El comercio ilícito, cualquiera sea el producto –alcohol, tabaco, medicamentos, diamantes, madera, marfil o petróleo– es el nexo entre dos problemas que ponen en riesgo la estabilidad global: la inseguridad económica y el crimen organizado.
El contrabando hace que la economía global siga inestable, y los gobiernos tienen problemas para estimular el crecimiento, el empleo y las inversiones en infraestructura y otros programas públicos.
Y la reactivación de la actividad criminal e ilegal, en algunos casos acompañada de atentados terroristas, nos deja a todos pensando en la seguridad para esta generación y para la próxima.
El comercio ilícito exacerba ambos problemas y pone a los gobiernos ante el desafío inmediato de hacer frente a sus consecuencias negativas generalizadas y significativas.
Consecuencias en el sector petrolero
El valor del combustible robado, adulterado o defraudado asciende a unos 133,000 millones de dólares al año que pierden las petroleras. Alrededor de 30 por ciento de los productos petroleros de Nigeria se contrabandean a los países vecinos. El robo de los oleoductos en México también alcanzó su máxima expresión.
La actividad ilegal representa una enorme fuga para la economía global, desplaza miles de millones de dólares de la economía legítima y deslocaliza cientos de miles de puestos de trabajo.
También está asociada a pérdidas fiscales por la evasión y los abusos de subsidios, que privan a los estados de ingresos para servicios públicos vitales e implican una mayor carga para los contribuyentes, en especial en los países en desarrollo, donde las regalías de la industria petrolera y de los impuestos financian el desarrollo.
Por ejemplo, Filipinas pierde unos 750 millones de dólares al año en ingresos tributarios por la adulteración de combustibles y el contrabando.
Dakila Cua, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes de ese país asiático, señaló que el contrabando de combustible es una práctica viciosa que deja al país sin valiosos recursos para la inversión pública.
El problema está profundamente arraigado en la economía de Filipinas y en todas las de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La pérdida por el combustible ilícito en la región asciende a entre 2,000 millones y 10,000 millones de dólares al año.
Vínculos con el terrorismo y el crimen organizado
Los vínculos entre comercio ilícito y crimen organizado están bien establecidos.
El valor del robo de combustible para la economía global constituye uno de los mayores delitos trasnacionales. Las investigaciones muestran los vínculos entre el robo de petróleo y los carteles del narcotráfico en México, los insurgentes y traficantes de personas en Tailandia y Libia, los terroristas en Irlanda, los rebeldes en Nigeria, los movimientos de rebeldes en Mozambique y, por supuesto, el Estado Islámico.
Esa actividad amenaza de forma significativa la estabilidad nacional y regional y disuade las inversiones, que crecen en entornos estables y pacíficos.
La conexión criminal no se limita solo al robo de petróleo y combustibles.
El crimen organizado transnacional cubre varias formas de comercio ilegal, desde trata y tráfico de personas pasando por contrabando de tabaco hasta la participación de la mafia en el comercio de productos falsificados.
Además, los beneficios de una actividad ilegal se utilizan para financiar otro tipo de comercio ilegal.
Comercio ilegal y degradación ambiental
El contrabando en el sector petrolero perpetúa un efecto dominó en los mercados globales, e incluso debilita el desarrollo sostenible y acelera la degradación ambiental.
El proceso de escuchas ilegales, la carga de combustible y los embarques, por ejemplo, implica una mayor probabilidad de derrames y de atentados en oleoductos, lo que podría causar un gran daño a la fertilidad del suelo, el suministro de agua potable y la vida marina.
De ahí que la lucha contra el fraude en el sector de los combustibles es una responsabilidad global, así como un requisito para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.
Soluciones
A pesar de las graves consecuencias, el problema del robo de combustible y petróleo sigue solapado y sin llamar la atención internacional.
Toda solución de largo plazo dependerá de la colaboración sostenida entre gobiernos y el sector privado.
Las empresas seguirán contribuyendo con soluciones técnicas como marcadores de combustible y rastreo por GPS (sistema de posicionamiento global).
Los programas modernos para marcar combustible permiten a las autoridades identificar combustible robado o malversado y reducir las pérdidas al mejorar la integridad en la cadena de suministro, mitigar la evasión fiscal y el abuso de subsidios e impidir la fuga de recursos.
Las empresas también pueden compartir inteligencia, datos, recursos y medidas que ayuden a controlar de forma efectiva la actividad ilícita. El sector privado está dispuesto a trabajar con socios para reunir distintos actores, mejorar la conciencia sobre el problema, expandir la base de conocimiento e impulsar el diálogo global.
Pero los gobiernos deben mejorar la normativa, definir penas que sirvan para disuadir el delito, racionalizar las políticas fiscales, fortalecer el cumplimiento de las leyes y educar a los consumidores.
El asunto es de suma urgencia y los esfuerzos de los gobiernos contra el contrabando deben considerarse inversiones que beneficiarán el desarrollo económico y la seguridad global.
La Alianza Transnacional de Lucha contra el Comercio Ilegal responde a esos desafíos promoviendo el trabajo de privados con gobiernos y organizaciones intergubernamentales para asegurar que la experiencia del sector privado se integre de forma adecuada con las leyes y normas que gobernarán el comercio ilegal.
Nuestra participación específica en el sector petrolero deriva de la comprensión compartida de que una industria unida es necesaria para rastrear, denunciar y frenar el fraude en el sector, desde su extracción hasta su consumo.
La diversidad geográfica y la gran variedad de métodos para robar combustible y para defraudar requieren de un enfoque integral para mitigar el problema.
Todos los actores tienen interés en erradicar el comercio ilícito y todos se benefician de una acción colectiva.
