“No tenemos acceso a las áreas marinas, porque la mayor parte son zonas protegidas o están en manos privadas. Los pueblos indígenas hemos ido perdiendo acceso a los territorios, en la medida en que esa decisión se volvió privilegio del Estado”, denunció el costarricense Donald Rojas.
La queja del presidente de la no gubernamental Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, miembro del pueblo brunka, obedece a la prohibición para su pueblo y el de los huetar de ingresar a cinco de sus territorios ancestrales, tras ser declarados áreas naturales terrestres y marinas protegidas.
“Eso limita el acceso y el manejo de los recursos”, mencionó Rojas, cuyo pueblo es uno de los ocho originarios en esa nación centroamericana de 4.8 millones de habitantes, donde hay unos 104,000 indígenas que ocupan una superficie de 3,500 kilómetros cuadrados.
Rojas es uno de los dirigentes indígenas latinoamericanos que participan en esta ciudad balnearia del sureste de México en diferentes encuentros y foros de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, que congrega entre los días 2 y 17 de diciembre a cerca de 6,500 delegados de gobiernos, de organismos internacionales, académicos y representantes de la sociedad civil.
Los indígenas solían practicar la pesca, la navegación y el abastecimiento de alimentos en esas áreas situadas en las proximidades de los océanos Pacífico y Atlántico y parte de la zona económica exclusiva (ZEE) o mar patrimonial.
El conflicto refleja como los Estados acentúan la tendencia a explotar sus ZEE, aunque al mismo tiempo estén obligados a incrementar las áreas marinas protegidas y sanear los océanos, en una contradicción que suele generar fricciones y donde las comunidades locales son frecuentes víctimas.
Tal colisión quedó en evidencia durante la cumbre mundial sobre biodiversidad en Cancún, a unos 1,200 kilómetros al sureste de Ciudad de México.
La cita cimera acoge a la 13 Conferencias de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), conocida como la COP13, además de otros encuentros intergubernamentales y foros vinculados a la preservación de la riqueza natural del planeta.
Las aguas costeras y las plataformas continentales son explotadas cada vez más para propósitos pesqueros, agrícolas, industriales o turísticos, al albergar recursos naturales aprovechados para un beneficio económico.
En las ZEE, que engloba la franja de 200 millas náuticas (340 kilómetros) más próxima a la costa, se practica la pesca, la navegación, la extracción de materiales pétreos y el dragado de puertos son actividades tradicionales que ahora se extienden a perforaciones en aguas ultraprofundas, minería submarina y la obtención de minerales provenientes de módulos polimetálicos.
En total, las áreas marinas protegidas abarcan casi 15 millones de kilómetros cuadrados o 4.12% de los océanos del mundo, lo que está muy por lejos de la meta de 10%, aunque el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) resaltó en Cancún los incrementos logrados los últimos años.
La protección de aguas patrimoniales o territoriales, aquellas bajo jurisdicción nacional, sí alcanzan ya a 10%, según el “Informe Planeta Protegido 2016”, elaborado por el PNUMA y otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
Empero, solo 0.25% de áreas más allá de esa jurisdicción nacional en los mares está cubierto por áreas marinas protegidas, lo que evidencia una brecha significativa en los esfuerzos de conservación y resalta la necesidad urgente de hallar vías para superar los retos de crear tales zonas.
El objetivo 11 de las Metas de Aichi, como se conocen los 20 puntos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, adoptado en 2010 por los Estados parte del CDB, establece que para 2020 las áreas para la conservación sean administradas de manera eficaz y equitativa.
También fija que para ese año deberán cubrir al menos 17% de las zonas terrestres del mundo y 10% de las zonas marinas, con énfasis en aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas.
Además, el 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que la comunidad internacional se planteó para cumplir en 2030 dentro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se propone “conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”.
Hay 14 metas del ODS que abarcan la salud marina, el aprovechamiento sostenible de los recursos y la protección ecológica.
“Es un gran reto. Se puede adoptar dos enfoques. Uno se basa en la planeación territorial marina y el manejo, y en el otro, se seleccionan los sectores económicos y se aplican vedas”, señaló Christian Neumann, gerente de proyecto del Programa Marino del no gubernamental GRID-Arendal.
“El problema general es el sobreuso, es muy difícil colocarlos [los dos enfoques] en equilibrio. Hay un creciente entendimiento de que para tener desarrollo sostenible se necesita un océano sano”, añadió a IPS el directivo del centro que colabora con el PNUMA y con sede en Noruega.
Varias obras dan cuenta de la contradicción entre la explotación de las ZEE y la preservación ecológica y los derechos de los pobladores costeros.
Un ejemplo cercano a Cancún es el de la ampliación del Puerto de Veracruz, en el sureste mexicano, a pesar de que el proyecto representa una amenaza para el Sistema Arrecifal Veracruzano, que abarca al menos 23 arrecifes y en el cual conviven ecosistemas de coral, lechos marinos submareales, aguas marinas someras, playas de arena y manglares.
Además, el Estado mexicano declaro ese sitio parque marino nacional en 1992.
El proyecto, presentado como la mayor inversión portuaria en el país en 100 años, incluye la construcción de dos rompeolas de 7,740 metros de largo, una dársena de 800 metros de diámetro, nueve tipos de terminales de muelles, sobre una superficie de unos nueve kilómetros cuadrados.
En Honduras, los indígenas misquitos están a la expectativa del futuro de la exploración petrolera iniciada en 2014 en el departamento de Gracias a Dios, frente a sus costas del Caribe.
“Es una zona de pesca, entonces hay un impacto sobre la actividad y los recursos pesqueros. Necesitamos saber qué pasa con esos trabajos”, declaró a IPS durante la cumbre Yuam Pravia, representante de la no gubernamental Unidad de la Miskitia-Moskitia Asla Takanka de Honduras.
En 2014, la británica BG Group comenzó la exploración marina en un área de 35,000 kilómetros cuadrados, concedidos por el gobierno hondureño.
En un intento por salvaguardar sus derechos, los indígenas misquitos elaboraron una serie de estándares para permitir esos trabajos. Pero, ante su incumplimiento, los misquitos y garífunas perjudicados estudian retirar su autorización.
En Costa Rica inició un diálogo entre el gobierno y los pueblos ancestrales para resolver el acceso territorial. “Se está perdiendo una base fundamental de la propia identidad indígena. Como el gobierno desconoce eso, se violenta todo un sistema biológico y cultural”, sostuvo el brunka Rojas.
Para Neumann, la energía, la minería y los desechos se convierten en desafíos serios. “Necesitamos considerar esos temas. Pero también tenemos la necesidad económica. Es difícil pensar en alternativas para millones de pescadores”, señaló.
A juicio de la misquita Pravia, los gobiernos deberían proteger los derechos de las comunidades. “Solo extienden los permisos, sin considerar los efectos. Falta información”, puntualizó.
