Convocatoria de UNESCO para cultura y paz
Misil Trident lanzado desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, en enero de 1977. (Suministrada)
Estados Unidos se convirtió en el centésimo país en ratificar el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, que fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2005 y entró en vigor en 2007.
La película “El Pacificador” (1997), con las actuaciones de Nicole Kidman y George Clooney, cuenta la historia de un terrorista yugoslavo que adquiere una bomba nuclear, perdida tras un accidente de tren en Rusia, y la lleva a Nueva York para detonarla fuera de la sede de la ONU.
Ante la posibilidad de que un grupo terrorista real adquiriera armas nucleares, la ONU adoptó el Convenio, que cuenta con 115 Estados signatarios en la actualidad.
Con su ratificación el 30 de setiembre, Estados Unidos se suma a los 99 Estados que ratificaron el tratado, incluidas las potencias nucleares de China, Francia, Gran Bretaña, India y Rusia.
“Esta es una buena noticia, al igual que la ratificación de cualquier tratado o convenio que limite el uso de armas nucleares por parte de un Estado poseedor de armas nucleares”, señaló Jayantha Dhanapala, exsecretario general de la ONU para Asuntos de Desarme.
En diálogo con IPS, Dhanapala recordó que Rusia inició el presente Convenio en 2005.
“El terrorismo nuclear ha sido muy temido, especialmente después de (los atentados contra Estados Unidos del) 11 de septiembre (de 2001), y es bien sabido que actores no estatales, como Al Qaeda y ahora el Estado Islámico, buscan materiales nucleares para hacer un arma” de este tipo, sostuvo Dhanapala, quien también es miembro del consejo directivo del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz.
“Y sin embargo, no debemos engañarnos sobre… la importancia de esta medida, cuando tratados más urgentes, como el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, esperan la ratificación de Estados Unidos y siete Estados más con el fin de asegurar su entrada en vigor”, recordó.
“En tanto nueve países posean 15,850 ojivas nucleares – 93 por ciento en poder de Estados Unidos y Rusia – su empleo en una guerra, ya sea con intención política deliberada o por accidente, y por Estados nacionales o actores no estatales, sigue siendo una realidad aterradora, con espantosa consecuencias humanitarias y efectos ecológicos y genéticos irreversibles”, advirtió.
El Convenio estipula cuáles son los delitos relacionados con la posesión y el uso ilegales e intencionales de materiales o dispositivos radiactivos, y el uso o el daño de instalaciones nucleares.
El tratado también está concebido para promover la cooperación entre los países mediante el intercambio de información y la prestación de asistencia para investigaciones y extradiciones.
“¿Qué es el terrorismo nuclear?”, se pregunta M.V. Ramana, físico y profesor de la estadounidense Universidad de Princeton. El diccionario define al terrorismo como “el uso sistemático del terror, especialmente como medio de coacción”, explicó.
Las armas nucleares causan la muerte y la destrucción de forma masiva, y toda población que enfrente esta posibilidad estará aterrorizada, argumentó.
“Piense en la gente en los países de Medio Oriente a quienes el presidente de Estados Unidos les dice… que ‘todas las opciones están sobre la mesa’, lo que implica, por supuesto, el uso de las armas nucleares”, comentó.
Por lo tanto, cualquier persona que utilice un arma nuclear para amenazar a otra población sería terrorista. Eso incluye a aquellos que las empleen “solo con fines de disuasión”, precisó.
“Creo que el desafío para aquellos que buscan la paz es desplazar el discurso del ‘terrorismo nuclear por parte de actores no estatales’ y girar la atención a los Estados poseedores de armas nucleares, que basan sus políticas en la amenaza de la muerte y la destrucción nuclear, y en la urgencia de que se desarmen”, manifestó Ramana.
Rose Gottemoeller, subsecretaria de Control de Armas y Seguridad Internacional de Estados Unidos, aseguró que, con respecto al terrorismo nuclear, “estamos más seguros ahora de lo que estábamos hace cinco años, pero aún queda mucho por hacer”.
“Estados Unidos seguirá trabajando con sus socios internacionales para garantizar que los materiales nucleares peligrosos se contabilicen y estén seguros en todo el mundo”, agregó.
“Se requiere una vigilancia incesante si hemos de garantizar que los grupos terroristas que buscan adquirir estos materiales no sean capaces de hacerlo”, destacó.
Estados Unidos es el mayor contribuyente nacional del Fondo de Seguridad Nuclear de la Agencia Internacional de Energía Atómica, al que aportó más de 70 millones de dólares desde 2010, informó.
Ese dinero se destina al apoyo de expertos, misiones y visitas técnicas a los Estados miembros, la elaboración de guías y mejores prácticas en materia de seguridad nuclear, y la base de datos de incidentes y el tráfico, explicó Gottemoeller.
El Programa contra el Contrabando Nuclear, del Departamento de Estado de Estados Unidos, también colabora con socios internacionales para reforzar la capacidad de investigación de las redes de contrabando nuclear, garantizar la seguridad de los materiales en circulación ilegal, y procesar a los criminales involucrados, indicó.
Gottemoeller elogió a Georgia y Moldavia por haber detenido recientemente a delincuentes que intentaban vender uranio altamente enriquecido y aseguró que se lograron avances considerables en ese sentido. Lamentablemente, la constante incautación de material nuclear apto para las armas indica que los mismos siguen disponibles en el mercado negro, reconoció.
Algunas disposiciones fundamentales de la Convención son la penalización de la planificación, la amenaza o la realización de actos de terrorismo nuclear, y la obligación de los Estados de penalizar estos delitos con la legislación nacional y de fijar sanciones acordes a la gravedad de los mismos.
Además, existe la obligación de los Estados de que hagan todo lo posible por adoptar las medidas adecuadas para asegurar la protección de los materiales radiactivos.
El Convenio no cubre las actividades de las fuerzas armadas durante un conflicto armado o ejercicio militar y no aborda la “legalidad del uso o la amenaza del empleo de armas nucleares por los Estados”.
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