La Asociación de Economistas de Puerto Rico realizó una encuesta electrónica entre su matrícula a fin de auscultar la posición del gremio ante las medidas económicas que se han propuesto para el desarrollo del país. En concreto, los resultados de la observación muestran que la mayor parte de los economistas que pertenecen al organismo se opone a las propuestas de la Junta de Control Fiscal (JCF).
En específico, un 54% de los encuestados no cree en la eliminación de la Ley de Cierre, mientras que un 57% también se mostró en contra de que se cierren recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el 83% no favorece las medidas de austeridad propuestas por la JCF y el 78% piensa que la Junta y el gobierno están mal asesorados en materia económica.
Asimismo, el 93% se opone a la reducción en el salario mínimo a los jóvenes, un 87% rechaza un aumento en el IVU y un porcentaje cercano critica el despido de empleados públicos y la reducción de las pensiones. Sobre la reformas de permisos, un 53% está en contra de que un profesional otorgue permisos de construcción y el 72% no favorece la flexibilización de los permisos comerciales a las megatiendas extranjeras.
“La encuesta reveló que los economistas tienen consenso sobre lo que deberían ser las políticas públicas que fomente el crecimiento y desarrollo económico de Puerto Rico. Es importante que se les consulte para lograr que la economía sea próspera, justa, equitativa y sostenible”, aseguró la doctora Martha Quiñones, presidenta interina de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, en un comunicado de prensa enviado por esa entidad a los medios.
En la misma encuesta se encontró un consenso hacia otro tipo de propuestas que no han sido seriamente consideradas por el oficialismo hasta el momento. Por ejemplo, el 77% de los economistas favorece la regionalización o consolidación de alcaldías y un 66% sugiere eliminar subsidios a los municipios, el 93% favorece que se eliminen subsidios e incentivos a empresas que no estén creando empleos, otro 66% apoya la propuesta del “entry point” para reestructurar la deuda (en base al valor de compra del bono), un 78% favorece que se aumenten los impuestos a los bienes y servicios de lujo, un 69% apoya que se detenga el mecanismo contable conocido como “transfer pricing” de las megatiendas, un 61% entiende que se deben retasar las propiedades inmuebles y un 85% se solidariza con la reinstalación de la comisión que auditaba la deuda pública.
“Así como se consulta a los gremios médicos para reformar el sistema de salud, la Asociación de Economistas debe ser clave en la discusión de propuestas económicas. Hay muchas propuestas con un amplio consenso. Por ejemplo, un 94% considera que se deben divulgar los conflictos de intereses de los economistas y un 89% critica la ausencia de economistas en los últimos tres gabinetes de gobiernos. Quizás eso pueda explicar parte de la crisis actual”, aseguró el doctor José Caraballo Cueto, vicepresidente de dicha asociación.
Los resultados se pueden considerar como representativos toda vez que fueron contestados por una muestra relativamente alta. Esta investigación no contó con el apoyo económico o institucional de organización alguna. La Asociación de Economistas continuará realizando múltiples conferencias y actividades durante los próximos meses, las cuales estarán disponibles para el público en general.
