiones agravadas y sexuales hubo dentro de los tres años que expone el informe.
Deber legal de la Universidad reportar los crímenes violentos en el Recinto
Por su parte, Carlos Ruiz, coordinador de procedimiento y protocolo y Clery Act de la UPR-RP, argumentó que mediante la ley federal Jeanne Clery, todas las universidades que reciben fondos federales tienen como obligación divulgar a los estudiantes la incidencia delictiva tanto en el campus como en la periferia. De igual modo, esta ley les exige tener un libro donde se apuntan todos los delitos y querellas ocurridas en el Recinto.
“Esto sirve para que personas que vengan a estudiar tengan un panorama claro de cómo es la incidencia criminal en el lugar. Entonces, eso establece que hay que mantener unas estadísticas de los tres años pasados de los delitos que ellos cualifican en esa escala”, expuso Ruíz.
De no reportar las incidencias criminales bajo la ley federal Jeanne Clery, las multas por incumplimiento comienzan en los $32,000. De hecho, la Universidad de Yale fue multada por $200,000 por incumplir con este requerimiento legal, según Ruiz.
El director de seguridad del Recinto, Julio Serrano, participó la semana pasada de un seminario en Nueva Orleans donde se discutió la versión ampliada del Acta de Violencia contra la Mujer, originalmente aprobada en el 1994. Esta iniciativa, aprobada por el Senado de Estados Unidos, promete mejorar la manera en que se atienden a las víctimas de violación, extendiendo la protección a las mujeres indígenas y a los miembros de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero (LGBTT). Esta ley, según argumentó Ruiz, estará integrada próximamente al Acta de Violencia contra la Mujer en la UPR-RP.
