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La destrucción del templo Baal Shamin, de 2.000 años de antigüedad, en Palmira, Siria, es un ejemplo más de cómo el grupo armado autodenominado Estado Islámico (EI) utiliza las armas convencionales para imponerse. Crédito: Bernard Gagnon / CC BY-SA 3.0
Las explosiones que habrían destruido en agosto un templo de 2,000 años de antigüedad en la ciudad de Palmira, en Siria, son un ejemplo más de cómo el grupo armado autodenominado Estado Islámico (EI) utiliza las armas convencionales para imponerse.
¿Qué permitió el crecimiento de la capacidad bélica del EI? La respuesta está en la historia reciente, en las armas que recibió Medio Oriente a partir de la década de 1970.
Después de tomar el control de Mosul, la segunda ciudad de Iraq, en junio de 2014, los combatientes del EI exhibieron armas y vehículos militares, en su mayoría fabricados por Estados Unidos, que fueron vendidos o entregados a las fuerzas armadas iraquíes.
A fines de 2014, la organización Investigación de Armamentos en Conflicto publicó un análisis de las municiones utilizadas por el EI en el norte de Iraq y Siria. Los 1,730 cartuchos analizados habían sido fabricados en 21 países diferentes, y más de 80 por ciento procedían de China, la antigua Unión Soviética, Estados Unidos, Rusia y Serbia.
Una investigación más reciente encargada por Amnistía Internacional también encontró que, aunque parte de las armas del EI fueron producidas en 2014, un gran porcentaje son armas pequeñas y ligeras, vehículos blindados y artillería de la época soviética y del Pacto de Varsovia, de los años 70 y 80.
Estos escenarios les quitan el sueño a estrategas militares y aficionados a la política exterior, pero son parte de la pesadilla diaria en la vida de muchos civiles en los países en guerra de Iraq y Siria.
Estas armas, capturadas por el EI o vendidas de forma ilícita a este y otros grupos armados, permitieron ejecuciones sumarias, desapariciones, violaciones y torturas y otros graves abusos de derechos humanos, en un conflicto que desplazó a millones de personas en sus propios países o las obligó a buscar refugio en naciones vecinas.
El hecho de que armas y municiones autorizadas por los gobiernos para su exportación pueden caer tan fácilmente en manos de violadores de los derechos humanos, dice mucho de lo mal regulado que está el comercio de armas mundial.
Lo peor es que este es un caso en que la historia vuelve a repetirse. Pero los gobernantes del mundo aún no aprendieron la lección.
Para muchos, la Guerra del Golfo en Iraq (1991) reveló el peligro que implica el comercio internacional de armas sin los debidos controles y garantías.
Tras el conflicto en el que las poderosas fuerzas armadas del presidente iraquí, Sadam Hussein, invadieron al vecino Kuwait, se supo que su país estaba inundado de armas suministradas por China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Varios de esos países también habían armado a Irán en la década anterior, fomentando una guerra de ocho años con Iraq que causó la muerte de cientos de miles de civiles.
Ahora, son los mismos Estados que una vez más envían armas a la región, a menudo sin las garantías necesarias para impedir su desvío o tráfico ilícito.
Estos países estuvieron entre las más de 100 delegaciones nacionales que participaron en la primera Conferencia de los Estados Partes del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que se celebró en el balneario mexicano de Cancún del 24 al 27 de agosto.
La participación de la sociedad civil en esta y futuras conferencias del TCA es importante para evitar que decisiones potencialmente mortales se tomen a puertas cerradas.
La transparencia del proceso del TCA, entre otras medidas, es primordial, ya que implica la diferencia entre tener controles y garantías que pueden llegar a salvar vidas y un tratado debilitado, mientras que los Estados siguen operando como de costumbre en el comercio de las armas convencionales.
Ese comercio, envuelto en el secreto y por valor de decenas de miles de millones de dólares, causa la muerte a más de medio millón de personas por año, así como un sinnúmero de heridos, a la vez que pone a millones más en riesgo de padecer crímenes de guerra, de lesa humanidad y otras violaciones de los derechos humanos.
El TCA incluye una serie de normas sólidas para detener el flujo de armas a los países, cuando se sabe que las usarían para cometer atrocidades.
El tratado obtuvo rápidamente el apoyo de la comunidad internacional, incluido el de cinco de los 10 principales exportadores de armas: Alemania, España, Francia, Gran Bretaña e Italia.
Estados Unidos, por lejos el mayor productor y exportador de armas, es uno de los 58 países que firmaron pero aún no ratificaron el TCA. Otros grandes productores de armas, como Canadá, China y Rusia, ni siquiera lo han firmado.
Uno de los objetivos del TCA es “prevenir y erradicar el tráfico ilícito de armas convencionales y evitar su desvío”, por lo que los gobiernos tienen la responsabilidad de tomar medidas para evitar situaciones en las que sus acuerdos de armas provoquen abusos de los derechos humanos.
Contar con controles rigurosos ayudará a asegurar que los Estados ya no puedan abrir las compuertas de sus armas a países en conflicto o cuyos gobiernos emplean armas para reprimir los derechos humanos de las personas.
Cuantos más Estados respalden el tratado, y más sólidas y transparentes sean sus controles y garantías, más cambios se producirán en las aguas turbias del comercio internacional de armas. El TCA obligará a los gobiernos a ser más exigentes con respecto a con quienes hacen negocios.
La comunidad internacional le ha fallado al pueblo de Siria e Iraq, pero el TCA brinda a los gobiernos la oportunidad histórica de dar un paso fundamental hacia la protección de la población civil de horrores similares en el futuro.
Deberían aferrarse a esa oportunidad con ambas manos.
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