El dilema de la videolotería: un juego entre intereses y consecuencias

Pronto se cumplirán diez años desde que compañías extranjeras se embarcaron en la misión de establecer sus negocios de videolotería en Puerto Rico y no lo han logrado. Estos intentos han sido a través de negociaciones con miembros de la Legislatura, el secretario del Departamento de Hacienda y otros funcionarios públicos.

Hablamos de Gtech, Scientific Games y, sobre todo, de Caribbean Cage. Esta última compañía fue fundada en el 2004 con la particular intención de establecer la videolotería en países de Suramérica y del Caribe. Al sol de hoy, esta firma tiene terminales de videolotería operando en Barbados, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, y en la República Dominicana. En estos países han logrado establecerse porque convencieron a sus respectivos gobiernos de que la videolotería es una herramienta favorable para el recaudo de fondos públicos y el mejoramiento de la economía.

Ahora bien, ¿qué tan favorable podría ser la videolotería para la economía puertorriqueña?

Antes que todo expliquemos cómo funciona el negocio. La videolotería es un concepto de juego de azar. Se juega a través de máquinas tragamonedas en las que las personas apuestan y, si tienen suerte, ganan dinero. En las máquinas de videolotería se puede jugar a la ruleta, bingo, póker, raspa y gana, y hasta dominó. Cada uno de estos aparatos estará conectado a través de la Internet a una base central de la compañía desde donde se pueden custodiar las jugadas.

Si se establecieran en Puerto Rico, no se sabe con certeza cómo se dividiría el dinero que generarían estas máquinas. En entrevista con Diálogo, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, explicó  que se podría esperar que solo entre un 25% y un 35% del dinero generado por la videolotería sea destinado al fondo público de Puerto Rico. El resto se distribuiría entre el comerciante del local donde esté la máquina, la compañía operadora y los premios otorgados.

En el estado de Delaware, por ejemplo, el dinero generado a partir de la videolotería se distribuye de la siguiente forma: un 7% para los establecimientos que tienen máquinas de videolotería (gasolineras, panaderías, etc.); un 10% en premios para los suertudos que ganen en los juegos; un 43% para el fondo general del estado; y por último un 40% va destinado a la compañía operadora o la dueña del sistema de juego.

Esto implicaría queCaribbean Cage y Scientific Games podrían lograr ganancias de un 50% de lo que generen las máquinas de videolotería en Puerto Rico, por lo que dichas compañías foráneas cargarían con cerca de $140 millones.

Precisamente por esta razón Pablo Javier Rivera Corraliza, presidente de EMPRECOM, empresa puertorriqueña que opera máquinas recreacionales para adultos, está en contra de la implantación de la videolotería. Según Rivera Corraliza, este sistema beneficia a las compañías extranjeras, pero no a la sociedad puertorriqueña.

Miles de tragamonedas en Puerto Rico

Hasta el momento se desconoce cuántas máquinas tragamonedas operan en Puerto Rico de manera ilegal. Hay fuentes que apuntan que el número podría ascender las 60,000 mientras que otras sostienen que podrían sobrepasar las 100,000 máquinas.

Según dicta la ley, ninguna de las tragamonedas que están en Puerto Rico pueden pagar premios, salvo aquellas que se encuentran ubicadas en los casinos de la Isla. Además, según la ley 77 del 2014, las máquinas tragamonedas solo pueden funcionar estando dentro de bares y otro tipo de lugares donde los menores de edad no puedan entrar. Es decir que cualquier tragamoneda que se encuentre en una panadería, gasolinera o cafetería, opera de forma ilegal.

Aquellas máquinas que funcionan legalmente, han aportado más de $300 millones al fisco por concepto de marbetes y permisos. Y aquellas que no están legales, aunque no aportan al fisco, sí son una fuente de ingreso para pequeños comerciantes puertorriqueños, quienes usan estos fondos para mantener en pie sus negocios.

