Por Armando Candelaria Nieves
En las últimas semanas, a raíz de los varios escándalos que han afectado al Departamento de Transportación y Obras Públicas, su secretario, Miguel Torres, nuevamente se encuentra en el centro de la controversia, por lo que muchos cuestionan su capacidad para dirigir dicha agencia y exigen su pronta renuncia.
Dentro de este clima de incertidumbre, tanto el secretario Torres como el gobernador Alejandro García Padilla, se mantienen firmes en que el primero permanecerá en su cargo por el futuro cercano. Al final del día, son las instituciones de gobierno y la sociedad puertorriqueña las que se afectan por esta situación que no deja de repetirse.
En 1887, Woodrow Wilson, vigésimo octavo presidente de los Estados Unidos y considerado por muchos como “el padre de la administración pública estadounidense”, presentó su ensayo “El estudio de la administración” (The Study of Administration). En este ensayo, expone cual debe ser el rol de la administración pública dentro de una sociedad democrática.
En este artículo Wilson, académico de profesión, favorece el estudio de la administración pública como una rama separada de la ciencia política, y no como un componente de esta. “El campo de la administración es un campo de los negocios. Se retira de la prisa y las luchas de la política”. Con estas palabras, Wilson estableció lo que hoy se conoce como la teoría de la dicotomía estricta entre la política y la administración.
Con esta proposición, lo que se persigue es salvaguardar el quehacer gubernamental (la administración pública) de la intromisión indebida de la política partidista.
Ciertamente, es casi imposible poder separar completamente a la administración pública de la política, puesto que es a nivel de esta última en donde usualmente se establecen los parámetros de la política pública que los administradores deben ejecutar mediante los mecanismos o procedimientos pertinentes. Separarlas por completo sería contraproducente para cualquier sociedad democrática, ya que podría atentar contra el rendimiento de cuentas por parte de los administradores al no permitir que los funcionarios electos se involucren en el proceso de la administración de gobierno.
Sin embargo, en dónde la teoría de Wilson sí amerita una aplicación lo más juiciosa posible es en lo concerniente al servicio civil y la protección de este frente a la política partidista.
El servicio civil, al igual que su contraparte militar en muchos países, debe ser visto como un gran honor para toda aquella persona que forma parte de este. La responsabilidad mayor no debe ser ante un partido o líder político en particular, pero sí ante el pueblo y las leyes de la sociedad a la que le sirven. La intromisión de la política partidista atenta adversamente contra esto.
A finales del siglo XIX, en los Estados Unidos se reemplazó el llamado sistema de despojos (spoils system) con el sistema de mérito en el proceso de selección para el servicio público.
El primero se caracteriza en el otorgamiento de empleos gubernamentales a partidarios, familiares o amistades vinculadas a un partido político, en específico como recompensa por su contribución en asegurar la victoria del partido.
En el sistema de mérito, al contrario, se escogen a los empleados del servicio civil mediante su habilidad para llevar a cabo un trabajo. Mediante la aplicación de exámenes y otros mecanismos, se selecciona a las personas más capacitadas, sin tomar en consideración su afiliación política. Con un robusto servicio civil basado en el mérito se puede, en teoría, llevar a un buen funcionamiento del gobierno y la continuación de programas sin importar quién esté en el poder.
En Puerto Rico, contamos con un servicio civil que ha sido corrompido por la política partidista, en donde el sistema de mérito constantemente encuentra dificultades para mantenerse como el principio rector en el servicio público. En nuestro País, la expresión “no es lo que sabes sino a quién conoces” se ha convertido en una penosa realidad para aquellas personas que no pueden comprender la incredulidad de un oficial de recursos humanos de una agencia gubernamental, al toparse con su resume y ver que no cuenta con las “debidas” referencias de alguien en el Gobierno que amerite el puesto.
No obstante, si los que desean servir a su país con integridad imitaran a los “oportunistas” del corrompido sistema y aceptasen que la lealtad partidista, el amiguismo, el nepotismo, el favoritismo, entre otras, pesan más que cualquier otra cualidad profesional que pueden aportar, sus oportunidades de ingresar al servicio civil aumentan.
Interesantemente, no es requisito identificarse abiertamente con un partido para obtener un empleo gubernamental, puesto que existe otro tipo de “oportunismo” que ve al servicio público como trampolín para insertarse en el mundo de la política partidista sutilmente y alcanzar posiciones de alto poder. Hay una diferencia entre la persona que decide ser político temprano en la vida, dictando sus acciones con este fin, y la persona que desde la periferia, y aprovechando otros mecanismos, se va insertando en la política discretamente mientras aguarda por el momento oportuno para dar el salto.
Aquellos que provenimos del sistema de la Universidad de Puerto Rico nos hemos dado cuenta de esto último, al observar las acciones de compañeros que utilizan sus posiciones en organizaciones estudiantiles o en el llamado “gobierno estudiantil” como plataforma para ingresar en la política sin necesariamente estar vinculados a un partido.
Estos son los estudiantes que prolongan su carrera universitaria, acaparando estas posiciones y títulos en el transcurso, entendiendo que dicha experiencia será beneficiosa en el mundo real de la política. Estos son los estudiantes, que muy seguros de sí mismos, se cantan los próximos gobernadores, alcaldes, legisladores, secretarios o directores de agencia, siendo los últimos los que causan mayor preocupación para el servicio civil.
Porque si bien esto no deja de ser “oportunismo”, la persona que pretende convertirse en gobernador o legislador sabe que primero tiene que pasar el cedazo del pueblo para ocupar cualquier cargo electivo. Los que pretenden ser secretarios o directores, puestos considerados de confianza, saben que son otras las consideraciones que pesan para ser nombrados a posiciones para las que tal vez no cuentan con la experiencia pertinente.
Porque al final del día estas personas, sin importar su preparación académica y conocimiento, son nombradas a dirigir burocracias gubernamentales que no conocen de antemano. Estudios realizados por el Center for the Study of Democratic Institutions de la Universidad de Vanderbilt han demostrado que los ejecutivos de carrera, los profesionales del servicio civil, tienden a demostrar mayor rendimiento en la administración de programas gubernamentales.
Este es el precio de la intromisión indebida de la política partidista en el servicio civil, en donde la eficiencia, la efectividad y la eficacia pasan a un segundo plano y la sociedad se ve a merced de otros intereses.
A nuestro servicio civil le urge una reforma que reestructure el sistema por completo, que nuevamente coloque al mérito como la guía principal al momento de seleccionar a los servidores públicos. No debe existir espacio para los oportunistas, que ven esto cómo sueldo fácil o su ocasión para saltar al estrellato político.
De continuar con esta adversa tendencia, seguiremos viendo cómo personas no calificadas para administrar seguirán asumiendo las riendas del gobierno, dentro de un status quo que no encuentran necesario cambiar.
El autor tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y fue representante estudiantil de la Escuela Graduada de Administración Pública del Consejo de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECISO) de enero a mayo de 2014.
