El grito de la consigna “pan y rosas” que miles de obreras de las fábricas textiles de Nueva York manifestaron en muchas protestas, a finales del siglo XIX y principios del XX, fue tan contundente y alto que, aún con el pasar de los siglos, se celebra mundialmente cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer.
Tiempos de “pan y rosas”: lucha por la igualdad de género en el ámbito obrero
Varios son los acontecimientos históricos que han sido catalogados como antecedentes para la determinación de conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Un primer suceso se remonta al 1857 cuando centenares de trabajadoras estadounidenses de la industria textil resultaron heridas debido al enfrentamiento intencional que unos policías les hicieron, tras estas marchar en repudio de sus condiciones laborales. El grito “pan y rosas” que resonaba en esta marcha sintetizó las demandas por aumento de salarios y por mejores condiciones de vida, y marcó un periodo inicial del despertar femenino.
También, en 1908 en la fábrica Cotton Textile Factory de Nueva York la muerte abrazó a 129 obreras que habían ocupado su lugar de trabajo reclamando los mismos derechos. Trágicamente, un fuego iniciado tras la orden del dueño de la fábrica, quien repudiaba la acción de las mujeres, acaparó el lugar y consumió a las obreras.
Otra versión apunta a la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas celebrada en 1910 en Dinamarca. Allí, la obrera, socialista y líder sindical Clara Zetkin, sugirió instituir el 8 de marzo como un día para que las mujeres reclamen sus derechos políticos, civiles y económicos.
En 1910, la sindicalista Clara Zetkin sugirió que se instituyera el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. (acelebrationofwomen.org)
Lucha de las mujeres: adelantos para la segunda mitad del siglo XX
Para esta fecha, el Día de Internacional de la Mujer fue perdiendo su carácter obrero y pasó a ser una jornada de lucha en la que se reclamaban los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Luego de muchos años de lucha y del apogeo de los movimientos feministas y socialistas, en 1948 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según se establece en la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres de 2001, esta Declaración “afirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar los mismos sin distinción alguna y, por lo tanto, sin distinción de sexo”.
Además, en 1979, y en aras de eliminar la visión internacional que se tenía de las mujeres, la ONU convocó a todos los países integrantes y aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Este texto fue “…el primer instrumento legal que definió la discriminación contra la mujer, como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, en relación con los derechos humanos y las libertades en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera”.
Al unísono con los esfuerzos de la ONU, las mujeres se iban incorporando, más en las sociedades occidentales, al trabajo remunerado fuera del hogar, en los procesos eleccionarios, e iban teniendo acceso a la educación y a la cultura.
¿Y en Puerto Rico?
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estableció, amparada en la Declaración de la ONU, la sección 1 de su Carta de Derechos que promulga: "No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana".
En 1995, Puerto Rico tuvo participación en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, y en esa reunión, se analizaron las diferentes leyes que se habían aprobado hasta el momento para atender las muchas formas de discriminación y violencia contra las féminas. Algunas de esas leyes castigan el hostigamiento sexual en el empleo y en las instituciones de enseñanza, velan por el derecho a vacaciones pagadas por maternidad, defienden la lactancia en lugares públicos, sancionan el acecho, entre otras cosas. Los casos de violencia doméstica los cobija la Ley núm. 54 del 15 de agosto del 1989, y aunque estos casos son muy frecuentes en Puerto Rico, son lo menos que se denuncian a las autoridades, según la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
La Ley núm. 20 del 11 de abril de 2001 resultó en el establecimiento de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, agencia gubernamental cuyo fin es trabajar los casos de desigualdad de género y de violencia a la mujer, implementando las leyes vigentes para la protección de este sector de la población.
Estadísticas recientes sobre los casos de violencia doméstica en Puerto Rico
Las estadísticas más recientes sobre incidentes de violencia doméstica por área, según el informe del 1 de enero de 2012 al 30 de septiembre de 2012 de la Policía de Puerto Rico, demuestran que hubo un total de 10, 221 casos reportados. Las área donde más incidentes se registraron fueron: Bayamón (1,788), Arecibo (1,226), Caguas (1,106) y San Juan (943).
Por otro lado, las féminas víctimas de violencia doméstica, registradas durante ese mismo periodo del 2012, fueron 8, 475. Las mujeres entre las edades de 20 a 39 años de edad fueron las más afectadas, según la Policía.
Estado actual de la lucha de género: inclusión de las mujeres de la comunidad LGBT
De la misma manera que la sociedad puertorriqueña ha evolucionado y ahora, hablar de la comunidad no heterosexual no resulta un tabú, sino que el apoyo de muchos grupos cívicos ha aumentado, la lucha por la equidad de género ha manifestado una transformación. En un principio, la lucha se enfocaba en la denuncia del discrimen en el ámbito laboral, luego se legisló por la igualdad de las mujeres en todos los aspectos de la vida en sociedad y desde hace unos años, las mujeres de la comunidad LGBT están reclamando su inclusión en esta lucha.
El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) se originó en enero de 2013 para respaldar el Proyecto de la Cámara 488 que pretende enmendar la Ley 54 para garantizar su amparo a toda persona, independientemente de su orientación sexual, y el Proyecto del Senado 238 para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en cualquier gestión gubernamental, pública o privada. El CABE estableció en un comunicado de prensa que “el 8 de marzo es una fecha de luchas, de hacer balances entre los logros y retos pendientes, y de reafirmar nuestro compromiso con un mundo de respeto a la diversidad y a los derechos humanos de toda mujer”.
Por su parte, una de las portavoces del CABE, la licienciada Amárilis Pagán- Jiménez, indicó en entrevista telefónica, que a pesar de los muchos años de lucha por la equidad de género, no es hasta la década del 2000 que empiezan a visibilizarse los reclamos de igualdad de la comunidad LGTB. Según Pagán- Jiménez, estamos atravesando un momento histórico y los grupos religiosos, porque piensan que no van a poder detener lo que se ha gestado, están contradiciendo y tratando de acallar todo intento de reivindicación de este creciente sector de la población.
Pagán-Jiménez puntualizó que para mermar la cifra de mujeres no heterosexuales que sufren de violencia doméstica (como estos casos no constituyen violación a la Ley 54, no pueden ser contabilizados) se necesita la intervención de tres sectores. Primeramente, el gobierno de turno debe enmendar la Ley 54, evitar el lenguaje sexista, establecer proyectos de concientización e implantar políticas de equidad de género. Además, debe cumplir con la promesa de campaña de reestructurar los currículos de las escuelas para que, desde grados primarios, se impartan clases de equidad de género. También, se necesita la colaboración de las organizaciones sin fines de lucro que han surgido en solidaridad con esta causa, y la ayuda de ciudadanos capacitados para denunciar cualquier caso de violencia doméstica que ocurra en su comunidad.