Un pequeño comerciante de Santurce, que prefirió mantenerse en el anonimato, le comentó a Diálogo que en su local había una máquina tragamoneda que generaba cerca de $2,000 mensuales. Este ingreso le servía para pagar la nómina de sus empleados. Hace poco la máquina fue retirada debido a que intervinieron las autoridades. El comerciante nos contó que ahora el presupuesto de su establecimiento tambalea un poco.

Posible efecto en el turismo y en la UPR

De implementarse la videolotería en Puerto Rico, se habla de la introducción de más de 30,000 máquinas de tragamonedas, aunque aun no existe certeza de este número. En el 2009, Caribbean Cage y Scientific Games le propusieron al Departamento de Hacienda el establecimiento de 25,000 máquinas.

La videolotería representaría una competencia para los casinos de Puerto Rico y su efecto podría repercutir en una disminución de la clientela de estos centros de juego que, al sol de hoy, ya está debilitada. Por esta razón, la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA) se ha expresado en contra de la videolotería advirtiendo que esta podría destruir el ya reducido mercado de los casinos de Puerto Rico.

Es importante destacar que el 80% del presupuesto de la Compañía de Turismo proviene de lo que generan las tragamonedas que se encuentran en los casinos. Según datos de Hacienda, en el 2014 las tragamonedas de los casinos generaron $70.5 millones, de los cuales Turismo –la única agencia pública que no recibe dinero del gobierno—recibió $18 millones. Por su parte, la Universidad de Puerto Rico recibió $32 millones, ya que parte de los ingresos que generan los casinos va destinado al presupuesto de la institución.

Miguel Vega, presidente de la PRHTA, expresó que implementar la videolotería en Puerto Rico sería como “dispararle a los pies de uno”. Aseguró que la industria turística de Puerto Rico no cuenta con la solidez económica como para poder enfrentar una reducción financiera a causa de perder clientela en los casinos.

En entrevista con Diálogo, Vega advirtió que perjudicar a los casinos significaría la destrucción del turismo en la Isla, lo que a su vez redundaría en la eliminación de miles de empleos, afectando negativamente a los taxistas, a los restaurantes y disminuyendo las inyecciones de capital provenientes de lo que los turistas gastan aquí.

Miguel Vega, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico aseguró que de establecerse la videolotería el turismo en la Isla quedaría colgando de un hilo.

Actualmente en Puerto Rico hay 22 casinos que en conjunto generan 7,000 empleos más 100 plazas laborales de inspectores de juegos de azar del gobierno.

Aquellos que favorecen la videolotería, como el secretario de Hacienda, aseguran que el público que va a jugar al casino no es el mismo que jugaría en las tragamonedas de la videolotería. Por ende, la implantación de la videolotería no necesariamente significaría que los casinos de Puerto Rico se verían afectados.

Sin embargo, Miguel Vega sostuvo que cada vez que se han hecho redadas y se han sacado de servicio máquinas tragamonedas, el ingreso en los casinos ha aumentado. Vega, también citó un estudio realizado por el grupo Spectrum el cual advierte que si se llegase a introducir 30,000 máquinas de videolotería en Puerto Rico, la industria turística quedaría destruida.

A diferencia de las máquinas de la videolotería de las cuales se espera que aporten no más del 35% de las ganancias al erario, las máquinas de los casinos aportan al fondo público el 52% de lo que generan.

A favor del nuevo juego

Hacienda está a favor de la videolotería. El pasado 4 de mayo, la oficina del secretario sometió en la Legislatura un reglamento que apruba y pone en vigencia el conflictivo concepto de juego de azar.

En entrevista con este diario, Zaragoza aseguró que la videolotería sería una ayuda para el pueblo de cara a la actual crisis fiscal que enfrenta el País. Según sus cálculos, se espera que la videolotería recaude $100,000 para el fisco de la Isla.

