A pesar de la presión global para disminuir la minería del carbón y la quema del mineral para generar electricidad, varios países de América Latina y el Caribe mantienen en la actualidad proyectos para ampliar esa contaminante fuente energética.
Estos planes contradicen las metas climáticas adoptadas voluntariamente por las naciones de la región y el compromiso de incrementar las fuentes limpias y renovables, que forman parte del Acuerdo de París sobre el clima, aprobado en diciembre de 2015.
“América Latina no tiene un gran peso global en el sector, pero este sí tiene influencia regional. Además, Colombia exporta mucho carbón. El problema es que hay varios proyectos en planeación para explotar el mineral y eso amenaza con mantener esa dependencia por años”, dijo, Heffa Schuecking, directora de la no gubernamental Urgewald.
La Lista Global para el Abandono del Carbón (GCEL, en inglés), elaborada por la organización alemana, exhibe la situación regional del mineral, en el marco del contexto global.
Urgewald presentó el reporte durante la 23 Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se desarrolla desde el 6 y hasta el 17 de este mes en Bonn, parte de la que fue la franja industrial alemana, movilizada precisamente por la piedra negra.
El listado abarca unas 770 corporaciones extractivas, comercializadoras, prestadoras de servicios y generadoras termoeléctricas dentro de la cadena de valor del sector. Además, señala que en América Latina y el Caribe, la capacidad termoeléctrica instalada con fuente carbonifera asciende a 17,909 megavatios (MW), de los cuales la mayoría opera en México (5,351 MW), Chile, (5,101 MW) y Brasil (4,355 MW).
Empero, los proyectos en marcha que contemplan el uso de carbón suman 8,427 MW, de los cuales Chile aportaría 2,647, Brasil 1,540, República Dominicana 1,070, Venezuela 1,000, Jamaica 1,000, Colombia 850 y Panamá 320. Esos emprendimientos anclarían aún más el contaminante mineral en la región y dificultarían su retiro para combatir el cambio climático.
La GCEL identifica 14 empresas originarias de la región, de las cuales cinco son brasileñas, otras cinco colombianas y una por país de Chile, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Además, empresas transnacionales como las estadounidenses AES y Drummond; la italiana Enel, la francesa Engie, la anglosuiza Glencore, la angloaustraliana BHP Billiton y la británica Anglo American también operan en el sector del carbón en la región.
En la COP 23, cuya electricidad proviene parcialmente de la mina de lignito de Hambach, en las cercanías de Bonn, el reclamo en contra del carbón ha resonado, porque genera gases contaminantes que recalientan el planeta.
Colombia extrae el mayor volumen de carbón en la zona -90 millones de toneladas en 2016-, en un sector dominado por las empresas transnacionales Drummond, Glencore, BHP Billiton y Anglo American.
Desde 2013, la extracción carbonífera colombiana ha oscilado entre los 85 millones y los 90 millones de toneladas, obtenidas principalmente en excavaciones a cielos abiertos y destinadas principalmente a la exportación.
Mientras, la generación termoeléctrica de carbón ascendió a 1,369.5 MW en 2016. Brasil produce unos ocho millones de toneladas de carbón al año y opera 21 turbinas termoeléctricas con el mineral que generan 3.71 millones de kilovatios, equivalentes a 2.27% de la capacidad instalada nacional.
En 2015, México produjo unos 7.25 millones de toneladas anuales, el nivel más bajo de los últimos años debido a que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha contraído la compra del mineral.
En paralelo, la generación carboeléctrica totalizó 30,124 millones de MW/h en 2015, 34,208 millones en 2016 y 24,274 millones en 2017 proveniente de tres plantas de CFE.
Chile pertenece al lote de los mayores generadores termoeléctricos de la región, con un parque a carbón constituido por 29 unidades eléctricas que aportan 14,291 MW, equivalentes a 61.5% de la capacidad instalada nacional.
Carlos Rittl, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una red de organizaciones ambientales brasileñas, criticó aquí que su país carezca de una política clara hacia el carbón.
“Hay metas de energía renovable para 2030, pero se sigue subastando capacidad eléctrica para combustibles fósiles y se construyen plantas termoeléctricas. No hay un vínculo entre la agenda energética” y las metas voluntarias de reducción de gases contaminantes de Brasil, subrayó Rittl.
El ecólogo brasileño es uno de los 20,000 asistentes, entre delegados gubernamentales, académicos, de la sociedad civil, organismos internacionales y empresarios, a la COP 23.
La GCEL incorpora 88% de la producción mundial de carbón y 86% de la capacidad termoeléctrica instalada con base en el mineral.
Además, la base de datos identifica 225 compañías que planean la expansión de la minería del carbón y 282 que proyectan más plantas eléctricas.
De las 328 empresas mineras enlistadas, 30 cargan con más de la mitad de la producción mundial de carbón y de las 324 operadoras termoeléctricas, las mayores 31 poseen más de la mitad de la capacidad instalada global.
La campaña busca que los inversionistas retiren los fondos del sector carbonífero, a modo de cancelar nuevos proyectos y clausurar progresivamente los vigentes.
Colombia posee reservas carboníferas por 16,540 millones de toneladas. Mariana Rojas, directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente del país, reconoció la dificultad de abandonar ese fósil.
“Se trabajan diferentes estrategias para los diferentes sectores. Queremos incentivar el incremento de las renovables en la matriz energética, ha habido más competitividad por los bajos precios de las renovables. Pero no podemos llegar y sacudir a todos los sectores”, declaró la funcionaria.
El carbón quedó fuera del impuesto al carbono creado por la reforma tributaria de diciembre de 2016, prueba del poder de esa industria.
El informe El carbón de Colombia: ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Minería, comercio global y cambio climático, elaborado en 2015 por el no gubernamental Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, ya alertaba que en el país andino se proyecta mantener la explotación minera de carbón hasta al menos 2079.
Brasil ya autorizó al menos otra planta en construcción por 340 MW, pero hay avales para al menos seis instalaciones más para generar 804 MW.
México afronta una situación similar, pues los permisos mineros vigentes expirarían a 2062 sobre reservas que superan los 700 millones de toneladas.
La estatal CFE de ese país ha recurrido desde 2015 a subastas electrónicas de carbón, para controlar el abastecimiento de más de dos millones de toneladas anuales y regular la actividad.
Schuecking, de Urgewald, instó a cerrar el grifo financiero a esos proyectos. “Un alejamiento veloz de las inversiones para el carbón por el sector financiero no es solo una cuestión de evitar activos devaluados, sino también de mantener un mundo habitable”, pidió.
Alemania ya le puso fecha de caducidad a ese material -2018-, mientras Canadá ya anunció que en 2030 dejará de quemarlo e Italia se comprometió a hacerlo en 2025.
“El primer paso es eliminar los subsidios al carbón” y redirigirlos a energía solar y eólica, propuso Rittl.
