Conscientes de los costos que conlleva la defensa de su Fideicomiso de la Tierra en el Tribunal Federal, residentes del Caño Martín Peña anunciaron los mecanismos disponibles para quienes deseen colaborar con su causa. “Constituimos el Comité Pro Defensa del Fideicomiso de la Tierra, proveyendo un espacio para las personas que han manifestado su interés en ayudarnos a cubrir los gastos asociados al proceso. Llevar un caso como este es muy costoso, aún cuando contamos con los servicios gratuitos de excelentes abogados,” señaló Mario Núñez Mercado, presidente del G-8, Inc. “Hasta ahora, los residentes hemos colaborado con $745, y estamos vendiendo pegatinas y camisetas.” Las personas interesadas en colaborar pueden hacer un donativo en las sucursales del First Bank, a la cuenta número 0808003603 a nombre del Comité Pro Defensa del Fideicomiso de la Tierra. Además, pueden llamar al (787)671-0308 para donar sus servicios y adquirir pegatinas o camisetas. Próximamente se anunciarán actividades de recaudación de fondos. A corto plazo y con urgencia, se requieren $6,000 adicionales a lo recaudado para lo siguiente: – Servicios de traducción de documentos por traductores certificados por el Tribunal Federal, o fondos para poder contratar dichos servicios, cuyo costo se estima en $6,000 para esta etapa. – Fondos para cubrir costos de transportación aérea y alojamiento para la vista que se celebrará en septiembre el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston. “Hemos recaudado $6,370 y tenido gastos ascendentes a $4,295 en costos de presentación, emplazamiento, mensajería, fotocopias, radicación del caso en San Juan y de la apelación en Boston, entre otros,” puntualizó Núñez. Los licenciados Judith Berkan, Mary Jo Méndez y Pedro Saadé representan al Fideicomiso de la Tierra en este caso, de forma gratuita, con el apoyo de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Además de los aportes de los residentes, se han recibido donativos por parte del Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles, la Fundación Carvajal y estudiantes de De Paul University, así como servicios gratuitos de fotocopias de documentos, traducción, entre otros, por parte de empresas e individuos. El 23 de junio el Gobernador firmó la Ley 32, que de forma retroactiva pretende arrebatarle las tierras propiedad de la comunidad mediante el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, afectando los derechos adquiridos por los residentes. El Fideicomiso presentó una demanda por violación de derechos civiles, y planteó que dicha Ley es inconstitucional, toda vez que mediante ésta se han incautado las tierras de la comunidad. El Comité Pro Defensa del Fideicomiso de la Tierra está presidido por Lucy Cruz, del G-8, Inc. Su tesorero es Mario Núñez Mercado, presidente del G-8 Inc., y su secretaria es la licenciada María E. Hernández Torrales, quien además preside el Fideicomiso.
El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña se creó como parte de la Ley 489 de 24 de septiembre de 2004, que fue aprobada unánimemente por la Legislatura de Puerto Rico. Fue constituido con las tierras de tenencia pública que había en el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, gran parte de las cuales han sido el hogar de miles de ciudadanos por generaciones. Aproximadamente 200 cuerdas de terreno son propiedad de la comunidad mediante el Fideicomiso, que opera de forma similar a un condominio. Su reglamento fue producto de un amplio proceso de participación ciudadana. El Fideicomiso tiene cuatro objetivos principales: (1)evitar el desplazamiento de la comunidad y resolver el histórico problema de tenencia de la tierra mediante un derecho de superficie que puede hipotecarse, heredarse y venderse; (2) superar la pobreza (recoge los beneficios del aumento en valor de las tierras que será producto de la inversión pública en el sector incluyendo la rehabilitación del Caño Martín Peña, para reinvertirlos en la comunidad), (3) garantizar la disponibilidad de vivienda asequible, y (4) hacer viable la implantación del Plan de Desarrollo Integral, contribuyendo a una mejor ciudad. El G-8, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne al liderato de las doce organizaciones de base comunitaria que representan a los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Las ocho comunidades son Israel – Bitumul, Parada 27, Las Monjas, Barrio Obrero San Ciprián y Oeste, Barrio Obrero Marina, Península de Cantera, Buena Vista Santurce y Buena Vista Hato Rey.
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Diálogo
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