Por su parte, el senador José Nadal Power, aunque  mencionó no tener ninguna posición en cuanto a la videolotería, mencionó que las tragamonedas ilegales no rinden cuentas al gobierno de Puerto Rico ni pagan contribuciones sobre los ingresos, por lo que sustituirlas por un sistema regulado como el de la videolotería sería beneficioso, ya que lograría el recaudo de millones de dólares para el fisco de Puerto Rico. Nadal Power, manifestó que la videolotería podría ser una buena alternativa dado a que “es irreal manifestar que se pueden erradicar las máquinas [ilegales]”.

Sin embargo, el senador se contradijo cuando dijo que de legalizar la videolotería las máquinas nuevas deberían sustituir a las ya existentes. Para Nadal Power, no sería viable añadir mas máquinas, sino sustituir las existentes.

Sobre este particular, el secretario mencionó que eliminar las máquinas ilegales es cuesta arriba debido a que a simple vista es difícil poder identificar las tragamonedas ilegales versus las legales, más cuando son decenas de miles de máquinas ilícitas que están ubicadas por toda la Isla. Por otro lado, indicó que de concretarse la videolotería, esta ayudaría a eliminar las tragamonedas ilegales.

¿Cómo podrían ser eliminadas las tragamonedas ilegales si a simple vista no se pueden identificar? –preguntó Diálogo.

“Porque [las personas] van a preferir una máquina que sea legal donde siempre que ganen le van a pagar el premio”, respondió.

El argumento de Zaragoza es que las máquinas ilegales perderán clientela, ya que no existe una garantía de que los ganadores obtendrán su premio, por lo que las personas preferirán jugar en las tragamonedas legales de la videolotería.

Sin embargo, el doctor Javier Toro, coordinador del programa de ayuda a jugadores compulsivos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), explicó a Diálogo que los estudios sostienen que las personas adictas a los juegos de azar tienden a centrarse en los mismos juegos que ya conocen.

Teniendo presente la incógnita de si la videolotería realmente lograría erradicar las tragamonedas ilegales, Diálogo le preguntó a Zaragoza si existía alguna medida que pudiera garantizar que con el establecimiento de la videolotería se erradicarían las máquinas ilegales. Ante la pregunta, el secretario de Hacienda respondió que no había ninguna garantía.

En resumidas cuentas, el escenario de que se establezca la videolotería en Puerto Rico es posible y que hasta coexistan con aquellas que operan ilegales. Queda claro que la videolotería no podrá erradicar las tragamonedas ilegales, tal y como se sostiene en las argumentación a favor del juego de azar por vídeo.

Juan C. Zaragoza, secretario del Departamento de Hacienda sostuvo que aunque no hay garantía de que con la videoloter’ia se erradiquen las tragamonedas que hay ilegales, las personas van a preferir utilizar las legales, ya que podrán reclamar sus premios legalmente. (Suministrada)

Alegan que es más adictiva

Estudios han demostrado que los juegos de la videolotería son altamente adictivos. La doctora Gabriela Rodríguez de ASSMCA explicó que este tipo de juegos, al ser más rápido que otros, tiende a ser más adictivo. Añadió que de todos los pacientes que atiende en el programa de ayuda a jugadores compulsivos, el 60% son adictos a los juegos de las tragamonedas.

El grupo contra las adicciones Choose Help sostiene que a la videolotería se le conoce como el crack de las apuestas, por su alta tendencia de desarrollar adicción en el jugador.

Una década de intentos fallidos

No han bastado los ‘No’ que ha recibido la videolotería en Puerto Rico por años. Los interesados continúan con su intento, cada año con una estrategia diferente.

En el 2007, vino disfrazada de solidaridad bajo el proyecto de la Cámara de Representantes que quería crear la Ley de la Lotería por una Buena Causa. Entre otras cosas, este proyecto buscaba hacer enmiendas a la Ley número 10, ley de la lotería adicional, es decir de la lotería electrónica. La enmienda que se proponía, buscaba añadir la definición de vídeo-terminales. El proyecto fue derrotado en la Cámara.

