Cuba se apresta a reordenar el sector de la pesca, tras más de 20 años de contracción, mediante una nueva política nacional, cuyos alcances aún no son públicos, un proyecto de ley que se espera que se apruebe en diciembre y la implementación de las normas de un acuerdo internacional.
“El país está estableciendo compromisos nacionales e internacionales para la conservación y uso sostenible de los recursos acuáticos”, informó Raidel Borroto, director de Regulaciones Pesqueras y Ciencia en el Ministerio de la Industria Alimentaria.
Como parte de la reforma económica iniciada en 2008 por el gobierno de Raúl Castro, el sector pesquero, al igual que otros considerados claves para la seguridad alimentaria del país, revisa sus bases legales, reestructura su sistema institucional y empresarial, traza planes de crecimiento y busca inversiones extranjeras.
También se compromete a combatir los daños al ambiente de las capturas ilegales en su territorio y cooperar con otros países contra ese delito transnacional.
Se trata de fortalecer una actividad con poca capacidad de crecer en su mar territorial, por el agotamiento de sus reservas en las aguas del Caribe, sobreexplotadas en el pasado y poco productivas para la pesca industrial, por la mucha variedad de especies, en insuficientes cantidades para capturas intensivas.
Por esa razón se apuesta por el desarrollo de la acuicultura, donde la isla cubana está entre las 10 mejores de América Latina, con un pequeño aporte de los cultivos en el mar, en un país insular con una plataforma territorial de unos 50,000 kilómetros cuadrados.
En Cuba hay una demanda de pescado muy insatisfecha porque apenas se consumen 3.2 kilogramos anuales por persona ante la carencia de la oferta. Solo las generaciones adultas recuerdan cuando durante la década de los 80 en el país se consumían 16 kilogramos anuales de pescado y productos derivados.
Borroto reveló a IPS que las autoridades alimentarias aprobaron el 28 de febrero una política nacional de pesca, que no será divulgada al público ni implementada hasta la aprobación de una ley al respecto. Indicó que ya existe un anteproyecto, que está incluido en el calendario del parlamento para ser debatido en diciembre.
Cuando sea aprobada, Cuba contará por primera vez con una ley específica para la actividad pesquera, en manos estatales en su mayoría y con participación privada solo a escala de embarcaciones rústicas.
“Hoy contamos con un reglamento de pesca, que es un decreto ley (el 164, de 1996), por eso se aspira a un rango superior”, explicó el funcionario.
El también biólogo adelantó que la nueva política, entre muchos aspectos, propone “una reorganización del control y vigilancia” de la actividad, y observó “que se requieren más recursos humanos y materiales” en esa área “para poder acompañar el programa de desarrollo de la pesca”.
El ministerio del sector busca duplicar la producción acuícola, de 23.2 toneladas obtenidas en 2016 a 49,376 toneladas en 2030.
Las capturas marítimas mantendrán la cuota de 12,000 toneladas anuales de pescado y cifras no divulgadas de camarón (un crustáceo) y langosta. También se prevé una discreta alza de la maricultura, que actualmente aporta 5,000 toneladas anuales de camarones.
Un pueblo cercano a la costa sur de la provincia de Mayabeque, que colinda con La Habana, constituye uno de los mercados de vendedores ambulantes e ilegales de pescado. “A veces pasa alguien pregonando pescado, de mar casi siempre, pero muy poco”, contó la residente Paloma Ramos.
Cerca de la humilde vivienda de esta mujer, un transportista privado combina su trabajo con las pequeñas capturas que logra “a la pita” (pesca con cordel) en la costa suroccidental. “Todo lo que se atrape, incluso en las presas (embalses), se vende al momento”, aseguró el pescador ilegal bajo reserva de su nombre.
“Conozco muchas personas que viven de la pesca sin tener permiso. También conozco a pescadores particulares que tienen contratos con el Estado para pasar hasta siete días en alta mar y venderle las capturas, y otros pertenecen a cooperativas”, explicó al valorar el peso de esa actividad en la economía informal.
Por su forma alargada, el acceso a la costa está a la mano en la mayoría de los lugares y la tradición pesquera pervive en las más de 577 localidades costeras de este país de 11.2 millones de personas.
Las autoridades identifican a la pesca ilegal solo como un problema interno y realizado por personas naturales que usan pequeños medios artesanales.
Por ser una isla rodeada de aguas poco profundas y de importaciones centralizadas por el Estado, la última infracción en ese sentido de una embarcación pesquera extranjera data de hace más de 20 años.
No obstante, Cuba empieza a implementar el “Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, un tratado vinculante promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Después de años de negociaciones, el acuerdo contra la pesca ilegal se aprobó en 2009 y entró en vigor el 5 de junio de 2016, con el objetivo de articular la cooperación internacional y reconocer las facultades de los puertos de revisar los barcos con bandera extranjera bajo sospecha de pesca ilegal.
El tratado cuenta actualmente con 46 Estados parte, incluida la Unión Europea, que se reunieron por primera vez entre el lunes 29 de mayo y este jueves 1 de junio en la capital de Noruega, para definir responsabilidades, identificar mecanismos efectivos de información portuaria y necesidades técnicas y financieras de los países del Sur en desarrollo.
Por detrás de Dominica y Guyana, Cuba ha sido el tercer país de América Latina y el Caribe en comenzar a diseñar una estrategia y plan de acción nacional para implementar el acuerdo, con un taller celebrado en La Habana entre el 22 y el 26 de mayo, en que participaron representantes de las instituciones locales involucradas, con el acompañamiento de FAO.
“Intercambiamos sobre la legislación existente, la institucionalidad, experiencias de otros países y los desafíos”, indicó a IPS la chilena Manuela Cuvi, oficial jurídica de FAO para América Latina y una de las facilitadoras del taller, donde participaron 30 personas de la rama de la pesca, alimentaria, ambiente, aduana, policía, transporte y salud.
“De esta manera, se dejaron insumos e ideas para que el gobierno tenga en consideración y elabore una estrategia nacional”, apuntó la abogada.
“Los países tienen que cooperar”, explicó la experta. “Existe usualmente legislación que se hace cargo de lo que sucede en el territorio de un Estado, pero el acuerdo permitiría combatir la pesca en alta mar a través de las facultades de los Estados rectores sobre los buques extranjeros que soliciten descargar o usar su puerto”, detalló.
Aunque en el caso de Cuba el acuerdo tendrá un efecto en su mayoría preventivo, funcionarios reconocen que su aplicación permitirá identificar brechas contra un delito inusual y fortalecer las bases legales de la actividad, la participación en la cooperación internacional y las estructuras de vigilancia y control nacionales.
La pesca ilegal amenaza los ecosistemas marinos del planeta, con un flujo anual estimado entre 11 y 26 millones de toneladas, cuya venta aporta entre $10,000 y $23,000 millones.
