
El comercio tradicional suele acentuar las diferencias entre Norte y Sur, ya que las relaciones comerciales entre ambas partes no suelen caracterizarse por su estabilidad ni transparencia con los productores (provenientes en su mayoría de países en vías de desarrollo). En contraposición, el Comercio Justo (o Fair Trade) propone un modelo basado en una relación equitativa entre productores y comercializadores, teniendo en cuenta las circunstancias del grupo productor y su entorno.
El Comercio Justo (en adelante CJ) es una herramienta de cooperación. Ayuda a promover y vender los productos elaborados en poblaciones carentes de condiciones comerciales y laborales justas, contribuyendo a la erradicación de la pobreza. Su propósito es que los productores salgan del ciclo de dependencia y explotación económica que han mantenido con países desarrollados durante siglos. Esto se logra con la utilización de un sistema comercial alternativo que ofrece a los productores del Sur acceso directo a los mercados del Norte, garantizándoles un medio de vida sostenible.
El papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) ha sido fundamental para el desarrollo del CJ. En la Europa de los años sesenta, los problemas entre países desarrollados y países en desarrollo fueron recogidos por varios de estos colectivos que protestaban contra el comercio internacional, la injusticia y las desigualdades en la repartición de riqueza. Así surgen en Holanda las ¨tiendas solidarias¨, puntos de venta de productos provenientes del entonces llamado Tercer Mundo, cuya entrada en el mercado europeo era obstaculizada por aranceles y otras barreras a la importación. Esta iniciativa resultó exitosa ya que en solo dos años los Países Bajos poseían 120 tiendas y el movimiento se había extendido por varios países europeos. En la actualidad las ONGs brindan el apoyo, asesoramiento, formación y sensibilización necesarios para que productores, tiendas y consumidores conozcan los impactos que el CJ genera en la sociedad.
Conscientes de que existen herramientas comerciales que pueden emplear desde sus lugares de origen para mejorar su calidad de vida, los productores de los países en desarrollo se han ido organizando cada vez más y mejor. En América Latina por ejemplo, se han constituido cooperativas de artesanos, campesinos o mujeres que elaboran productos determinados (artesanías, alimentos, ropa, cerámica, bisutería, etc.). Son ellos el primer eslabón de una cadena de producción que respeta los derechos humanos, a la vez que posibilita la obtención de beneficios económicos.
Los productos de CJ deben tener el sello de garantía que les clasifica como productos de este tipo. Para que esta marca les sea concedida, tanto el producto como su proceso de elaboración deben cumplir una serie de criterios como: garantizar un salario digno al trabajador/productor, que no haya habido explotación infantil, que exista igualdad entre hombres y mujeres y que se respeten el medio ambiente y los derechos laborales de cada país. Aquellas organizaciones de CJ que hayan realizado un proceso de monitoreo para asegurar los puntos anteriores, obtendrán el derecho al uso de la marca. En nuestra zona geográfica tenemos la CLAC (Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de CJ), fundada en 1996 e integrada por representantes de pequeños productores de Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y la República Dominicana. Agrupa a 300 cooperativas de productores de CJ y cuenta con una afiliación de más de 100.000 familias de pequeños productores de 16 países de la región.
La efectividad del CJ no se pone en duda, y así lo demuestran todos los productores que en América Latina trabajan bajo los principios de lo que es ya un movimiento internacional. Así pues, el CJ se constituye como uno de los mecanismos más claros para conseguir que el comercio pueda convertirse en motor de desarrollo y lograr la redistribución progresiva de la riqueza a través de la vía comercial.
La autora es especialista en cooperación y desarrollo.