Dos años más tarde, en el 2009, Scientific Games y Caribbean Cage intentaron establecer la videolotería a través del entonces secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig. Ante la iniciativa respaldada por el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia expresó que Hacienda no estaba facultado para establecer la videolotería, eso era un asunto que debía ser aprobado por la Legislatura puertorriqueña ya que iba en contra de la Ley 10, que establece que el secretario de Hacienda solo puede hacer enmiendas al reglamento de la lotería adicional siempre y cuando se trate de juegos de selección de dígitos por sorteo público. La videolotería no cumple con estos criterios, por ende no puede ser implantado por Hacienda sin la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Durante este intento, el Senado rechazó la videolotería mediante una resolución en la que expresó que podría tener un impacto nocivo en la sociedad puertorriqueña dado su alto nivel de adicción y a que este tipo de juegos “afectan particularmente a los sectores más desventajados económicamente de la sociedad”.

Sin embargo, tan pronto como en el 2010, volvió el intento por establecer la videolotería. Esta vez con un proyecto del Senado que buscaba crear una ley para regular la videolotería en Puerto Rico. El proyecto fracasó y fue retirado por el entonces gobernador Luis Fortuño.

Tres años más tarde se volvió a intentar. Otra vez el intento falló.

Tras la negación de la Legislatura por aprobar la videolotería, el año pasado, el senador Nadal Power intentó otorgarle la facultad de aprobar juegos de azar al secretario de Hacienda, para que de esta forma la videolotería pudiera ser implantada sin requerir legislación.

En el 2014, el senador José Nadal Power presentó enmiendas al proyecto de la Cámara 1919 a través de las cuales se buscaba establecer andamiaje para el establecimiento de la videolotería. (suministrada)

Este proyecto de la Cámara, el número 1919, leía: “La  facultad de autorizar o prohibir la operación de las maquinas o videolotería será del Departamento de Hacienda. Incluyendo cualquier asunto que no esté expresamente reglamentado en esta ley incluyendo pero sin limitarse a determinar y limitar el tipo de establecimiento autorizado para la operación de las máquinas y sobre la ubicación de las mismas”.

Este intentó no logró su cometido y el proyecto fue derrotado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Este año, el ingenio fue otro. El pasado 4 de mayo de 2015, se sometió ante la aprobación de la Legislatura un nuevo reglamento para la lotería adicional enmendado, para establecer el andamiaje reglamentario necesario para el establecimiento de la videolotería. Sobre ese reglamento, la Legislatura tiene un plazo de 60 días, a partir de la fecha en que se recibió, para actuar sobre el mismo. Si el cuerpo bicameral no se expresa dentro de ese periodo, el reglamento quedaría aprobado automáticamente.

Miguel Vega, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo, expresó que Hacienda esperó hasta ahora para someter las enmiendas para que de esta forma tomar ventaja de que los legisladores están ocupados cuadrando el presupuesto del próximo año fiscal.

La presente sesión legislativa cierra hoy, jueves, 25 de junio. La Cámara ya se expresó en contra del proyecto, y el Senado aún no ha discutido el asunto.

De todos modos, de aprobarse el reglamento, Vega aseguró que al día siguiente irían a los tribunales dado que la videolotería no puede ser establecida por Hacienda, según dispone la Ley número 10.

La videolotería es un tema conflictivo. Por un lado, recauda dinero para el fondo general del País, mientras que por otro podría destruir a la industria turística de Puerto Rico y abrir paso al escape de más de $100 millones de la economía local.

Por el momento, resta esperar y ver cuáles son los números que saque la ruleta y ver si la videolotería será beneficiosa para la economía puertorriqueña o si serán otros los que se llevarán el jackpot.

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SOBRE EL AUTOR

Juan Carlos Castillo

Periodista. Estudió periodismo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y actualmente está encaminado a continuar estudios graduados en periodismo investigativo y estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York (NYU). Su mayor interés está en reportar historias de interés humano, en especial aquellas relacionadas a los grupos minoritarios.