Los representantes claustrales de la Junta Universitaria expresaron en un comunicado de prensa emitido hoy, que el Plan Fiscal que trabaja la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no cuenta con el aval ni el endoso del claustro de esa institución, por lo que debe retirarse.
“El Plan Fiscal presentando no cuenta con el aval ni el endoso del claustro de la UPR y por ello se debe retirar su presentación ya que la UPR no puede asumir acciones que atenten contra la propia Universidad ni contra el fin público que se le ha encomendado”, sostuvo el doctor Alan Rodríguez, coordinador del claustro y profesor de la UPR en Carolina.
El comunicado indica que el grupo de académicos sostuvo una reunión con la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Nivea Fernández, durante el día de ayer. En dicha, reunión los representantes del claustro instaron a la presidenta interina a no entregar el plan fiscal en los términos propuestos por el Gobierno de Puerto Rico ni por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
Durante la reunión, en la cual estuvo presente el equipo de trabajo de la presidenta interina, los representantes claustrales de la Junta Universitaria esbozaron dos líneas argumentativas que sostienen esa posición.
Por una parte, a nivel pragmático, plantearon que un ajuste de $450 millones o de $512 millones de los fondos provenientes de la aportación gubernamental colocaría a la institución en una posición de incapacidad para poder cumplir con su misión, el acceso y la calidad de los servicios. También inhabilitaría a la institución para garantizar las acreditaciones, licencias, acceso a fondos, cumplir con el Plan Estratégico aprobado y crear las condiciones necesarias para el relevo de su cuerpo docente y no docente.
Más aún, expresaron que este tipo de recortes sería detrimental para el principio de autonomía universitaria ya que limitaría la capacidad de maniobra para administrar, decidir y evaluar su desempeño desde su propio interior.
Al respecto la doctora Silvia Álvarez Curbelo, de UPR-Río Piedras, comentó que “bajo esas categorías la UPR fracasaría en una prueba de resistencia financiera (stress-test) lo que evidencia la imposibilidad y la inviabilidad de un recorte de tal magnitud”.
Los profesores planteraon que a pesar de que se intenta subsanar el recorte a través del ingreso por otras fuentes de fondos, el plan fiscal no incluye un análisis del impacto para la UPR del empobrecimiento y decrecimiento económico del País que generarán las medidas de austeridad.
A tales efectos, el doctor Félix López Román, de la UPR en Humacao, expresó que “no sólo las medidas de austeridad colocarían a la institución en una posición de incapacidad de brindar los servicios sino que, además, generaría un decrecimiento económico en el País que podría poner en duda la posibilidad de allegar nuevos fondos a la institución”.
El grupo claustral enfatizó que, sobre todo, la propuesta de retirar el plan fiscal se sostiene por un argumento de justicia moral. Según mencionaron es moralmente injusto aceptar un recorte de $450 millones, mucho menos de $512 millones, bajo las condiciones y temporalidades perentorias que se han impuesto. “Como universitarios es menester asumir una postura moral de defender la universidad como institución pública de educación superior”, expresaron.
Los representantes claustrales presentaron otras propuestas durante la reunión sostenida con la presidenta interina. Entre ellas, mencionaron que la UPR debe llevar a cabo la misión de auditar la deuda pública del País. También expresaron que de presentarse un plan fiscal este debe satisfacer los criterios de resistencia financiera y justicia moral. Mencionaron que se podría considerar la propuesta del gobernador de Puerto Rico, expresada en la carta emitida a la Junta de Control Fiscal el 20 de marzo de 2017, de que la reducción de la UPR sea de $241 millones en una distribución escalonada y razonable por el término de vigencia del Plan Estratégico 2017-2022.
Además, expresaron que de realizarse un Plan Fiscal este debe armonizarse con la misión de la UPR y con el Plan Estratégico aprobado por la comunidad universitaria. Por último, entendieron que la UPR se debe abocar a un proceso de reestructuración desde un compromiso de responsabilidad social y gestión cultural y no desde el criterio de una merma de recursos que tendría consecuencias nefastas para la institución y el País.
Como propuesta final, los claustrales plantearon que se deben crear las condiciones para que la UPR asuma el papel que le corresponde en la reconstrucción económica de Puerto Rico proveyendo servicios y oportunidades para un desarrollo competitivo pero justo del País.
La postura de los representantes claustrales ante la Junta Universitaria fue presentada hoy en la reunión del comité financiero de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico.
