Los retos para las organizaciones que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos en Puerto Rico han aumentado exponencialmente debido a la crisis que dejó el huracán María, dijeron a Diálogo representantes de seis entidades sociales de la Isla.
El aumento de la violencia de género, el maltrato a menores y violencia familiar, la falta de garantías para la comunidad LGBT y la violación a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos como la salud, la educación, la vivienda digna y la seguridad en la Isla, fueron algunas de las problemáticas identificadas por los portavoces de Amnistía Internacional capítulo de Puerto Rico, Colectivo Orgullo Arcoiris (COA), Casa Pueblo, La Colectiva Feminista en Construcción, American Civil Liberties Union of Puerto Rico (ACLU) y la Comisión de Derechos Civiles.
Frente a estas circunstancias manifestaron que hay que fortalecer la educación ciudadana y ejecutar diferentes formas de protesta que visibilicen estas situaciones.
Algunos de estos desafíos también están contenidos en un informe de 400 páginas sometido recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC. El documento, presentado por una delegación compuesta por más de 25 organizaciones de la Isla y la diáspora, describe las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno local y federal, durante el manejo de la emergencia que suscitaron los huracanes Irma y María.
El huracán agravó las condiciones sociales de muchas personas y, a la vez, las ha hecho más visibles, sostuvieron los entrevistados. Especificaron que, antes del temporal, no había respuestas efectivas ante estas transgresiones, y ahora el problema aumenta, al percibir que la misma sociedad acepta cada vez más infracciones contra sus libertades civiles y colectivas, en aras de que se normalice la situación en el País. Por lo tanto, se permite una serie de abusos que en otras circunstancias no serían aceptables.
A continuación, seis líderes de movimientos sociales en la Isla comparten sus retos para este año y cómo harán para enfrentarlos. Superar todas sus aspiraciones es un tema en común que los vincula y plantean que ningún desafío es insuperable, si más personas se unen y se organizan en pro de la defensa de los derechos humanos.
American Civil Liberties Union of Puerto Rico (ACLU)
William Ramírez, director ejecutivo de ACLU Puerto Rico, aseguró que en el 2018 continuarán con sus labores de educación y trabajo legislativo desde la organización.
También, se encuentran ejerciendo gestiones para vincularse con la reforma de justicia criminal y juvenil, ya que, para esta organización, las fallas que se llevan a cabo desde este sistema, como los arrestos a personas por faltas administrativas y civiles, tratándolos como criminales, entre otras, constituyen una violación de los derechos civiles y deben ser tratados con prioridad, respecto a la realidad que vive la Isla actualmente.
Para este año, ACLU tiene programado emitir un informe sobre el estado de los derechos humanos y la justicia juvenil en Puerto Rico, con el fin de enfocarse en la realización de políticas públicas que efectúen o influyan sobre la protección de los derechos, las libertades civiles y sobre los derechos humanos.
Colectivo Orgullo Arcoiris (COA)
Otra de las organizaciones con agenda llena es el Colectivo Orgullo Arcoiris (COA).
La entidad está focalizada en alzar la voz para evitar que se ejecute el proyecto de ‘libertad religiosa’, ya que esto abre una gran puerta para el discrimen sobre la población LGBT, tanto en el ámbito público como en el privado.
Aunque este proyecto fue rechazado por el gobernador Ricardo Rosselló, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, se ha propuesto pasarle por encima al veto de Fortaleza.
El presidente del colectivo, Luis Conti, destacó el trabajo que se lleva a cabo con varias organizaciones que están bajo el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), donde cada estructura desde su especialidad, atiende los asuntos que de una manera u otra afectan los derechos humanos de la comunidad LGBT.
Al mismo tiempo, el COA se encuentra organizando la marcha Pride Puerto Rico 2018, propuesta para el 3 de junio, la cual sirve de plataforma para denunciar y visibilizar los problemas que la comunidad LGBT ha enfrentado año tras año. Este año se enfocará en la reconstrucción del país post María, la misma que, según el vocero del colectivo, le ha dado la espalda a los derechos humanos.
Casa Pueblo
Arturo Massol Deyá, director asociado de la organización Casa Pueblo resaltó la necesidad de fortalecer la parte de educación en el tema ambiental ante el cambio climático, apostando a generar conocimiento para que la sociedad pueda adaptarse a lo que él llama una realidad cambiante y cada vez más amenazante.
Massol expuso que, tras una crisis, usualmente son los recursos naturales los más afectados, por lo tanto, sus esfuerzos se dirigen a transformar el paisaje energético, creando espacios de accesibilidad a fuentes de energías limpias y renovables.
Para ello, Casa Pueblo trabaja arduamente en la ejecución de proyectos que operan exclusivamente con el sol, demostrando la efectividad en el funcionamiento, y promoviendo agendas de autosuficiencia energética que involucran a la sociedad civil como los principales actores.
La Colectiva Feminista en Construcción
En 2018, La Colectiva no solo quiere impulsar los reclamos que le presentó al País en el año anterior, sino que continuará denunciando la precariedad de las vidas de las mujeres y los sectores más vulnerables en Puerto Rico.
Por lo pronto, Vanesa Contreras, portavoz de la organización, aseguró que esa entidad continuará impulsando su lucha social, obligando a través de ella al gobierno a escuchar sus propuestas, y así mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. El grupo intenta combatir así un sistema capitalista, racista y homofóbico, según Contreras.
Un tema al que le darán prioridad, durante los siguientes meses, es la violencia sexual hacia las mujeres, lo que de acuerdo con la entrevistada, se ha convertido en una epidemia en la Isla.
Comisión de Derechos Civiles
El director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, Ever Padilla, indicó que la prioridad de esa entidad para este año es la educación en derechos humanos.
Padilla entiende que en la educación radica la llave para el cambio social, la reivindicación de los derechos de las personas. También posibilita un método para que la gente entienda cuáles son sus derechos y cómo pueden reclamarlos, permitiendo una mayor participación ciudadana en todos los procesos que los involucra.
Sin embargo, el director ejecutivo manifestó que actualmente se están dando a la tarea de identificar las necesidades prioritarias de la sociedad civil, ya que son muchos los temas que se deben atender, especialmente después del paso de los huracanes Irma y María, que dejan un país en crisis económica y social.
Amnistía Internacional capítulo de Puerto Rico
Este movimiento global plantea tres metas que subrayan la forma en que lucharán y defenderán los derechos humanos en la Isla, colaborando y ejerciendo oposición ante las circunstancias que lo requieran.
Liza Gallardo, directora ejecutiva de la organización, aseguró que la primera es reclamar las libertades civiles, siendo su foco defender el derecho que tienen las personas a levantar su voz sin ser silenciadas o sufrir represión.
Añadió que su campaña #ProtestarNoEsUnCrimen sigue vigente para el 2018.
La segunda es garantizar la igualdad de derechos para todas las personas, a través de campañas educativas en derechos humanos, y la tercera consiste en maximizar los recursos y vincular más personas al movimiento, con el fin de acoger y formar más defensores de estas causas alrededor de Puerto Rico.
Para garantizar la igualdad de derechos para todas las personas realizarán campañas educativas sobre derechos humanos. Finalmente, procurarán vincular más personas al movimiento, con el fin de acoger y formar defensores de derechos humanos alrededor de Puerto Rico.
